DEUDA E INFLACIÓN VERSUS SALARIOS

DEUDA  E INFLACIÓN VERSUS SALARIOS

Por Héctor GIULIANO (5.2.2018)

La política de retraso cambiario de la administración Macri para poder sufragar el costo creciente de los servicios de la Deuda Pública – básicamente Intereses porque los vencimientos de Capital no se amortizan en forma neta sino que se cancelan con nuevas deudas – ha derivado en un dilema grave para el gobierno de Cambiemos.

Este dilema se resume en que los salarios e ingresos fijos en general han quedado altos medidos en dólares mientras experimentan una caída en pesos - medida en términos reales -  porque la Inflación carcome su poder adquisitivo.

Más allá de los discursos, el gobierno Macri no lucha verdaderamente contra la Inflación sino que, por el contrario, la retro-alimenta y la promueve:

a)      El Banco Central (BCRA) emite anualmente unos 150.000 M$ (Millones de Pesos) en forma directa y sin respaldo por concepto de Adelantos Transitorios al Tesoro.

b)      Las grandes Empresas fijan discrecionalmente los aumentos de Bienes y Servicios en el Mercado en condiciones de mono u oligopolio que se transmiten con impunidad a todas las cadenas de comercialización porque el gobierno no interviene a través de controles de precio.

c)      El gobierno autoriza y promueve el aumento de los pecios y tarifas de servicios públicos, que son los que más rápidamente se trasladan a los precios y que afectan a la población por partida doble: como usuarios directos y como receptores de los incrementos que los concesionarios transmiten a los clientes, que son rehenes de los mecanismos de monopolio.

d)       El gobierno, en todos sus niveles – Nacional, Provincial y Municipal - aumenta la Presión Tributaria y también lo hace por dos vías concurrentes: i) en forma directa, por medio de revalúos, ajustes de alícuotas, re-categorizaciones de contribuyentes, fijación de bajos Mínimos no Imponibles (como el caso de Ganancias y Bienes Personales), mantenimiento de impuestos distorsivos (como el Impuesto al Cheque), creación de otros nuevos (como el gravamen sobre la Renta Financiera aplicado a los Plazos Fijos de los depositantes) y, sobre todo, por la continuidad de la elevada alícuota del IVA, que es un impuesto regresivo al consumo; y ii) en forma indirecta, a través del alto componente impositivo que se suma a los precios y tarifas de servicios públicos (del punto c).

e)      Este aumento combinado de precios/tarifas y presión tributaria es, a su vez, uno de los principales determinantes del aumento de los costos logísticos en la Argentina.

f)       El gobierno – a través del BCRA – sostiene un alto nivel de Tasas de Interés que eleva el Costo Financiero local y que (pese a que se habla poco o nada de ello) también se transmite a los precios por parte de las Empresas (lo que repercute incluso a mayor velocidad que todos los demás factores de incidencia).

g)      Este elevado Costo Financiero Argentino tiende a producir recesión económica interna y a no favorecer las Inversiones Productivas (locales y extranjeras).

h)      Con esta política de altas Tasas de Interés domésticas – fijadas por el gobierno – se atrae al negocio especulativo de la entrada de capitales financieros volátiles, que lucran así con el diferencial de tasas frente a las internacionales y bajo garantía de atraso cambiario.

i)        El ingreso de estos fondos especulativos en gran escala provoca además otro doble efecto inflacionario negativo, directo e inmediato, sobre la Economía porque: i) por un lado, toda la masa de dólares que entra para lucrar con el diferencial de tasas del punto anterior se traduce en emisión monetaria, pesos que a su vez se absorben o rescatan por medio de Lebac del BCRA (cuyo stock sobrepasa hoy 1.1 B$-Billones de Pesos) pagando multimillonarias sumas de interés (unos 300.000 M$ anuales) que se agregan a los intereses que paga la Tesorería Nacional por su Deuda Pública (más de 400.000 M$/año); y ii) por otro lado, porque los intereses que se abonan por las letras se hacen imprimiendo más billetes.

j)        Paralelamente, el atraso cambiario - que el gobierno utiliza como herramienta de pago de los servicios de la Deuda Externa y favorecimiento de los negocios financieros antes que como ancla anti-inflacionaria – provoca una pérdida de competitividad de nuestras exportaciones y favorece en cambio el abaratamiento de las importaciones y el Turismo Emisivo, con sus secuelas dañinas para el mercado interno de Producción y Empleo; y con el agravante que con ello no se consiga una baja de la Inflación.

k)      Por último, está la incidencia de los aumentos de salarios, jubilaciones y planes de asistencia social, que retro-alimentan la Inflación pero que no son la causa sino la consecuencia de los aumentos de precios que sufre la población con ingresos fijos dado que estos aumentos se negocian con actualizaciones que buscan compensar la caída de los salarios reales frente a la Inflación de los precios.

