AJUSTE EN LA OBRA PÚBLICA PROVINCIAL
Economía & Regiones
El ajuste vía inflación, es decir el ajuste que surge por no hacer el ajuste fiscal, es muy inequitativo, porque afecta negativamente a los asalariados y a los jubilados que ven sus ingresos significativamente deteriorados contra la inflación.
La aceleración de la inflación licúa el poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones en forma creciente a medida que el tipo de cambio oficial sube.
El deterioro del poder adquisitivo del salario y las jubilaciones es la contracara del menor consumo y la caída del nivel de actividad global.
No obstante, la licuación del poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones, para mantener las necesidades financieras del 2014 en el mismo nivel que en 2013 (4,6% del PBI), el SPN (Sector Público Nacional) también necesitaría reducir en términos reales las partidas de gasto en las cuales se concentran los subsidios sociales; entre un -12% y -37% contra la inflación según sea la envergadura de la devaluación.
En 2014 el escenario fiscal de las Provincias, al igual que la esfera Nacional, enfrentaría la también una dinámica de ajuste.
Por el lado de los ingresos, la devaluación con mayor inflación tendría un impacto negativo en el poder adquisitivo de la coparticipación y la recaudación provincial, pero positivo sobre las regalías petrolíferas, en menor medida sobre las regalías metalíferas y en el Fondo de la Soja.
El crecimiento de la coparticipación y de la recaudación provincial iría por detrás de la inflación. En los escenarios, en los cuales no se eliminan los subsidios ni la dominancia fiscal, la coparticipación y la recaudación provincial crecen a tasas cercanas al 30%, 31.5% y 34.4%.
Sin embargo, la devaluación del peso beneficiaría en parte la recaudación de las provincias productoras de petróleo como Neuquén, Chubut, Mendoza, Santa Cruz, Salta, Tierra del Fuego y Rio Negro.
En este sentido, asumiendo un nivel de producción similar al observado en 2013, la devaluación permitiría elevar los recursos de las provincias productoras en $2.000 millones por cada peso que se incremente la cotización del dólar oficial.
Hay que recordar que las provincias productoras reciben el 12% del VBP (Valor Bruto de Producción) a boca de pozo del hidrocarburo extraído.
En una escala significativamente menor, la devaluación tendría un efecto positivo sobre las regalías minerías que reciben las provincias de San Juan, Catamarca, Mendoza, Neuquén, Jujuy, La Rioja, Salta, entre otras. El impacto es sustancialmente menor porque las provincias reciben solo el 3% del VBP del mineral metalífero extraído a boca de pozo, cuyo precio está atado a la cotización internacional.
Este bajo porcentaje hace que estos ingresos representan en promedio sólo el 2% de los ingresos anuales de dichas jurisdicciones.
El Fondo de la Soja también recibiría un impacto positivo de la devaluación. Con una cosecha de 54 millones de toneladas de soja a un precio promedio de US$ 459, la recaudación, aumenta por mayor tipo de cambio. No obstante, no todo el fondo de la soja queda para las provincias, ya que el 30% de los fondos percibidos son girados a los municipios para la ejecución de obras públicas.
Por el contrario, por el lado de las erogaciones la devaluación y la aceleración inflacionaria licuarían el gasto público. La dinámica inflacionaria le ganaría a la actualización salarial, deteriorando su poder adquisitivo. Es decir, en cualquier escenario es de esperarse que los salarios públicos sean el principal canal de ajuste fiscal.
Los gastos en compra de bienes de consumo, servicios y costos de la construcción serán ajustados hacia la baja en términos reales. Es decir, esta partida de gastos se incrementará en términos nominales menos que la inflación.
Por el lado de los servicios de deuda, la devaluación encarecerá en forma significativa los pagos de la deuda denominada en moneda extranjera.
Al respecto, a fines de 2013 las provincias tenían en conjunto un stock de deuda de US$ 12.150 millones, de los cuales US$ 9.150 millones constituyen colocaciones de títulos públicos en los mercados internacionales de crédito y en el mercado local, estos últimos con modalidad dollar linked, y otros US$ 3.000 millones corresponden a préstamos con organismos multilaterales de crédito.
