JUBILACIÓN PRIVADA: LO QUE VIENE

LA 4TA. REFORMA TRAS BAMBALINAS

Asoma un brote de jubilación privada mientras recortan la pública

El gobierno resignó $2.000 millones de los $100 mil millones que pensaba ahorrarse con la sustitución de la movilidad jubilatoria por un régimen indexatorio más un pequeño plus: anunciará un bono extraordinario que contrarresta los efectos del empalme de sistemas, que abarca al 70% de los jubilados y a 4 millones de niños que reciben la AUH. Ese corte en el reparto divide a los haberes mínimos del 30% restante que cobra de ahí en más. Pero, fundamentalmente, la triple reforma (previsional, laboral, tributaria) contempla reducir aportes patronales, al tomarlos como anticipo de IVA y repartírselos a las provincias, y también grava la renta financiera para plazos fijos, Lebacs y bonos. La nueva gabela afecta a los asalariados que venían ahorrando excedentes de corto plazo en los bancos y f ondos comunes de inversión. Y es ahí donde aparece un cuarto en discordia, “tapado”: el proyecto de ley del mercado de capitales, en el que encaja la figura del seguro de retiro o algo parecido (aún no definido) que se pondrá a disposición del 1,2 millón de empleados con relación de dependencia, que son contribuyentes de la cuarta categoría de impuesto a las ganancias por cobrar encima del mínimo no imponible. Podrán deducir la retención con sólo invertirla a largo plazo en un fondo que ofrecerán bancos, aseguradoras y gestoras de fondos, los que serán calzados con la demanda de préstamos a largo plazo de las desarrolladoras que construyen viviendas y los bancos que emiten deuda en la plaza internacional para financiar hipotecas. De hecho, quedará conformado un incipiente sistema privado de reparto, que podría ir dando cabida a una parte del 30% de las jubilaciones que está por encima de la mínima, aunque el incentivo no sea desgravar ganancias sino capitaliz ar el resultado de los portafolios libres de impuesto.

