Educando a Kicillof (Argentina igual que Azerbaiyán)

En los negocios con commodities hay procedimientos estándares. Por lo tanto, cabe preguntarse ¿qué tipos de contratos firmados entre los gobiernos y las petroleras internacionales han demostrado ser más eficaces para la minimización del riesgo de expropiación de los activos de las empresas por los gobiernos locales? Luego de la polémica expropiación de YPF que la Argentina le hizo a la empresa española Repsol, la pregunta se la hizo la escuela de negocios Wharton, de la Pennsylvania University. Aquí la respuesta:

Axel Kicillof debería comprender cuáles son las reglas para recibir inversiones hidrocarburíferas.

PENNYLVANIA (Wharton Universia). 

Cuando los precios del petróleo llegaron a niveles elevados en los mercados globales entre 2003 y 2008, los gobiernos de diversos países productores de petróleo —Argelia, Bolivia, China, Ecuador, Rusia y Venezuela, entre otros— reaccionaron confiscando los activos locales de las compañías de petróleo independientes que tenían contratos de operaciones en su territorio; otra medida adoptada fuela alta tributación sobre la producción de petróleo. Intrigados por esa reacción aún poco comprendida, Arthur van Benthem, profesor de Economía corporativa y de Políticas públicas de Wharton, y Johannes Stroebel, profesor de Economía de la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago, analizaron los datos fiscales de 2.468 contratos de extracción de 38 países celebrados durante aquellos años en busca de respuestas para cuestiones fundamentales de interés de los gestores de políticas públicas e inversores extranjeros.

¿Qué tipos de contratos firmados entre los gobiernos de las naciones ricas en petróleo y las petroleras internacionales fueron más eficaces para la minimización del riesgo de expropiación de los activos de las empresas por los gobiernos locales? ¿Qué tipos de contratos se mostraron ideales tanto para los gobiernos locales — que, de lo contrario, podrían sentirse tentados a expropiar los activos de las empresas— como para los inversores extranjeros? ¿Cuáles son las implicaciones más amplias de esos descubrimientos para los gestores de políticas públicas y para los inversores extranjeros, no sólo en el sector de petróleo, sino también en otros sectores en que los gobiernos locales se sienten tentados a expropiar los activos extranjeros? Los autores de la investigación ofrecen algunas respuestas a esas preguntas en un estudio titulado "Contratos de extracción de recursos bajo amenaza de expropiación: teoría y evidencia", que se publicará en The Review of Economics and Statistics.

El asunto es importante teniendo en cuenta los últimos acontecimientos en Argentina, en que Repsol, peso pesado español del sector petrolero, presentó una demanda contra el Gobierno argentino por quiebra de contrato. La primavera pasada (Hemisferio Norte), Argentina tomó el control de las operaciones de Repsol en el país sin ofrecer contrapartida financiera alguna a los accionistas de la empresa. En Asia Central, el Gobierno de Azerbaiyán amenazó, a mediados de octubre, con tomar "medidas severas" contra BP y sus socios ExxonMobil, Statoil y Chevron porque no cumplieron las metas de producción de petróleo previstas en el proyecto Azeri-Chirag-Guneshli.

Al igual que Azerbaiyán, el Gobierno de Argentina acusó a YPF, filial de Repsol en el país, de no explotar totalmente sus activos.

Un flujo invariable de ingresos

Según Van Benthem, los contratos de extracción de petróleo consisten en un "inmenso conjunto de reglas fiscales complejas que especifican cuánto pagará la compañía de petróleo al Gobierno en tarifas, royalties y otros tipos de remuneraciones con cada cambio en el nivel de los precios".

En otra investigación, Van Benthem y Stroebel confirmaron la hipótesis de que los contratos que proporcionan un flujo "invariable" y estable de ingresos para los gobiernos anfitriones son los que más agradan a esos gobiernos, pero son también los que más posibilidades tienen de expropiación.

Para los gobiernos anfitriones, el contrato ideal, observa Van Benthem, "consiste en un instrumento que prevea el cobro de un impuesto pagado al Gobierno sea cual sea el precio del petróleo". En ese contrato ideal, en que el precio del petróleo puede alcanzar los US$ 140 o caer hasta los US$ 30, el Gobierno local tendrá el mismo flujo"invariable" de ingresos.

¿Por qué los flujos "invariables" de ingresos son importantes para el gobierno local? "Los contratos llamados 'invariables' son útiles para el Gobierno en la etapa anterior a hacerse públicos los precios del petróleo, ya que así el Gobierno queda menos expuesto a las enormes oscilaciones de ingresos vinculados a la volatilidad de los precios", observa Van Benthem. "Esas oscilaciones dificultan terriblemente la planificación oficial".

Por ejemplo, no es raro que el presupuesto del Gobierno de un país africano productor de petróleo sea un 75% o más dependiente de ingresos procedentes de hidrocarburos. Cuando los precios del petróleo cayeron en 2009, Gabón se vio forzado a reducir su presupuesto en un 13%, observan los investigadores en el estudio.

Los contratos "invariables" también son buenos para los inversores extranjeros, con tal de que "el Gobierno cumpla su parte del acuerdo" y no expropie los activos de las empresas extranjeras, observa Van Benthem. "Es importante comprender que las expropiaciones pueden suceder siempre que los retornos sobre las inversiones sean demasiado altos". Es lo que sucede, por ejemplo, cuando los precios del petróleo alcanzan subidas récord.

En tales situaciones, los gobiernos locales tienden a creer que las compañías extranjeras están obteniendo un porcentaje de beneficios demasiado alto sin invertir lo suficiente en el país. "Es importante que las empresas conozcan ese riesgo de antemano en el momento de estructurar el contrato".