En 2014, esta deuda devenga servicios totales por US$ 2.100 millones: US$830 millones de intereses y US$ 1.270 millones de amortizaciones.
Por otra parte, el incremento de la tasas de interés en la plaza local, que impulsan al alza la BADLAR, eleva el costo del financiamiento de las Letras del Tesoro tomadas en 2013 (a tasa variable) con vencimiento en el presente ejercicio, por un total de $2.837 millones. Un incremento de 1 punto porcentual en la tasa BADLAR9, implica un gasto adicional en concepto de intereses de $34,2 millones.
A modo de ejemplo, una BADLAR de 25%, eleva los servicios del consolidado provincial en $273 millones.
No obstante, la devaluación y sobretodo la inflación licúan los servicios de la deuda en pesos que las provincias tienen con el gobierno nacional en el marco del PFDP (Programa Federal de Desendeudamiento Provincial). Las provincias mantienen, luego del último acuerdo firmado a fines de 2013, una deuda por este concepto de $ 67.260 millones, reprogramada al 2030 y que devenga una tasa de interés del 6% nominal anual claramente negativa en términos reales y que se licúa a medida que se incrementa la tasa de inflación, al reducirse la incidencia de sus pagos en términos de ingresos públicos provinciales.
En conclusión, en un escenario de devaluación y mayor inflación, para poder mantener las necesidades de financiamiento del conjunto de provincias en torno al 1% del PBI y compensar la suba del gasto público por la mayor devaluación e inflación, las provincias deberían realizar un ajuste sobre el gasto en salarios, bienes y servicios y obras públicas de magnitud considerable.
Para ponerlo en números, para poder otorgar incrementos salariales de entre un 28% y 34%, las provincias no podrán incrementar el gasto en obra pública ni el resto de las partidas de bienes, servicios y transferencias más allá del 25% en términos nominales, implicando una fuerte caída en términos reales, que se acrecienta a medida que la tasa de inflación se eleva.
El ajuste vía inflación, es decir el ajuste que surge por no hacer el ajuste fiscal, es muy inequitativo, porque afecta negativamente a los asalariados y a los jubilados que ven sus ingresos significativamente deteriorados contra la inflación.
La aceleración de la inflación licúa el poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones en forma creciente a medida que el tipo de cambio oficial sube.
El deterioro del poder adquisitivo del salario y las jubilaciones es la contracara del menor consumo y la caída del nivel de actividad global.
No obstante, la licuación del poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones, para mantener las necesidades financieras del 2014 en el mismo nivel que en 2013 (4,6% del PBI), el SPN (Sector Público Nacional) también necesitaría reducir en términos reales las partidas de gasto en las cuales se concentran los subsidios sociales; entre un -12% y -37% contra la inflación según sea la envergadura de la devaluación.
En 2014 el escenario fiscal de las Provincias, al igual que la esfera Nacional, enfrentaría la también una dinámica de ajuste.
Por el lado de los ingresos, la devaluación con mayor inflación tendría un impacto negativo en el poder adquisitivo de la coparticipación y la recaudación provincial, pero positivo sobre las regalías petrolíferas, en menor medida sobre las regalías metalíferas y en el Fondo de la Soja.
El crecimiento de la coparticipación y de la recaudación provincial iría por detrás de la inflación. En los escenarios, en los cuales no se eliminan los subsidios ni la dominancia fiscal, la coparticipación y la recaudación provincial crecen a tasas cercanas al 30%, 31.5% y 34.4%.
Sin embargo, la devaluación del peso beneficiaría en parte la recaudación de las provincias productoras de petróleo como Neuquén, Chubut, Mendoza, Santa Cruz, Salta, Tierra del Fuego y Rio Negro.
En este sentido, asumiendo un nivel de producción similar al observado en 2013, la devaluación permitiría elevar los recursos de las provincias productoras en $2.000 millones por cada peso que se incremente la cotización del dólar oficial.