Este último punto – al que ya nos hemos referido en nuestro trabajo anterior sobre “Inflación, Salarios Reales y Deuda Pública” (del 19.1.2018) - se ha transformado empero en la principal preocupación del régimen macrista.

En síntesis, que los factores inflacionarios que más inciden en el aumento de los precios de los bienes y servicios - que se vienen produciendo sistemáticamente por la conjunción de todos estos factores citados - no corresponden principalmente al aumento de los salarios sino a razones independientes de los mismos y son provocados – todos ellos – por decisiones directas o indirectas del propio gobierno.

Además, hay que tener presente que los aumentos de sueldos e ingresos fijos conexos se producen siempre después que la gente ha sufrido los impactos de la inflación (no antes ni simultáneamente), que los aumentos de precios se registran día a día mientras que los salarios se pagan con frecuencia mensual (lo que implica una pérdida financiera sistemática para los asalariados en función del tiempo) y que el recupero porcentual – no el recupero en valor absoluto, porque la Inflación pasada no se recupera sino que se la traga la población – se concede luego a futuro y en cuotas, con la consiguiente caída estructural del valor de los Salarios Reales; y con el añadido que el gobierno macrista pretende actualmente negociación de paritarias con base en irreales pautas futuras de inflación del 15 % para 2018 y sin cláusula gatillo.

Bajo la administración Macri se está verificando así uno de los más grandes procesos de redistribución de ingresos en contra de los asalariados en la Argentina mientras paralelamente se promueven récords de ganancia para los negocios financieros, ligados esencialmente a la dependencia del Sistema de la Deuda Pública Perpetua: deudas del Tesoro y del BCRA, de las Provincias y los Municipios, de las Empresas del Estado, los Organismos Nacionales y los Fondos Fiduciarios, así como de la Industria de los Juicios contra el Fisco derivados de las torpezas culpables del propio gobierno (como el que se avizora por la denominada Reforma Previsional, que en la práctica significa la rebaja de los aumentos jubilatorios y asistenciales).

Para ello el presidente Macri cuenta con el apoyo externo determinante de la Banca Internacional y los gobiernos de los Países Desarrollados – incluidos sus bloques de coordinación globalizada, como el G-20, la OCDE-Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y los Organismos Multilaterales de Crédito en general (FMI, Banco Mundial, BID y CAF) -  y también con el apoyo interno de los grandes grupos económico-financieros que operan en nuestro país, con quienes actúa en tándem y con intereses comunes a los fines de lograr una relación 2 a 1 en las negociaciones de las nuevas Convenciones Colectivas de Trabajo: Gobierno y Empresas versus Sindicatos.

El objetivo básico es lograr un debilitamiento de las condiciones salariales y de trabajo de la población argentina que permita la aceptación de peores condiciones de contratación y remuneraciones, utilizando para ello el efecto de la Inflación sobre los ingresos fijos y la generalización de despidos dentro y fuera de la Administración Pública.

En función de su Política de Gobernar con Deuda, el gobierno Macri necesita un dólar retrasado para garantizar el pago de los servicios de Intereses de la Deuda Externa y de la Deuda Interna dolarizada.

Pero este dólar barato hace que los Salarios resulten comparativamente altos en dólares, por lo que su baja deviene un requisito necesario para el gobierno a los efectos de compensar el resto de todos los otros factores de costo inflacionarios citados que pesan sobre la Economía.

Y es también la cuota de servilismo que el presidente Macri tiene que mostrar frente a los Acreedores Externos – en línea con sus compromisos ante los banqueros de Nueva York en Noviembre pasado – exhibiendo que es capaz de cumplir a rajatabla con los servicios de la Deuda para que le sigan prestando, a costa de bajar los salarios reales internos en dólares.

Se da así la paradoja que es un gobierno neoliberal el que hoy está utilizando en gran escala el tan denostado Impuesto Inflacionario para obtener recursos artificiales para el Estado, que lo intenta a través de la baja de los ingresos reales de trabajadores y jubilados y que, como agravante, no lo hace para promover el desarrollo de la Economía Productiva sino, por el contrario, para privilegiar y subsidiar el negocio financiero especulativo en la Argentina.-

Lic. Héctor L. GIULIANO