¿Cuánto cuesta robarle al Estado?

 

¿Cuánto cuesta robarle al Estado? Poco… La corrupción en Argentina puede analizarse en números, y todos ellos exponen dos problemas: es un problema que atraviesa a cualquier gobierno y los tiempos de la justicia no ayudan a clarificar los hechos ni a delimitar responsabilidades. A eso se suma otra discusión: las bajas penas que el Código Penal contempla para delitos de corrupción.
	POR LUCÍA SALINAS

EL PRECIO DE LA CORRUPCIÓN: UN DAÑO MILLONARIO CON PENAS MUY BAJAS

Las estadísticas muestran que de 1.138 expedientes abiertos, aún hay 391 bajo instrucción en los juzgados y tribunales federales. El 70% lleva más de seis años de instrucción y el resto más de una década. Un mínimo porcentaje llega a la instancia de juicio oral, pero una vez ahí entra en un limbo. Cuando por fin se llega a una sentencia, hay penas por defraudación millonarias o enriquecimiento ilícito que no superan los seis años. El gobierno de Javier Milei quiere modificar el Código Penal y duplicar las penas, sobre todo cuando son ex funcionarios o funcionarios en ejercicio del cargo, los que cometen los delitos. ¿A cuánto llevarán las penas? ¿Habrá un agravante para presidentes y ex presidentes? #1. El centro de la discusión De los más de 1.100 expedientes que hay abiertos en Comodoro Py, se estima que solo un tercio llega a ser elevado a juicio oral de forma parcial o total. De ese universo, una cantidad muy escasa llega a obtener una sentencia, ya sea una condena o una absolución. Las bajas penas son el corazón del debate, sobre todo cuando se trata de delitos que involucran dinero público. Un muestreo. El análisis de las causas en trámite muestra que los delitos más investigados son: el abuso de autoridad y el incumplimiento de los deberes de funcionario público (322 causas). En segundo lugar, se ubica el delito de defraudación agravada por fraude en perjuicio de la administración pública (295 casos). La omisión o retardo de actos de oficio ocupa el tercer puesto (170), mientras que las negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública acumulan 143 casos. Las penas. Si se defraudó al Estado en 1.000 pesos como en 1.000 millones de pesos, no hace la diferencia, la pena máxima siempre será de seis años. Solo se incrementa cuando se le suma otro delito a la acusación. Pensemos en el enriquecimiento ilícito: es el delito que menos se aplicó en juicios orales y su pena máxima es de seis años. La malversación de fondos tiene una pena de 3 años, el peculado 6 años y el prevaricato una multa. #2. Un nuevo Código, una materia pendiente La Comisión que trabaja en el anteproyecto para reformar el Código Penal tiene un claro objetivo: aumentar las penas en casos de corrupción. Todos los integrantes del equipo que trabaja en la nueva iniciativa coinciden en lo bajas que son las mismas. El nuevo Código todavía está en lápiz negro. Los cambios. El nuevo Código Penal duplica todas las penas, e incluso crea la figura de delito de corrupción de funcionario público. Si se trata de un presidente o expresidente, se agrava la pena. Por ejemplo, el cobro de sobornos tendrá una pena de 4 a 12 años pero si se trata de un funcionario será de 5 a 15 años. Enriquecimiento ilícito ampliado. En la actualidad, este delito solo se aplica a funcionarios o exfuncionarios públicos. La novedad es que se propone incluir a otros sujetos obligados para que el nuevo Código contemple, por ejemplo, a los sindicalistas. Aumento sustancial. La idea de la Comisión es avanzar hacia un importante incremento de las escalas penales de los delitos de corrupción. El foco está puesto en los delitos de cohecho (pasivo y activo), soborno trasnacional y enriquecimiento ilícito. Las escalas penales pasarán de 1 a 6 años de prisión, a 4 a 12 años para estos delitos. De esta manera, las penas solo serán de cumplimiento efectivo. #3. Mesa de trabajo con calculadora El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, puso en marcha una mesa de trabajo que busca sintetizar el proyecto que encabezó el camarista Mariano Borinsky. El objetivo es conseguir la aprobación de un nuevo Código Penal este año. El problema, una vez más, será político cuando empiece el “poroteo” de los votos con los que deberá contar el presidente para aprobar un nuevo código. Código “moderno”. La Comisión fijó como objetivo principal la elaboración de un nuevo anteproyecto de Código Penal en el menor tiempo posible, con el compromiso de modernizar y mejorar el marco legal vigente. La otra finalidad es conducir al Poder Judicial hacia una administración de justicia más eficiente. Comisión jurista. La Comisión está integrada por figuras del ámbito jurídico, incluyendo a Mariano Cúneo Libarona; el juez Mariano Hernán Borinsky; la jueza María Eugenia Capuchetti; el juez Ricardo Ángel Basílico; el juez Julio Báez y los juristas Jorge Eduardo Buompadre, Carlos Alberto Manfroni, Horacio Jaime Romero Villanueva, Fernando Oscar Soto, Valeria Onetto y Mercedes Rodríguez Goyena. Justicia 2024. La reforma del Código Penal es una de las iniciativas del plan de reforma judicial que quiere concretar Cúneo Libarona a lo largo de este año. Desde el gobierno mileista aseguran que la discusión no se va a trabar en el Congreso, pero todo está supeditado al resultado final de la Ley Bases.

LA LETRA CHICA

La última reforma del Código Penal argentino fue en 1921. Cambiaron los gobiernos, nuestro sistema atravesó largas rachas de golpes militares, se retornó a la democracia, pero la política y la justicia nunca avanzaron en un acuerdo que permitiera rediscutir el Código Penal. Cien años sin ninguna modificación. ¿Qué sería diferente ahora? La Comisión constituida para trabajar en el anteproyecto cree que, a diferencia de los 19 intentos fallidos que hubo desde 1983 a la fecha para reformar el Código, hay un amplio consenso en temas centrales: el incremento de las penas en corrupción, la necesidad de incorporar la figura penal de terrorismo, los delitos tecnológicos, el decomiso de bienes desde el comienzo del proceso de investigación, la inclusión de violencia de género. El Código Penal actual es antiguo en la concepción del derecho que se aplica a una sociedad que ya no existe. Mariano Borinsky, vicepresidente de la Comisión lo describió de la siguiente manera: “Un código penal debe ser un espejo de los intereses fundamentales de la sociedad actual, debe reflejar los tratados internacionales, debe buscar previsibilidad y seguridad jurídica”. Paradójicamente, en uno de los temas donde más atrasa el Código Penal es en las penas de los delitos de corrupción. Este tema pone en el centro del debate a la propia dirigencia política que deberá aprobar un nuevo marco normativo y sobre quienes pueden pesar estas acusaciones. El mayor desafío estará ahí: que la dirigencia política vote un Código Penal que podría castigarla con penas más duras.