Lo más sensato, dice Van Benthem, consiste en elaborar un contrato que permita al Gobierno beneficiarse lo suficiente de las altas ganancias obtenidas para que no se sienta tentado a expropiar. De esa manera, las empresas extranjeras aún pueden esperar obtener beneficios elevados cuando los precios estén altos, permitiéndoles, al mismo tiempo, proporcionar al país ingresos fiscales sustanciales incluso cuando caen los precios.

Los gobiernos locales "percibirán que, a largo plazo, no vale la pena expropiar una empresa" aunque, a corto plazo, eso parezca tentador. Para evitar que un país se apropie de sus activos, la empresa debe elaborar un contrato en que "las ganancias de corto plazo procedentes de una expropiación no sean demasiado elevadas en relación a los numerosos costes derivados de ella ", dice Van Benthem.

Un duro golpe

Un coste particularmente obvio de la expropiación, dicen los autores, es el golpe que se inflige a la reputación de un país cuando se apropia de los activos de una empresa.

Van Benthem y Stroebel constataron que, muchas veces, es más difícil para los países, cuya imagen es más propensa a la expropiación, negociar un contrato "ideal" que reduzca su exposición a la volatilidad de los precios del petróleo. Eso sucede porque los inversores extranjeros ya saben (o tienen buenas razones para temer) que esos países posiblemente se apropien de sus activos.

Desde el punto de vista del Gobierno, observa Van Benthem, "cuanto mayor es la posibilidad de expropiación, más difícil será convencer a las compañías de petróleo [u otros inversores extranjeros] de que elaboren un contrato que proporcione ingresos 'invariables'. En otras palabras, es más difícil conseguir la aprobación de un contrato que proporcione ingresos fiscales sustanciales incluso cuando los precios están bajos".

De igual manera, los gobiernos de países donde hay sólo "barreras legales reducidas" a la expropiación (debido a una estructura jurídica más frágil de protección a los inversores extranjeros), —así como un nivel menor de inversión directa extranjera— tienen menos probabilidades de "conseguir precios más invariables en sus contratos"con inversores extranjeros.

Según los investigadores, "los resultados muestran que la estructura de los contratos entre PI (petroleras independientes) y los países anfitriones toma como base la amenaza de posibles expropiaciones, según lo constatado por nuestro estudio: los países con más posibilidades de cerrar un contrato (en razón de la incidencia de costes más elevados resultantes de la quiebra del mismo) parecen conseguir contratos en que hay un grado mayor de transferencia de riesgo asociado al precio del petróleo para las PIs. Tales efectos son significativos desde el punto de vista de la economía. La capacidad de cumplimiento de un contrato aumenta el bienestar esperado de un país contrario a la volatilidad, lo que, esencialmente, permite al país protegerse contra esos precios bajos".

Aunque a algunos gobiernos con niveles bajos de inversión directa externa pueda no importarles perder la oportunidad de atraer otras inversiones, los países que tienen buena reputación entre los inversores extranjeros se beneficiarán de contratos que proporcionen a esos países "ingresos 'invariables', especialmente cuando los precios del petróleo estén en niveles bajos", dice Van Benthem. "Los países más estables, dotados de mejores instituciones, atraerán los mejores negocios".

No importa cuanto puedan ayudar las expropiaciones en su flujo de caja a corto plazo, los gobiernos necesitan darse cuenta de que se verán perjudicados a largo plazo, añade. Eso incluye no sólo el perjuicio a su reputación internacional, sino también la pérdida de know-how técnico y operativo extranjero después de que los gerentes extranjeros dejen la empresa tras la expropiación de sus activos.

En ese sentido, sin embargo, un descubrimiento empírico de la investigación tal vez sea más sorprendente, observa Van Benthem. En condiciones normales, es más arriesgado para las petroleras independientes hacer negocios en países de tecnología más avanzada. "Si el país tiene una experiencia mayor en la producción de petróleo (medida por la extracción total de petróleo y gas en el momento en que el contrato ha sido suscrito), él podrá producir petróleo de manera eficiente sin mucha ayuda" de la empresa extranjera independiente. Como consecuencia de eso, esos países "tienen menos que perder cuando expropian activos durante periodos de precios elevados de petróleo".

Consejo para gestores de políticas

Según sus descubrimientos, ¿qué consejo darían los investigadores a los gestores de políticas de los países en desarrollo con abundancia de recursos?

"Aunque la reputación de un país no sea muy buena", dice Van Benthem, sus autoridades deberían tener en cuenta la posibilidad de suscribir acuerdos de inversiones bilaterales con los gobiernos de los países en que tienen sus inversores. Tratados de ese tipo tienden a inspirar confianza entre los inversores extranjeros, porque proporcionan un desincentivo significativo a los gobiernos en lo tocante a la expropiación.

Van Benthem nota, por ejemplo, que si un país X tiene activos en EEUU, y si ese mismo país expropia algunos activos de una empresa con lazos económicos con EEUU, la empresa podría entonces apoderarse legalmente de algunos activos del país X a través de un procedimiento de arbitraje internacional. "Eso es bueno, porque hace más costoso para los países ricos en recursos naturales expropiar activos extranjeros".

Por otro lado, en ese caso el Gobierno extranjero "debe ser capaz de conseguir un negocio mejor con las empresas extranjeras", porque los inversores extranjeros percibirían que ahora no tienen tanta razón para temer que sus activos sean expropiados.

Aunque la investigación examine datos sobre contratos en el sector de petróleo, Van Benthem resalta que sus principales conclusiones pueden ser aplicadas "a cualquier inversión extranjera en países donde los inversores extranjeros teman la expropiación".

Fuente: Urgente 24