Hay que recordar que las provincias productoras reciben el 12% del VBP (Valor Bruto de Producción) a boca de pozo del hidrocarburo extraído.
En una escala significativamente menor, la devaluación tendría un efecto positivo sobre las regalías minerías que reciben las provincias de San Juan, Catamarca, Mendoza, Neuquén, Jujuy, La Rioja, Salta, entre otras. El impacto es sustancialmente menor porque las provincias reciben solo el 3% del VBP del mineral metalífero extraído a boca de pozo, cuyo precio está atado a la cotización internacional.
Este bajo porcentaje hace que estos ingresos representan en promedio sólo el 2% de los ingresos anuales de dichas jurisdicciones.
El Fondo de la Soja también recibiría un impacto positivo de la devaluación. Con una cosecha de 54 millones de toneladas de soja a un precio promedio de US$ 459, la recaudación, aumenta por mayor tipo de cambio. No obstante, no todo el fondo de la soja queda para las provincias, ya que el 30% de los fondos percibidos son girados a los municipios para la ejecución de obras públicas.
Por el contrario, por el lado de las erogaciones la devaluación y la aceleración inflacionaria licuarían el gasto público. La dinámica inflacionaria le ganaría a la actualización salarial, deteriorando su poder adquisitivo. Es decir, en cualquier escenario es de esperarse que los salarios públicos sean el principal canal de ajuste fiscal.
Los gastos en compra de bienes de consumo, servicios y costos de la construcción serán ajustados hacia la baja en términos reales. Es decir, esta partida de gastos se incrementará en términos nominales menos que la inflación.
Por el lado de los servicios de deuda, la devaluación encarecerá en forma significativa los pagos de la deuda denominada en moneda extranjera.
Al respecto, a fines de 2013 las provincias tenían en conjunto un stock de deuda de US$ 12.150 millones, de los cuales US$ 9.150 millones constituyen colocaciones de títulos públicos en los mercados internacionales de crédito y en el mercado local, estos últimos con modalidad dollar linked, y otros US$ 3.000 millones corresponden a préstamos con organismos multilaterales de crédito.
En 2014, esta deuda devenga servicios totales por US$ 2.100 millones: US$830 millones de intereses y US$ 1.270 millones de amortizaciones.
Por otra parte, el incremento de la tasas de interés en la plaza local, que impulsan al alza la BADLAR, eleva el costo del financiamiento de las Letras del Tesoro tomadas en 2013 (a tasa variable) con vencimiento en el presente ejercicio, por un total de $2.837 millones. Un incremento de 1 punto porcentual en la tasa BADLAR9, implica un gasto adicional en concepto de intereses de $34,2 millones.
A modo de ejemplo, una BADLAR de 25%, eleva los servicios del consolidado provincial en $273 millones.
No obstante, la devaluación y sobretodo la inflación licúan los servicios de la deuda en pesos que las provincias tienen con el gobierno nacional en el marco del PFDP (Programa Federal de Desendeudamiento Provincial). Las provincias mantienen, luego del último acuerdo firmado a fines de 2013, una deuda por este concepto de $ 67.260 millones, reprogramada al 2030 y que devenga una tasa de interés del 6% nominal anual claramente negativa en términos reales y que se licúa a medida que se incrementa la tasa de inflación, al reducirse la incidencia de sus pagos en términos de ingresos públicos provinciales.
En conclusión, en un escenario de devaluación y mayor inflación, para poder mantener las necesidades de financiamiento del conjunto de provincias en torno al 1% del PBI y compensar la suba del gasto público por la mayor devaluación e inflación, las provincias deberían realizar un ajuste sobre el gasto en salarios, bienes y servicios y obras públicas de magnitud considerable.
Para ponerlo en números, para poder otorgar incrementos salariales de entre un 28% y 34%, las provincias no podrán incrementar el gasto en obra pública ni el resto de las partidas de bienes, servicios y transferencias más allá del 25% en términos nominales, implicando una fuerte caída en términos reales, que se acrecienta a medida que la tasa de inflación se eleva.
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