El rojo provincial se incrementaría en $23.000 M
La situación financiera de las provincias también es parte de la herencia con la que deberá lidiar el próximo presidente. Cristina les ha ido otorgando beneficios en los últimos años postergando los vencimientos del Programa de Desendeudamiento, una medida que también utilizó políticamente para poder disciplinar a los gobernadores. Sin embargo, el último informe de la consultora Economía & Regiones estima que el rojo provincial se incrementaría en $23.000 millones al cierre del año mientras que el rojo fiscal del cuarto trimestre superaría los $27.200 millones, marcando un nuevo récord en valores corrientes.
La brecha brecha de financiamiento llega al orden de los $65.400 millones (Fuente: E&R, en base a datos Provinciales y MECON)
En mayo pasado, Cristina refinanció las deudas con quince provincias, una medida que ya venía tomando desde 2010 y que tiene doble propósito: ayudar a las finanzas de los gobernadores y sujetarlos políticamente. Sin embargo, las cuentas de los estados provinciales no mejorarán por eso y será otra herencia con a que deberá lidiar el próximo presidente, especialmente porque se estima que el rojo provincial se incremente en $23.000 millones, según los cálculos de la consultora Economía & Regiones en su último informe.
Algunas de las conclusiones a las que arribó E&R son:
- Previsión de gasto provincial del último trimestre en los $269.800 millones.
- Rojo fiscal del cuarto trimestre superaría los $27.200 millones (+29% a/a), marcando un nuevo récord en valores corrientes.
- El gasto primario cerraría con una suba del 36.7% ($888.200 M), algo superior a la del gasto total, que se ubicaría en $898.600 millones.
- El déficit financiero se incrementaría un 344%, pasando de $5.650 millones a casi $25.100 millones, en tanto que el resultado primario volvería a ser deficitario ($14.700 M), tras alcanzar un excedente de casi $6.000 millones en 2014.
- Las necesidades financieras ascenderían a $49.400 millones (+87% i.a.), equivalente al 0.9% del PIB-E&R, e implicando un crecimiento de $23.000 millones en el desbalance fiscal provincial.
A continuación, parte del informe de E&R
Para las Administraciones Provinciales, el cierre de año suele presentar complejidades en términos de financiamiento, ya que el pago de la segunda mitad del aguinaldo (que, a diferencia de la primera, incluye todas las cuotas de aumentos salariales), y el vencimiento de una porción significativa de los certificados de obras públicas, dotan de una fuerte estacionalidad a las erogaciones públicas.
En efecto, prevemos que el gasto provincial del último trimestre alcance los $269.800 millones (+31.1% vs IVT-14), en tanto que los recursos se ubicarían en $242.600 millones (+31.4%), de modo que, pese a observarse una mayor convergencia entre ambas variables, el rojo fiscal del cuarto trimestre superaría los $27.200 millones (+29% a/a), marcando un nuevo récord en valores corrientes.
En términos de erogaciones, se observaría una importante desaceleración en el ritmo de ejecución de obras públicas, dado que la contienda electoral ya habría llegado a su fin. En efecto, prevemos que estas erogaciones se expandan apenas un 19% durante el último trimestre del año, frente al +49% observado durante los primeros nueve meses. Por su parte, las erogaciones corrientes también observarían una caída en su crecimiento, aunque en menor magnitud (-5 pp vs Acum. IIIT), explicado por las menores transferencias al sector público y municipios.
De convalidarse estas proyecciones, el gasto primario cerraría con una suba del 36.7% ($888.200 M), algo superior a la del gasto total, que se ubicaría en $898.600 millones.
El crecimiento trimestral de los ingresos ascendería al 31.4%, presentando también una caída en su ritmo de crecimiento respecto a los primeros nueve meses (-2.3 pp). En este caso, la dinámica respondería al menor flujo de transferencias de origen nacional, que se expandirían un 29% a nivel corriente y un 38% para el segmento de capital, frente a subas del 34% y 65% para el acumulado Enero-Septiembre, respectivamente. En forma anual, los recursos ascenderían a $873.500 millones, reflejando un incremento del 33.2%, casi 3 pp por debajo de la evolución de las erogaciones públicas.
De este modo, el ahorro acumulado durante los primeros nueve meses ($2.149 M) alcanzaría para cubrir el 8% del déficit del IV Trimestre. En forma anual, el déficit financiero se incrementaría un 344%, pasando de $5.650 millones a casi $25.100 millones, en tanto que el resultado primario volvería a ser deficitario ($14.700 M), tras alcanzar un excedente de casi $6.000 millones en 2014. En este marco, con amortizaciones de deuda estimadas en $24.200 millones, las necesidades financieras ascenderían a $49.400 millones (+87% i.a.), equivalente al 0.9% del PIB-E&R, e implicando un crecimiento de $23.000 millones en el desbalance fiscal provincial.
En términos de financiamiento de la brecha financiera, en lo que va del IV Trimestre se llevan emitidos $3.085 millones en el marco de los Programas de Letras Tesorería, las cuales fueron colocados por Buenos Aires (39%), CABA (12%), Entre Ríos (9%), Neuquén (26%) y Salta (15%), observándose cierta caída en el ritmo de emisiones respecto a los meses previos. De este modo, el acumulado anual se ubica en 37.883 millones de pesos, concentrándose el 78% de los fondos en CABA y Provincia de Buenos Aires.
Por otra parte, las propias restricciones financieras del Gobierno Nacional harían que su aporte se limite a postergar los vencimientos del Programa de Desendeudamiento, sin otorgar nuevo financiamiento a las jurisdicciones. Dicho acuerdo genera un ahorro de $1.764 millones para el último trimestre, y de más de $7.112 millones para todo el año.
Los Organismos Internacionales de Crédito (BID y BIRF principalmente), aportan financiamiento destinado a planes de infraestructura, lo cual evita una caída aún superior en la inversión pública provincial. El resto del financiamiento provendrá de la utilización de saldos remanentes (de los cuales disponen un selecto grupo de jurisdicciones), y del crecimiento de la deuda flotante, es decir, el financiamiento a través de los proveedores de los Estados Provinciales.
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