Cristina se 'patinó' $ 680.000 millones... y no le alcanzaron

Aunque se siguieron aumentando los impuestos, la recaudación apenas creció al ritmo de la inflación, recordó el Instituto para el Desarrollo Social Argentino. "Como el incremento de impuestos no alcanzó para financiar el aumento del gasto público, con decretos de necesidad y urgencia se apeló a los fondos de la ANSeS y el Banco Central. Esto refleja un serio desequilibrio de las cuentas públicas, pero también un grave deterioro institucional ya que parte importante de estos recursos se dilapidan en clientelismo con planes sociales y empleo público, subsidios a empresas públicas y privadas, propaganda oficial y discrecionalidad en las transferencias para someter a gobernadores e intendentes", agregó. "Las provincias y municipios no cuentan con el financiamiento de la ANSeS y el Banco Central. Esto es reconocido en uno de los decretos donde se estipula que parte de los recursos extraordinarios serán asignados a los gobiernos locales. Pero en lugar de una distribución automática se opta por la discrecionalidad. De esta manera se agrega otro factor de degradación institucional ya que se usan los recursos públicos para someter a gobernadores e intendentes. Esta práctica es la más dañina de cara a la posibilidad de construir un sistema político moderno en un ambiente democrático" La recaudación impositiva nacional ascendió en el año 2012 a $680.000 millones. El incremento representa un 25% con respecto a la recaudación impositiva del año anterior, una evolución similar a la inflación que miden las estadísticas provinciales. Es llamativo que la recaudación sólo aumente al ritmo de los precios, cuando la presión sobre los contribuyentes sigue creciendo como lo demuestra la no actualización del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Evidentemente, que al haberse alcanzado un nivel récord de presión impositiva se presentan crecientes dificultades para seguir incrementando la recaudación de impuestos. Del total de recursos tributarios, el 76% se queda directamente en la Nación y el 24% se distribuye de manera automática a las provincias. Aunque se trata de un nivel inédito de recaudación y centralización en el nivel nacional, la persistente expansión del gasto público llevó a que se modificara la Ley de Presupuesto a finales de diciembre del año 2012 por medio de dos decretos de necesidad y urgencia. Su objetivo es aumentar las erogaciones del Estado nacional en $57 mil millones. Las fuentes de financiamiento elegidas para solventar este incremento del gasto público fueron las siguientes: > $ 7.000 millones fueron cubierto s con el aumento de la recaudación impositiva por encima de lo presupuestado y otros recursos originalmente no contemplados en el Presupuesto 2012. > $ 22.000 millones correspondieron a fondos de la ANSeS. > $ 28.000 millones fueron tomados del Banco Central. Los datos muestran que, aún con una presión impositiva inédita y un nivel de centralización récord, el Estado Nacional apela a modificar la Ley de Presupuesto a través de decretos de necesidad y urgencia para tomar recursos adicionales desde la ANSeS y el Banco Central por un monto de $50 mil millones. La contrapartida es el consumo de los ahorros previsionales, profundizando la insolvencia del sistema jubilatorio que se evidencia en el sistemático incumplimiento de las sentencias judiciales, y la aceleración de la emisión monetaria, profundizando el proceso inflacionario. Esta manera de administrar las finanzas públicas, apelando a mecanismos legales de excepción, tiene asociada una alta discrecionalidad en el uso de los fondos públicos. Enormes masas de recursos son destinadas al clientelismo con planes asistenciales y empleo público, subsidios sospechados de corrupción a empresas públicas y privadas, y propaganda oficial. Por eso la gente percibe que paga cada vez más impuestos (incluyendo el inflacionario) y no recibe del Estado una contrapartida acorde al esfuerzo realizado. Naturalmente, la falta de correspondencia entre lo que se paga de impuestos y el destino de los fondos públicos alimenta el rechazo de los ciudadanos a la creciente presión impositiva. Las provincias y municipios no cuentan con el financiamiento de la ANSeS y el Banco Central. Esto es reconocido en uno de los decretos donde se estipula que parte de los recursos extraordinarios serán asignados a los gobiernos locales. Pero en lugar de una distribución automática se opta por la discrecionalidad. De esta manera se agrega otro factor de degradación institucional ya que se usan los recursos públicos para someter a gobernadores e intendentes. Esta práctica es la más dañina de cara a la posibilidad de construir un sistema político moderno en un ambiente democrático. La administración discrecional del presupuesto público contrasta con lo que ocurre en otros países. En USA, también hacia finales del año pasado, la definición de la estrategia para evitar la cesación de pagos en el sector público fue motivo de un intenso debate político. El epicentro fue el Congreso, con alta participación de toda la sociedad y un elevado nivel técnico y transparencia. Este mayor apego a la institucionalidad representa una actitud responsable para con los ciudadanos, que son los que sostienen al Estado con sus impuestos, y además es la mejor manera de resolver los complejos problemas que se plantean en la administración del Estado.

Fuente IDESA