ENRIQUE SZEWACH - Responsabilidad
| RESPONSABILIDAD |
No es mi intención aquí incursionar en dicho debate, ni siquiera en la necesaria discusión que, al respecto, habrá que encarar seriamente en la Argentina, más allá de la “escaramuza” surgida en el marco de la propuesta a la reforma del Código Procesal Penal. Sí me parece oportuno, comentar, como ejemplo, la forma en que el análisis de las políticas públicas, en otros países incluyen los “costos económicos” de las mismas. En efecto, al momento de anunciada, el estudio de la reforma migratoria norteamericana incorporó el hecho de que legalizar a millones de inmigrantes tiene efectos sobre el gasto público en particular y sobre la economía en general. A partir de su legalización, dichos inmigrantes adquirirán una serie de derechos vinculados con la seguridad social, la salud, y otros beneficios, que implican gastos presupuestarios por miles de millones de dólares. También es cierto que, legalizados, los ciudadanos en cuestión pasarán a pagar más impuestos, que los que pagan actualmente. Asimismo, los cambios en la política migratoria anunciada, tienen efectos sobre el mercado de trabajo, y los salarios. Traslademos ahora el ejemplo a nuestro entorno. Casi diariamente, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo, proponen y aprueban reformas que tienen implícitos aumentos del gasto público. Dichos aumentos, en general, no sólo no se estiman, tampoco se sugiere la fuente de financiamiento de los mismos. Así pasa y ha pasado, con la reforma previsional, que incorporó millones de personas al sistema jubilatorio, o con las sucesivas modificaciones a las prestaciones de salud “obligatorias” que tienen costos tanto para el sistema público, como para los ciudadanos aportantes al sistema privado. Ocurre con la reforma educativa (¿Resultó el aumento en la meta de gasto en porcentaje de PBI, suficiente para cumplir con todos los objetivos? ¿Cómo se financió?). Ocurre, incluso, con la reforma al Código Procesal Penal, o al propio Código Penal. ¿Alguien calculó si las modificaciones al esquema de trabajo de fiscales y jueces, implica mayores costos y, en ese caso, que partidas presupuestarias se afectan y con qué recursos?. ¿Alguien estimó lo que significa para los costos del sistema carcelario la incorporación de penas de prisión más severas y, por lo tanto, el aumento del número de presos o el tiempo en que los mismos permanecen en las cárceles. O el costo de su reeducacíón y rehabilitación?. Entiéndase bien, no estoy sugiriendo que las reformas utilizadas aquí como ejemplo no deben o no debieron hacerse. Tengo opinión formada sobre cada una de ellas, pero no es ese el punto. Lo que estoy tratando de comentar es que no se pueden sugerir cambios en las políticas públicas, sin el consiguiente cálculo de sus costos presupuestarios y su fuente de ingresos correspondiente, sea ésta un aumento de recursos, o una reasignación de gastos. Máxime, si se tiene en cuenta que la Argentina de hoy está en récord de presión tributaria, récord de gasto publico, va camino a más de 6% del PBI de déficit fiscal, no tiene acceso a crédito genuino, y se financia con el abuso del impuesto inflacionario. Es decir, un impuesto que pagan proporcionalmente más los sectores de menores recursos. En ese sentido, resulta paradójico, escuchar a la Presidenta de la Nación esgrimir una defensa a la “responsabilidad presupuestaria” cuando se sugieren modificaciones al Impuesto a las Ganancias que pagan asalariados. O al Ministro de Economía defender el nivel actual del gasto público, sin presentar ningún indicador de eficiencia o algún ejercicio sobre el efecto en la economía en su conjunto, en caso que dicho gasto hubiera sido administrado por el sector privado, con menos impuestos. (¿O acaso un asalariado que recibe una rebaja impositiva gasta sus ingresos “peor” que el Estado, en términos de demanda, o redistributivos, si se ahorran recursos, por ejemplo, en otros gastos públicos?). En síntesis, dado que estamos en las vísperas de un debate electoral y dado el estado de las finanzas públicas tanto en el nivel nacional como provincial, sería bueno que dicho debate incorpore la responsabilidad presupuestaria en serio y no como mero slogan. |
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