INFORME DE IDESA INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL ARGENTINO

8 de Agosto de 2010 – Número 349

SÓLO 1 DE CADA 3 EMPLEOS ES COMO ASALARIADO REGISTRADO EN UNA EMPRESA

La distribución del ingreso es un tema repetido en los discursos pero los resultados han sido modestos aun con la bonanza económica disfrutada en los últimos años. La paradoja se explica por la baja calidad de las políticas públicas que se están aplicando. Un ejemplo muy ilustrativo es el salario mínimo legal. Se apela con frecuencia a incrementos del salario mínimo legal cuando la mayoría de los trabajadores de bajos ingresos no son afectados por la medida porque trabajan en el sector informal, pero sufren los aumentos de precios que produce la traslación de los aumentos del salario mínimo a los costos laborales de las empresas formales.

Se sancionó un nuevo incremento del Salario Mínimo, Vital y Móvil que pasará desde $1.500 a $1.740 en setiembre y $1.840 a partir de enero del año próximo. En el marco del anuncio de esta medida se señaló que el aumento de costos laborales que produce este incremento tendrá pocos impactos sobre los precios porque el salario mínimo legal impacta de manera directa sobre las remuneraciones de apenas 227 mil trabajadores, que representan sólo el 3% de los trabajadores asalariados registrados. El argumento se complementa sosteniendo que las grandes empresas, que serían las que tienen mayor influencia en la formación de los precios, pagan salarios mucho más altos que el salario mínimo. Prueba de ello es que los salarios básicos de convenio son superiores a los $2.000.

El impacto distributivo del aumento del salario mínimo depende de su cobertura. Por esto, resulta pertinente observar los segmentos del mercado de trabajo donde el salario mínimo se aplica y cuáles son los ingresos percibidos por estos trabajadores. Según la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC del 4º trimestre del 2009, los ocupados urbanos se distribuyen en las siguientes proporciones:

·         Un 32% de los ocupados tiene un empleo privado como asalariado registrado en una empresa, de éstos aproximadamente el 83% gana por encima del salario mínimo.

·         Otro 22% de los ocupados tiene un empleo público registrado, es cuentapropista profesional o empleador, donde el 84% gana por encima del salario mínimo legal.

·         El 46% restante tiene un empleo informal, ya se como asalariado no registrado, cuentapropistas no profesional, servicio doméstico o trabajador sin salario, donde apenas el 40% gana por encima del salario mínimo legal.

Las evidencias muestran que la cobertura del salario mínimo legal es muy limitada. Por un lado, porque dos tercios de los trabajadores tienen una ocupación donde el salario mínimo legal no se aplica (empleados públicos, asalariados no registrados, cuentapropistas, servicios doméstico). Por el otro, porque para los trabajadores que es aplicable (los asalariados registrados en empresas) en la mayoría de los casos rigen convenios colectivos que regulan escalas salariales contemplando pisos de remuneraciones muy superiores al salario mínimo legal. Bajo estas condiciones, en una perspectiva de muy corto plazo, del aumento en el salario mínimo legal cabe esperar impactos imperceptibles.

El panorama cambia en una perspectiva más mediata. El porcentaje de incremento del Salario Mínimo, Vital y Móvil es una referencia importante para la negociación de los salarios de convenio. Esto incide en los costos laborales de las empresas formales y, por esa vía, en la formación de los precios. Más concretamente, en la medida en que los aumentos en el salario mínimo legal induzcan ajustes en las remuneraciones de convenio que no sean compensados con incrementos de productividad, automáticamente se activa un factor que alimenta el proceso inflacionario.

Con el incremento de los precios se derivan impactos distributivos muy regresivos. Los ingresos de los hogares pobres en la mayoría de los casos se obtienen de la informalidad, como ocupados en pequeños emprendimientos que los contratan “en negro” o como cuentapropistas. En este segmento el incremento del salario mínimo legal no induce aumentos de ingresos nominales, pero se sufre la inflación originada por los aumentos de costos laborales del sector formal. En la conjunción de ambos efectos, el resultado final es una reducción en términos reales de los modestos niveles de ingresos de los informales.

Los discursos a favor de una mejor distribución del ingreso son tan frecuentes como empalagosos. Sin embargo, los logros son muy modestos como lo demuestran los datos del INDEC. Cabe insistir que la distribución no mejorará insistiendo con mecanismos rudimentarios e ineficaces como el salario mínimo legal. La experiencia de otros países es coincidente en señalar que para construir una sociedad más equilibrada es fundamental apostar a políticas estructurales que incrementen la productividad de los trabajadores y las empresas, más que la emisión de normas voluntaristas