IDESA - Están matando al PAMI

Instituto para el Desarrollo Social Argentino.

La muerte de una jubilada que esperaba ser atendida en la sede del PAMI de Mendoza causó conmoción. Más allá de que los motivos del deceso no se hicieron públicos, en la percepción de mucha gente el hecho refleja la desatención y el maltrato que diariamente sufren millones de jubilados.Evidencias que testimonian la mala calidad de atención son la masiva utilización de los servicios de los hospitales públicos por parte de una gran cantidad de afiliados al PAMI y la contratación de empresas de medicina prepaga asumiendo los costos que implica la doble cobertura por parte de otra cantidad de afiliados.

 

Las fallas en la cobertura y la desatención también están presentes en el resto del sistema de salud. Las causas son múltiples y complejas, pero los factores básicos radican en los arreglos financieros, las reglas de afiliación y el oscurantismo que prevalecen en el sector.

 

Ante la ausencia de información sistematizada se pueden aproximar algunos datos en base a fuentes oficiales alternativas (AFIP, INdEC y Ministerio de Economía). En este sentido, para el año 2014 se estima que:

 

> Las obras sociales nacionales recaudaron $73 mil millones para atender a 14 millones de personas arrojando un monto per cápita mensual de alrededor de $430.

 

> El PAMI habría tenido una recaudación anual de $46 mil millones para atender a 4,5 millones de personas arrojando un monto per cápita mensual de $850.

 

> Los hospitales públicos habrían gastado algo más de $100 mil millones para atender a 15 millones de personas sin cobertura que arroja un monto per cápita mensual de $580.

 

Aunque se trata de estimaciones aproximadas, estos datos reflejan las distorsiones que cobija el régimen financiero del sistema de salud. La más visible es que el PAMI recibe aproximadamente el doble de recursos per capita que las obras sociales de activos, cuando el consumo de servicios por parte de los adultos mayores se estima en más de 4 veces superior que el de las personas más jóvenes. En otras palabras, el PAMI estaría disponiendo de sólo la mitad de los recursos que necesitaría para dar medicina de calidad similar a la que ofrecen las obras sociales de los activos.

 

Los problemas se potencian por la administración oscura y dispendiosa. Los afiliados que cuentan con ingresos más altos apelan a las coberturas privadas mientras que el resto es sometido al desamparo o a utilizar los hospitales públicos. Si bien algunos hospitales facturan esos servicios, generalmente los montos recuperados son insuficientes debido a los bajos precios que reconoce PAMI por las prestaciones y las complejidades burocráticas. 

 

De esta manera, se distraen recursos que deberían ser utilizados por gente sin cobertura y se agrega otro factor de degradación del federalismo ya que las provincias, que son responsables por los hospitales públicos, se hacen cargo de un gasto que debería ser asumido por un organismo nacional como es el PAMI.

 

El mal uso de los fondos se sustenta en la afiliación cautiva que prevalece en el sector. Cuando una persona está disconforme con PAMI tiene muy limitadas opciones ya que no puede disponer la derivación del 100% de su cápita a otra entidad. Algo parecido ocurre con el resto de las obras sociales. La afiliación cautiva implica que los recursos pertenecen a los organismos y no a las personas. Esto genera condiciones propicias para que los fondos sean usados en fines ajenos a la atención médica con niveles de oscurantismo extremos en el manejo de la información, aspectos impropios para una república.

 

En la última década, los recursos de la seguridad social destinados a la cobertura sanitaria se duplicaron en términos reales (es decir, descontando la inflación), pero el acceso y la calidad de los servicios sigue siendo insatisfactorio. El motivo es la cautividad que promueve el despilfarro y la malversación de fondos. 

 

Para no seguir perseverando en el fracaso es necesario introducir un profundo cambio de reglas en la organización del sector salud. El principio rector debe ser que los recursos sigan a las personas, no a los organismos, en un marco de libre elección donde el financiamiento sea sensible a las diferencias de consumos de atención médica entre los diferentes segmentos de la población.