CONFLICTO DE INTERESES
Ufffff: Dibujar el PBI cotizaría en cupones entre US$2.800 y US$ 4.000 millones
Una ardua y silenciosa negociación se viene llevando a cabo en Nueva York entre apoderados de fondos de inversión que concentran los PBI cupón de Estados Unidos y los del Club de París que estaban a cobrar desde 2014 y emisarios oficiosos del gobierno argentino. A más tardar en marzo debería estar definido el empalme estadístico de la medición del producto bruto interno (cuyo año base, en 2014, se corrió de 1993 a 2004, y ahora se discute si será contra 2012 o 2017), diferencia que gatilla el pago de los vencimientos de los bonos entregados en sendos canjes de la deuda en default concretados en 2005 y 2010. No es una discusión bizantina cualquiera sobre las cuentas nacionales, sino un conflicto de intereses en los que hay en juego entre u$s2.800 millones a u$s4.000 millones, ya que si se deja 2004 (como rediseñó la metodología Axel Kicillof) hoy daría más bajo el pago que si se lleva al 2012, como pretenden los fondos. En el centro de esta controversia aparece un personaje clave, Alfonso Prat Gay, quien como diputado denunció ante la justicia al INdEC por la manipulación de los datos que se hizo durante la “intervención” que se atribuye al ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Se basó en una investigación científica del PBI que realizó en 2013 un equipo del proyecto Arklems+Land que apadrina la Universidad de Harvard y coordina Ariel Coremberg. Pero dos años más tarde, ya como ministro de Hacienda y Finanzas, se la hizo desmentir ante la Justicia a la Secretaría Legal y Técnica de su cartera, descolocando todas las referencias al respecto que había hecho en campaña electoral Mauricio Macri cuando era candidato presidencial y las prédicas dell coro griego del círculo rojo anti K.
by Rubén Chorny
Pero, además, el documento le permitió al entonces diputado Alfonso Prat Gay presentar en 2014 una querella contra el gobierno de CFK, argumentando la sobreestimación del dato del producto bruto interno (PBI) calculado por el INdEC, con un trabajo de investigación universitaria realizado en el marco del proyecto ARKLEMS+LAND, que investiga la productividad y la competitividad de la economía argentina, en coordinación con un equipo de la casa de estudios de Harvard, titulado "Measuring Argentina’s GDP Growth Myths and facts ("Midiendo el crecimiento del PIB argentino, Mitos y hechos”).
En ese informe, además de desmentir que el país hubiera crecido a tasas chinas, se dejó constancia de que, por haberse modificado la metodología tradicional, al medir las cuentas nacionales desde 2008 y no desde 1993, la elevación de esa cifra haría pagar al país unos US$ 4000 millones más de deuda en 2014, según reveló.
La presunción que testimonió el informe técnico es que inicialmente se podría haber beneficiado a miembros y allegados del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que tenían acceso privilegiado a la información y habían invertido en los bonos con cupones PBI a sabiendas de que sería tocado, verbigracia al ámbito del controvertido ex secretario de Comercio.
Es evidente que conocer por anticipado en cuánto cerraría el número del PBI y cómo afectaría al umbral estadístico a partir del cual se dispara el pago del cupón repercutiría en la cotización de los bonos. Es una de las razones que explica que desde que se tocó la base se haya desatado un festival especulativo de bonos que repartió pingües ganancias entre los actores calificados.
La vida después de Moreno
En este contexto, la definición judicial de las denuncias que pesan sobre los K por la presunta “intervención al INdEC”, y podrían determinar o que Moreno se sume a los presos kirchneristas en la cárcel de Ezeiza, o que sea sobreseído, es seguida con sumo interés por los fondos de inversión y sus allegados, no tanto porque les interese la suerte procesal del ex funcionario kirchnerista, sino porque esperan las sentencias para acreditarlas a su propia posición legal.
