Esta semana estrenamos el documental “La Tragedia de Río Turbio: 20 años de impunidad”. Se trata de un caso en el que tanto los sobrevivientes, como los familiares de los 14 mineros fallecidos, coinciden en que no hubo justicia, pese al tiempo transcurrido. La de Río Turbio fue una de las mayores tragedia en la actividad minera de nuestro país. Pero, a su vez, la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) fue foco de dos causas por corrupción. Una de ellas, llevó a Julio De Vido a la cárcel; la otra está elevada a juicio oral. El uso político de la catástrofe que enlutó a dos pueblos mineros es otro dato que no puede omitirse: ahora YCRT integra la lista de las empresas que podrá privatizarse con la aprobación de la Ley Bases. #1. El luto de la corrupciónEl expresidente Carlos Menem decidió privatizar la empresa santacruceña Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) y convertirla en YCRT. Le dio la concesión a Sergio Taselli quien recibía subsidios por 22,5 millones de dólares por mes para el pago de salarios. No solo no liquidaba los sueldos de los mineros, sino que fue desguazando a la compañía hasta llevarla a un estado calamitoso. Fue el terreno fértil para la tragedia que ocurrió el 14 de junio de 2004. Todo inició con un incendio en la zona de la cinta transportadora. El espeso humo se dispersó por todas las galerías, generando la asfixia de los mineros. Los rescatistas demoraron nueve días en retirar los cuerpos, ya que la mina se había derrumbado. Taselli nunca dio explicaciones ante la Justicia de cómo usó el dinero ni sobre los hechos de ese día. - YCRT en manos del Estado. En 2002, Eduardo Duhalde resolvió la recuperación de la empresa minera e intervenirla. Desde entonces permanece bajo esa figura, lo que implica que pese a estar en suelo santacruceño y regir la vida de dos localidades que conforman la Cuenca (28 de Noviembre y Río Turbio), todas las decisiones se toman en el ámbito nacional: su interventor, su presupuesto, su funcionamiento.
- Tragedia anticipada. El gremio ATE realizó dos denuncias por el vaciamiento que Taselli estaba generando en la empresa y por la violación de todas las políticas de seguridad por parte de la concesionaria. A pesar de todo, Taselli siguió haciendo negocios con el Estado y fundió otras empresas concesionadas que nunca fueron controladas.
“No se adoptan medidas de seguridad para evitar altos riesgos que exponen a máquinas y personal a accidentes irremediables, reiteramos la necesidad a fin de evitar graves inconvenientes que pueden desencadenar en un desastre con gravísimas consecuencias”, resaltaba una de las denuncias de 1999.
- Impunidad. Diez años después de la muerte de los 14 mineros dentro de Mina 5, la justicia de Santa Cruz realizó un juicio al que los sobrevivientes y familiares calificaron como un “circo”. Declararon 84 testigos: peritos oficiales, médicos, especialistas en seguridad, bomberos, empleados de la mina y sobrevivientes de la tragedia. Solo fueron condenados Héctor Schabner, jefe de Seguridad y Esteban Loncaric, ex gerente general, a tres años de cárcel en suspenso. Fueron acusados de ser coautores del delito de estrago culposo agravado por la muerte de 14 personas. El tercer acusado terminó absuelto y los juicios civiles nunca se resolvieron.
#2. La empresa del continuo déficitCuando se miran los números de YCRT se dimensiona el rojo financiero que arrastra desde hace muchos años. En 2004, el entonces presidente Néstor Kirchner anunció una serie de inversiones y la puesta en valor de la mina de carbón. Parte de ese dinero fue investigado en expedientes judiciales que determinaron desvíos de fondos. El uso político fue constante y los problemas económicos de la compañía fueron en aumento. Ahora el gobierno de Javier Milei la incluyó en el listado de empresas para privatizar. - Números en rojo. El presupuesto público de la compañía es de 7.384 millones de pesos por mes. Los salarios demandan 3.485 millones de pesos, más 1.952 millones que se destinan a las cargas sociales. La plantilla de personal de YCRT se compone de 2.142 agentes, de los cuales solo 900 son mineros que trabajan en exposición al frente de mina.
- Proyección anual. Si se proyecta anualmente, sin aumentos salariales, este año YCRT necesitará 163.216 millones de pesos para operar. Si se desglosa el presupuesto de 2024, se necesitarán 80.000 millones de pesos para cubrir salarios, y 43.740 millones a cargas sociales.
- ¿Exportar? La actual administración, a cargo del macrista Thierry Decoud, sostiene que YCRT no dará ganancias, pero que puede sostenerse financieramente. Para eso deben exportar 25.000 toneladas de carbón, que representa unos 3 millones de dólares. El desafío es obtener ese nivel de actividad. El carbón que se extrae en la mina de carbón viaja por tren hacia el puerto, pero se requiere de una frecuencia constante y mucho más carbón para llegar a las 25.000 toneladas exigidas en puerto de Punta Loyola (cerca de Río Gallegos).
- El fantasma de la privatización. YCRT es la mina de carbón más antigua del país: inició su actividad en 1958. Aún cuenta con una larga vida de mineral para ser extraído. Son 80 kilómetros de galerías bajo tierra y según los especialistas la tecnología aplicada “las condiciones de las instalaciones están muy bien”. YCRT requiere un plan de trabajo y reordenamiento del personal que podría ahorrarle más de 7.300 millones de pesos al Estado nacional. Pero si la compañía se privatiza, ¿quién podría comprarla?
#3. Impunidad y promesas fallidasLos veinte años de la tragedia de Río Turbio exponen un historial de impunidad y de promesas fallidas. Las obras e inversiones que se anunciaron, quedaron a mitad de camino y muchas de ellas, atravesadas por denuncias de corrupción. En el medio, se comprometieron importantes partidas presupuestarias del Estado que no se condujeron a donde correspondía para hacer de YCRT una empresa que se aleje de los números en rojo. - El “elefante blanco”. El gobierno kirchnerista prometió la construcción de una Usina para que sea alimentada por el carbón de YCRT. La obra estuvo -y sigue- plagada de denuncias. Para empezar, fue adjudicada a una UTE liderada por la española Isolux Corsán en 857.341.128 dólares. “Sin embargo, como consecuencia de las variaciones y posteriores contrataciones otorgadas a la empresa en el marco del mismo proceso licitatorio, el nuevo valor de contrato ascendió a 1.726.251.982 dólares”, explicitó una pericia oficial.
- La obra inconclusa. Solo se construyó una de las dos turbinas que debían generar 240 Mw e inyectarlos al interconectado nacional. Pero esa caldera se apagó por su mal funcionamiento y, según los cálculos de la actual intervención, genera una pérdida diaria de 30 millones de pesos. La obra civil quedó en un 90% pese a que se licitó hace 18 años.
- El valor triplicado. Cuando la expresidenta Cristina Kirchner anunció la construcción de la Usina, su valor era tres veces menor a lo que finalmente se terminó pagando para una obra que sigue inconclusa. Al tipo de cambio oficial y con el deterioro que algunas partes de la Central Térmica exponen, el costo actual rondaría los 200 millones de dólares para que se concluya la obra civil y se logre poner en marcha. Un dinero que el gobierno de Javier Milei no tiene.
|
Comentarios