SISTEMA DE SALUD: PREPAGAS Y OBRAS SOCIALES
Con el aumento autorizado a las prepagas este mes que finaliza, los 6 millones de afiliados, entre casi 1,2 millones que se adhieren voluntariamente y los 4,5 millones de afiliados a obras sociales que pagan una diferencia para la cobertura privada de la salud, acumulan en el semestre 12%, que se agregan al 96% de los 2 primeros años de gestión del gobierno de Mauricio Macri y totalizan 120%.
Si el IPC de junio fuera del 3,5%, como señalan muchos de los pronósticos de consultores, en ese mismo período arrojaría casi 104%, de modo que la mensualidad de las empresas administr adoras de salud habría subido 15 puntos en términos reales en 2 años y medio.
La particularidad de estos incrementos regulados por el Ministerio de Salud y homologados por la Secretaría de Comercio es que se autorizan por igual a las 60 firmas, sin diferenciar su tamaño, la calidad del servicio, la cantidad de afiliados que atienden, si se trata de una pequeña cooperativa de salud o una corporación y la distribución geográfica.
La titular de la asociación de usuarios, Adecua, Sandra González, es terminante al respecto: “Están cartelizadas y el Gobierno lo permite”, protestó. Basta con ver que 83% de la masa de asociados se concentra en 10 entidades para entender cómo funciona esta actividad, que asimismo absorbe el 56% de afiliados de las 250 obras sociales empadronadas.
De este modo, actualmente, a un matrimonio con 2 hijos menores la cuota se le fue entre $ 8.000 y $ 11.000, según la cobertura sea la básica obligatoria o abarque mayores complejidades.
Después de materializarse el 6to ajuste en 12 meses, cada vez son menos los afiliados de obras sociales que derivan sus aportes a una prepaga: del 21,6% que lo hacía en 2015, en 2017 disminuyó al 17,3%. Y la afiliación voluntaria prepaga descendió del 11,2 al 10,7%. En dos años, una caída mayor a 5 puntos.
Antes de la última suba del 7,5% en junio, las cuotas de las prepagas habían sido incrementadas por última vez un 4% en febrero. Durante 2017, en tanto, los planes habían tenido ajustes acumulativos en diciembre (6%), septiembre (5%), agosto (5%), julio (6%) y febrero (6%).
En el 1er trimestre de este año, apenas el 6,1% de las familias porteñas declararon contar con un plan de medicina prepaga por contratación voluntaria para todos sus integrantes, el porcentaje más bajo de toda la serie, iniciada en 2015. En tanto que un año atrás, en el 1er trimestre de 2017, la marca había sido del 10%. En 2015 y 2016, oscilaba entre 7,5% y 9,8%.
Basándose en datos de la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad, el periodista Ismael Bermúdez apunta que el 46,1% de la población porteña tiene cobertura a través de las obras sociales y 17,3% de las prepagas, pero por la vía de derivar los aportes o descuentos de salud sobre los sala rios a una obra social.
La pirámide sanitaria
Sobre todo en los centros urbanos más importantes, la pirámide sanitaria combina, aunque en formatransversal, la medicina pública (hospitales), la social (OS y mutuales) y la privada (prepagas). Daniel Maceira, investigador del Conicet y del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), calculó para Chequeado que “en la actualidad, alrededor de un tercio de las personas se atienden en el sector público, las prepagas atienden entre un 7% y un 10%, mientras las obras sociales nacionales y provinciales y el PAMI cubren casi al 60% de la población”. Las superposiciones están a la vista: un mismo paciente puede aportar a obra social y también atenderse ahí, y además optar por prepaga con un plus en la cuota.
Sin embargo, esta última posibilidad viene en caída, según el director administrativo de CEMIC, Hugo Magonza. “La afiliación voluntaria es decreciente: el sector de las empresas de medicina prepaga contaba con cerca de 3 millones de beneficiarios voluntarios hace algo más de 15 años, pero ahora no supera 1.200.000”, detalló.
En total, en el país, “el sector prepago ronda las 6 millones de cápitas, pero este número está fuertemente sustentado en la opción de cambio, que permite que afiliados a obras sociales deriven su aporte a una prepaga”, completa.
No obstante, son las obras sociales las que ocupan un lugar central en el sistema de salud de la Argentina: se financian principalmente con los aportes de los trabajadores y emplead ores. Cada trabajador en relación de dependencia aporta automáticamente un 3% de su sueldo para financiar su obra social y su empleador aporta otro 5%.
Entre un 80% y un 85% (dependiendo de los ingresos del trabajador) se destina a la obra social para la prestación del servicio y el restante 15% o 20% se deriva al Fondo Solidario de Redistribución (FSR).
Se trata de un fondo cuyo objetivo principal es el reintegro de dinero a las obras sociales por tratamientos complejos y costosos a través del Sistema Único de Reembolsos (SUR). Además, se encarga de subsidiar a las obras sociales más pobres para que puedan cumplir con el Programa Médico Obligatorio (PMO) que establece el Ministerio de Salud de la Nación. El Fondo se creó en 1980, está a cargo de la Superintendencia de Servicios de Salud y se financia con una parte de los aportes y recursos del presupuesto nacional, entre otras fuentes.
Comercio, UPCN y UOCRA fueron los sindicatos que más fondos recibieron. Se trata, a su vez, de 3 de las obras sociales más populosas.
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