Y para el rumbo que sigan en el juzgado de Canicoba Corral, que se encuentra casi persuadido de que no hay pruebas contra el INdEC ni de Moreno, asume fundamental importancia la desmentida que ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 9, a cargo del juez Pablo Cayssials radicó en noviembre de 2016 la Secretaría Legal y Técnica el Ministerio de Hacienda y Finanzas, entonces al mando precisamente del mismísimo Prat Gay aunque ya del lado oficialista del mostrador.
El escrito que presentaron los abogados que representaban a la cartera fue en respuesta a una demanda por subestimación del CER que habían iniciado el 30 de diciembre de 2015 la ONG Consumidores Financieros Asociación Civil. Y puntualiza:
-"Negamos por inexacto e improcedente que se hubiesen estructurado índices falsos, que ello haya sido referencia para una gran cantidad de inversiones privadas de diversa naturaleza y que ello hubiera generado un gran menoscabo en los respectivos rendimientos financieros durante 9 años", escribieron.
-"Negamos por inexacto e improcedente que, con posterioridad al decreto 100/2007 y/o en cualquier otro momento, el INdEC hubiera publicado índices alterados que no reflejaban realmente el precio de los precios al consumidor".
-"Negamos por inexacto e improcedente que hubiera habido una manipulación de los índices de inflación".
-"Negamos por inexacto y carente de nexo causal con las pretensiones que intentan articular que en 2007 -o en cualquier otra fecha- el INdEC hubiese sido intervenido por el Poder Ejecutivo".
Al mismo tiempo, insólitamente, la postura del Ministerio de Hacienda y Finanzas conducido por Prat Gay cuestiona los índices elaborados por las consultoras privadas y los artículos periodísticos que se escribieron y mostraron sobre el tema en varios medios, sin hacer mención a las sanciones que mereciera de los organismos internacionales como el FMI.
Apenas dos años antes, el entonces candidato a Presidente, Mauricio Macri, había denunciado públicamente en la campaña electoral la falsificación de los índices oficiales y que el organismo había estado intervenido durante 9 años, lo cual ninguna prueba posterior ante la Justicia avaló.
Queda en manos de la Corte el reconocimiento o no que presentaron los letrados de la ONG del es tudio Arazi, Prato, Mariani de Vidal, Merola & Asociados para que un colectivo de damnificados pueda iniciar una querella por US$ 18.000 millones, estimación que hicieron del impacto total acumulado en 9 años por la presunta adulteración de los índices por los que se ajustaban bonos públicos en manos de la Anses, de privados y fideicomisos. El tribunal de primera instancia le había dado la razón al descargo del gobierno de que no hubo "hecho notorio" que demuestre una fehaciente manipulación de los índices oficiales y la subestimación del CER. Y la Cámara lo ratificó.
De modo que, hasta ahora, se vino dando la razón a los argumentos presentados en primera instancia por los abogados de Hacienda y Finanzas (de cuando Prat Gay era el ministro) para desautorizar a los denunciantes, según consta en el expediente Nº 83472/2015.
El diario La Nación publica que, antes de los comicios de octubre, el magistrado entendía que que no está probada la falsificación de documento público y que el INdEC tenía la potestad de cambiar los productos que medía, con lo cual no dan por sentado que hubo manipulación alguna, en contradicción con las pruebas aportadas por la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas de que sí hubo delito.
Estaba indignado el economista que lideró ese trabajo, Ariel Coremberg, quien se queja de que por haber hecho ese trabajo terminó involucrado en continuas rondas de citaciones a Comodoro Py, además de quedar sometido a fuertes presiones políticas y de las otras, como las amenazas directas a su integridad física y la de su esposa.
Probablemente, como está en inglés, no muchos de los contendientes de esta batalla judicial que se parece mucho a intereses, en la que se da la paradoja de que el Estado anterior y el actual actúan como querella y defensa al mismo tiempo, lo habrán leído en detalle.