Reapareció el proyecto de ley de Mercado de Capitales, que había pasado hace más de un año sin demasiado ruido por mesa de entradas de la Cámara de Diputados y, justo ahora que están en el tapete en el Congreso las reformas previsional, laboral y tributaria, se retomará su tratamiento en la comisión del Senado, la semana que viene, y podría quedar en inmediatas condiciones de salir. De todos modos, hasta que la ley no se reglamente, en marzo, no se sabe si uno de los puntos centrales, que es la administración de los beneficios impositivos que surjan de las otras reformas que se encuentran en estado parlamentario, saldrá bajo la forma de un seguro de retiro, en cuyo caso estaría en la órbita del Ministerio de Finanzas, o de alguna otra modalidad específica, como la de las AFJP de los ´90, ya que en ese caso debería intervenir la cartera de Hacienda a través de la AFIP por el tema de los beneficios impositivos. Parecería que la ley de mercado de capitales puede servir a los bancos que pusieron el foco en las hipotecas, no sólo dirigidas al público sino a las desarrolladoras inmobiliarias, como una mera herramienta legal para que se puedan lanzar a conseguir dinero de largo plazo e interactuar con los fondos comunes de inversión, en muchos casos integrados al grupo financiero. Es que en un año de transición con inflación, como 2017, con las Lebacs como sostén de la politica monetaria, los bancos per dieron participación en los depósitos a plazo fijo, en despareja competencia con los siderales rendimientos de esas letras, que los fondos comunes de inversión aprovechan junto a las acciones del Merval para incrementar 73% el patrimonio que administran, con lo cual llegaron a niveles de 5,5% sobre PBI. Poco y nada, de todos modos, si se lo compara con la participación en los países de la región, que nos triplican y más. El margen de crecimiento que espera el mercado consiste en la posibilidad de que los bancos puedan conformar paquetes con las hipotecas y ofrecerlas a fondos de inversión para que calcen colocaciones y créditos de largo plazo destinados a la construcción y  venta de nuevas viviendas. Las entidades financieras más solventes ya tienen la facilidad de la capitalización en la plaza internacional para esos fondeos, pero la gran oportunidad que esperan es la ley, cuyo objetivo apunta a incentivar el mercado de capitales doméstico y los instrumentos de inversión a largo plazo. Además de procurar atraer una parte del 70% de los capitales blanqueados que quedaron en el exterior (inclusive con una controvertida cláusula de “castigo fiscal” por mantenerlos afuera), la clave de esta iniciativa pasaría, en principio, por la expansión de los seguros de vida y pensiones de retiro, o sea, cambiar de ventanilla fiscal al millón 200 mil asalariados que cobran por encima del mínimo no imponible de ganancia y manejan excedentes en las variantes bancarias de corto plazo. La reforma tributaria que entró al Congreso, dentro del paquete que inte gran la previsional y laboral, abarca varios aspectos que interesan a ese potencial de ahorro, hoy concentrado en el corto plazo, y pivotean sobre el impuesto a las ganancias. Los cambios propuestos en el capítulo mediatizado como renta financiera obligará a tributar por sobre el margen que dejan los plazos fijos, bonos y Lebac, con lo que el tratamiento impositivo excepcional que se le dé a la formación de un mercado de hipotecas de largo plazo. Futuros jubilados cuyo salario sobrepasa el mínimo no imponible, en lugar de pagar ganancias podrían deducirlas al poner esos excedentes de sus ingresos en un seguro de vida o un fondo de inversión en retiro, en vez de tenerlos en Lebac, bonos o plazo fijo, que empezarán a devengar impuestos. Un artículo de Mariano Gorodisch en El Cronista Comercial enfoca la ventaja de una nueva reglamentación del mercado de capitales en que “no está hecha sólo para aseguradoras, sino que abre el juego también a gestoras, por eso es que lo denominan en la jerga el 401k argentino". Este sistema en Estados Unidos propicia diferimientos impositivos de una parte del salario cuando es colocada en una cuenta en el plan de ahorros que se destine a la jubilación, y si se retiran los fondos antes de la edad jubilatoria se tiene que pagar el impuesto, pero si las inversiones se mantienen en el tiempo no.Es la gran diferencia con el régimen de las AFJP nuestro de los ´90. Una parte de la masa salarial podrá ir a ahorros de lar go plazo en vez de perder íntegramente los impuestos y acogerse al diferimiento del ingreso en: ahorro para su casa, el estudio de los hijos o su propia jubilación. La aparición de los seguros de retiro o de pensión se daría en un momento en que casi dos centenares de compañías que se venían fondeando en Lebacs tuvieron que buscar destinos de mayor plazo por las nuevas disposiciones del Ministerio de Finanzas que les prohíben esas colocaciones. Y, simultáneamente, que desde mitad de año se nota un endurecimiento en las auditorias que realiza la Superintendencia de Seguros de la Nación, que mandó cuatro balances para atrás. La llave que imagina el mercado para sostener cualquier sistema pensado para el largo plazo es la cláusula UVA, que empezó a gestar el gobierno como Plan B a la lucha contra la inflación, que en homenaje al llamado gradualismo se extravió en la noche de los tiempos, y hoy es un Plan A. La condición sería que el concepto se masifique y la gente, en lugar de pensar en dólares, lo haga en UVA. El argumento es que el banco podría intermediar entre ahorristas y tomadores de créditos sin depender tanto de factores externos y el arbitraje permitiría, a la vez, mantener un valor constante en las entradas y salidas del sistema en el tiempo, lo cual daría más certezas al seguro de retiro privado actual. Cajas de los jubilados De hecho, la conformación de un mercado de seguros de retiro en el marco de la nueva ley para regular los movimientos domésticos de capitales empieza por los potenciales candidatos al ahorro de largo plazo que encierra el 1,2 millones de la cuarta categoría de ganancias, si bien podrían convertirse en punto de partida para constituir un sistema privado de reparto que conviva con el público que emerja de la sanción de la nueva ley previsional. El cambio de la fórmula de movilidad que quedó envuelto en una dura polémica parlamentaria alcanza, en realidad, a más de 17 millones de personas, entre jubilados, pensionados, pensiones no contributivas, beneficiarios de asignaciones familiares y AUH.   En lugar del ajuste semestral, la actualización será trimestral, liquidada en base 50% a la evolución de los salarios y 50% de la recaudación, que se utiliza actualmente, aplicará otro, conformado 70% por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC y 30% restante por la variación del RIPTE, un indicador del Ministerio de Trabajo que mide la evolución del salario de los estatales. En lo inmediato, implica que en marzo de 2018, en lugar de otorgarse el aumento semestral de julio-diciembre, que ronda un 12%, se otorgará el que surge de la nueva fórmula de julio a septiembre de 2016, que arroja un 5,7%. O sea que, en el comienzo del cambio de fórmula, habrá una merma en los haberes y un retraso de hasta 6 meses en el ajuste de los beneficios, que se intenta compensar con el bono para los mínimos. Para 2018 se calcula un ahorro para el Estado de casi $ 1 00.000 millones, gracias a la quita inicial del 52,5%, que los abogados llaman "aplicación retroactiva" y ya le preparan las fórmulas para una artillería de cartas documento. Las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales subirían en 2018 nominalmente entre el 20 y el 22%, mientras que con el sistema actual, andarían de 24 a 25%. En ambos casos sobrepasan la inflación: del 1,9 con el cambio al 5,4 y hasta 6,4% sin él. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aventuró que "los jubilados van a ganar más el año que viene. Van a estar en torno del 5% encima" del índice general de precios al consumidor que marca la inflación en el país, dando por sentado que la nueva referencia es la válida. Con un original enfoque que detonaría los trolls de la contra, sostuvo en una rueda de prensa con los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno que "claramente hay una política a favor de los jubilados" en el marco de la reforma previsional que impulsa el Gobierno, y recalcó que "no es cierto que se esté reduciendo la jubilación”. Otro singular comentario fue que "se da en el marco de un presupuesto que tiene una inversión récord en materia social del 76 % el año próximo", y en un contexto en el que "además se agregan nuevos elementos como el 82 % móvil para aquellos que tienen 30 años de aportes para la mínima". Finalmente afirmó que "se profundiza también la Reparación Histórica, con lo cual claramente hay una política a favor de los jubilados en lo que se está discutiendo y lo que tiene que ver con el déficit fiscal y con la deuda que eso genera". RUBEN CHORNY