INFORME IDESA - "Cada funcionario judicial genera gasto al Estado por $270 millones

 

En medio de la polémica que se ha generado por el proyecto de reforma judicial que impulsa el Ejecutivo, este domingo 16/08 el Instituto de Desarrollo Social Argentino (IDESA), publicó un informe en el que detalló que que contratar a un nuevo magistrado o funcionario judicial es una decisión que le implica al Estado un compromiso de pago (sumando salarios, jubilaciones y pensiones) de aproximadamente $270 millones. El informe completo:

El Presidente impulsa su reforma judicial pero la oposición en el Congreso se niega a acompañar.

Siguen las reaccione en torno al proyecto de reforma judicial que impulsa el presidente de la nación, Alberto Fernández. Desde la oposición en el Congreso ya han anunciado que no acompañarán el debate y sanción del proyecto porque aseguran que el costo fiscal anual que implica "es altísimo". Pero ahora, quienes salieron a poner números sobre la mesa fue el Instituto de Desarrollo Social Argentino (Idesa).  Fue en un informe publicado este domingo 16/08, en el que el instituto describió en su informe, cuánto dinero cuesta al Estado argentino un funcionario judicial. En primer lugar, desde Idesa criticaron "las fallas del sector público"; y aprovecharon que la reforma judicial está en tema para hablar del Poder Judicial: "Un área donde prevalecen prácticas administrativas extremadamente burocráticas y obsoletas es la Justicia", opinaron.  Y sumaron: "Una organización refractaria al uso de nuevas tecnologías y con procedimientos antiguos demanda crecientes fondos públicos para dar respuestas lentas y poco satisfactorias. A esto se suma la fuerte politización y las dudas sobre la probidad de muchos magistrados".  En esa línea, y "para cambiar esta realidad", Idesa explica que el oficialismo propone ampliar la estructura judicial nombrando aproximadamente 300 nuevos magistrados y funcionarios judiciales, y es allí donde surgen varias interrogantes: "¿Qué implicancias financieras tiene nombrar un nuevo magistrado o funcionario judicial?", se preguntan desde Idesa, y en esa línea añadieron: Tomando como referencia un salario inicial de unos $300 mil y considerando el régimen jubilatorio especial del sector, la decisión de contratar implica que: Durante la vida laboral (estimada en unos 25 años) el costo para abonar los salarios del magistrado o funcionario judicial son unos $145 millones. Cuando se retira, en jubilaciones (considerando la expectativa de vida) se suman otros $85 millones. Cuando fallezca habrá que abonarle al cónyuge pensión por unos $40 millones. Según los datos que expone el informe de Idesa, contratar a un nuevo magistrado o funcionario judicial es una decisión que le implica al Estado un compromiso de pago (sumando salarios, jubilaciones y pensiones) de aproximadamente $270 millones.  Y en ese sentido, describieron: "Por ser un empleado del Estado con estabilidad en el cargo se trata de un compromiso mucho más férreo y rígido que la deuda pública".  "La deuda se puede “defaultear” o reprogramar, pero el salario, la jubilación y la pensión del magistrado o funcionario judicial y su cónyuge no se pueden dejar de pagar y difícilmente se dejen de actualizar. Si se proyectan crear unos 300 nuevos cargos judiciales de alto rango, se está hablando de un compromiso fiscal de unos $81.000 millones", explicaron los expertos.  Desde Idesa recomiendan que antes de incorporar un nuevo empleado público, el análisis previo "debería ser muy muy riguroso y transparente", pero a juicio de los expertos esta práctica no se hace.  "Existe la tendencia a considerar como costo solo la remuneración mensual. Se pasa por alto que, debido a la estabilidad y otras regulaciones, la decisión tiene implicancias financieras que perduran por varias décadas", argumentan. Además, cuestionaron: "Mientras que para las contrataciones de bienes, obras y servicios los procedimientos suelen ser muy estrictos, para la contratación de empleados públicos escasean las evaluaciones y los procedimientos son muy poco rigurosos". Asimismo, en medio del debate de la reforma judicial añadieron: "En el caso de magistrados y funcionarios judiciales, el costo sobre el presupuesto público es más gravoso aun, por sus elevados salarios y su régimen jubilatorio especial. Aumentando 300 nuevos cargos se agregan $600 millones anuales de déficit previsional a la ANSES en el futuro".  Fuente: IDESA Un cambio de gestión:  Mientras el Presidente impulsa su proyecto de reforma judicial y espera poder contar con el apoyo necesario en el Congreso para que se dé el debate y la sanción del mismo -cosa que se le está complicando al oficialismo- desde Idesa añaden que "para responder al legítimo reclamo de una justicia más ágil y transparente no se necesitan más jueces sino un profundo cambio de gestión".  Y en ese contexto, explican en su informe: "El presupuesto del Poder Judicial nacional es de $68 mil millones de los cuales el 95% son salarios. Esto explica la poca predisposición y capacidad financiera para invertir en tecnología y el fuerte apego a métodos de trabajo muy arcaicos. Por eso los expedientes se acumulan, las causas se eternizan y los empleados viven aquejados porque no tienen espacio físico y herramientas de trabajo. Bajo estas condiciones –y más allá de las intencionalidades políticas de la reforma propuesta–, contratar más jueces implicará multiplicar los problemas". "Para mejorar los servicios de justicia no se necesita más jueces. Lo que se necesita es replantear los procedimientos de trabajo, usar tecnologías modernas y obligar a apegarse a estrictos mecanismos de monitoreo y control de resultados. Así habrá Justicia para toda la población", cerraron desde Idesa.