Pero si se mira el gráfico de la página 8 del volumen 15 de la publicación World Economics, donde se publicó la investigación reproduciendo la curva del PBI desde 1993 hasta 2012, según las mismas fuentes y métodos que se venían usando, salta claramente la diferencia, que es más marcada en dos de los años: 2008 y 2011, si bien en 2012 a Arklems le da 12,2% menos que al INdEC.
El contraste en las tasas de crecimiento es notorio en 2009 y 2012, ya que al instituto oficial que el macrismo había denunciado como intervenido y ahora niega, fue 1% en el primer caso y 2,2% en el segundo, contra -3,1% y -0,4% que sacó el trabajo asociado entre UBA y Harvard con la misma metodología tradicional que cuentas nacionales usó por más de 25 años y con la cual se calculaba antes el PBI.
Bajo ese método, en el período quinquenal en el que se afirma que hubo injerencia política en el INdEC (2007 a 2012), el crecimiento de la economía argentina hubiera sido del 15,9 % (un promedio del 3% anual), y no del 30 % (un ritmo de 5,3% anual), como informaron las estadísticas oficiales.
La proyección de casi 2 puntos por año representa hoy una sobreestimación acumulada en el nivel de producción medido de 12,3 %. Traducida, la conclusión de la investigación efectuada en 2013 muestra que “estas distorsiones no se basan sobre la deflación del valor agregado por la indus tria a los niveles de precios actuales con manipulación los índices, sino principalmente en la intervención discrecional en cada industria componente del PIB, no solo en el sector financiero, sino también en el comercio y fabricación y el resto de los sectores de servicios y producción de bienes, con el objetivo de mostrar un mayor crecimiento del PIB”.
La investigación de Coremberg cobra más actualidad cuando destaca que “a partir de 2007, la economía no creció por productividad; más que por eso, creció por la mera acumulación de factores: el uso más intensivo del factor trabajo (más horas trabajadas, más puestos informales y part-time de menor productividad) y de la capacidad instalada (y no por la acumulación de capital)", detalla,
Explicaba que está comprobado que los países desarrollados, más allá de las crisis económicas, basan el crecimiento en la productividad en una proporción importante. Por lo que sobreestimar el producto bruto argentino también implicaría que el Gobierno sobreestima la eficiencia en productividad de la economía.
"La Argentina fue una de las economías que m ás cayó entre 1998 y 2002, y después estuvo entre las que más rebotaron. Pero, a partir de 2006, lo que hizo fue recuperar lo perdido en la recesión anterior.
Acumulada, la tasa de crecimiento promedio es la misma que viene teniendo hace 100 años", aclaró.
Como hasta ese momento el dibujo no había tenido consecuencias negativas en el cupón del PBI, porque nunca se creció por debajo del 3% y se lo inflara, en virtud de que el disparador que hace pagar o no ese cupón es un crecimiento del orden del 3,2%, pero cuando se empezó a crecer menos de 3% la ecuación cambió.
La otra arista del problema es señalada como ética por parte del único argentino que intervino en el Sistema de Manual de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas (que define, en otras palabras, cómo se hace el cálculo del PBI en el mundo): la irregularidad previsiona l suscitada.
Casi dirigiéndose a la Corte y a Canicoba, advierte que “si el Estado decide no honrar las deudas con los tenedores del cupón CER implica consagrar la mentira del INdEC (mentir no tiene consecuencias judiciales), formalizar el default virtual de los bonos CER del kirchnerismo y, por último, y lo más grave, tornará insustentable no solo el presente sino el futuro del sistema previsional”.
Advirtió, en ese aspecto, que “el principal acreedor del Estado no son los inversores internacionales sino sus propios jubilados presentes y futuros. Una parte muy importante de esos títulos son bonos cuasipar con vencimiento en 2045, bonos reestructuración de la deuda pública del 2004, indexados al CER. El FGS, es decir los jubilados son propietarios del 77,1% de estos bono s indexados al IPC manipulado por Moreno”, sostuvo.
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