ARGENTINA: EL AJUSTE ES POR LAS MALAS. COMPLEJA SITUACIÓN.

INFORME de Economía & Regiones

En los últimos 3 meses se incrementó la tasa a la cual caen las reservas, la inflación se aceleró y el peso perdió poder adquisitivo en forma creciente.

 

A la vez, el nivel de actividad económica se diluye mes tras mes. Todos estos son ingredientes de la Crisis Cambiaria que atraviesa nuestra economía.

 

¿Qué hizo el gobierno hasta ahora para detener la dinámica anteriormente descripta? 

 

La depreciación del tipo de cambio oficial, que pasó de $6.8 a $8 por dólar, fue la primera y más contundente de las medidas aplicadas. 

 

Luego, el BCRA inició una suba de las tasas de interés nominales que, si bien se dirige hacia el sentido correcto, por ahora luce insuficiente para apuntalar la demanda de dinero y mitigar las presiones cambiarias. 

 

Por el contrario, en la esfera fiscal sólo se han tomado medidas expansivas que consisten en más aumento del gasto, que sin acceso a los mercados de deuda, seguramente se financiarán con más emisión, implicando incremento de la dominancia fiscal y con ellos mayores desequilibrios y agravamiento de la actual crisis.

 

El problema es que la devaluación dificulta la política monetaria y atenta contra el control fiscal. 

 

A priori, la devaluación acelera la suba de precios. Esta suba de precios alimenta las expectativas de devaluación y acrecienta la corrida contra las reservas. 

 

Al devaluar primero y recién luego subir la tasa, la devaluación mete presión sobre la política monetaria, exigiendo mayores incrementos de tasa de interés y por ende mayor tiempo de ejecución; lo cual complica la eficacia de la política.

 

En otras palabras, si el BCRA primero hubiera subido la tasa y recién después hubiese devaluado, muy probablemente hoy en día se necesitaría un incremento de tasas inferior al que efectivamente se está requiriendo actualmente. 

 

Hacia fines del año pasado y sin la devaluación que subió el tipo de cambio nominal de $6.8 a $8 por dólar, las expectativas de inflación y de devaluación rondaban entre el 30% y 34% anual; respectivamente. 

 

Sin embargo, con la reciente devaluación las expectativas de inflación y devaluación crecieron a 40% y 45%, por ende ahora se necesita subir más la tasa ya no alcanza el 35%.

 

Es decir, no hubo coordinación entre la política cambiaria y la política monetaria. 

 

El BCRA debería haber empezado a subir la tasa primero y más tarde debería haber devaluado, lo cual facilitaba la aplicación de la suba de tasas y apuntalaba la eficacia de la política.

 

Sin embargo, esta falta de coordinación que hubo entre la política cambiaria y la política monetaria no sería insalvable y decisiva. Es más grave la falta de coordinación entre la política cambiaria y fiscal. La devaluación agrava en forma exponencial los problemas que enfrenta la política fiscal, porque genera efectos negativos difíciles de revertir.

 

El primer impacto negativo de la devaluación es el aumento de los pagos de deuda. 

 

La suba del tipo de cambio oficial acrecienta los pagos en pesos de los intereses, las amortizaciones de capital y el tramo nominado en dólares del cupón PBI (que se deberá pagar por haber sobrestimado el crecimiento 2013).

 

Devaluar el tipo de cambio promedio de $5.48 (2013) a $8.5/$9.5 por dólares implica encarecer los pagos de deuda entre un 55% y 73%.

 

Sin embargo, al efecto fiscal negativo sobre los pagos de la deuda hay que agregarle el efecto fiscal negativo más importante de la devaluación, que es la suba de los subsidios económicos (energéticos y al transporte). 

 

Devaluar sin eliminar de los subsidios terminará agravando la crisis cambiaria, porque la suba del dólar oficial se traslada más que proporcionalmente al gasto en subsidios energéticos, aumentando el déficit fiscal, las necesidades financieras y la dominancia fiscal. 

 

Este fenómeno es fácil de entender a partir de la visualización de sus “números”.

 

En la Argentina de 2013 el gasto agregado en energía era financiado en un 67% por el Estado y en un 33% por el sector privado. Esto quiere decir que cada $100 de gasto en energía, el sector público nacional (SPN) pagaba $67 y los privados $33. 

 

Pero como el precio de la energía es valuado en dólares, si el tipo de cambio se deprecia un 50%, la misma cantidad de energía que antes costaba $100 ahora pasará a costar $150. 

 

Sin embargo, sin aumento de tarifa y sin cambios en los niveles de consumo, el sector privado seguirá pagando $33, pero el sector público tendrá que pagar $117 (los $67 de antes más el encarecimiento de $50 producto de la devaluación).

 

Concretamente yendo a los números macroeconómicos y fiscales de Argentina. Sin reducción de subsidios y sin aumentos de tarifas, una devaluación del 55% que lleve el tipo de cambio nominal oficial a un promedio de $8.5 genera un incremento del 73.2% en el gasto de los subsidios energéticos en 2014. Si la depreciación es mayor, el gasto en subsidios energéticos se expande un 96%.

 

En este marco queda claro que sin eliminación de subsidios ni aumento de tarifas, el principal efecto fiscal de una devaluación es generar aumentos de los pagos de deuda e incrementos de subsidios energéticos, lo cual terminará presionando negativamente sobre el resultado fiscal y las necesidades financieras, que podrían aumentar hasta $100.000 millones en comparación con 2013; es decir 28% de la base monetaria actual o a 0.6 puntos porcentuales del PBI.

 

A su vez, como no hay acceso al crédito internacional el aumento de las necesidades financieras será cubierto con emisión monetaria del BCRA, efectivizándose una mayor dominancia fiscal que presionará sobre precios alimentando las expectativas inflacionarias y devaluatorias, lo cual incentivará la pérdida de reservas.

 

El incremento de la inflación tendrá impacto negativo sobre el nivel de actividad, que se resentiría en relación a 2013 y registraría variaciones del PBI negativas en 2014. Con la caída del nivel de actividad se reduciría el empleo y aumentaría la tasa de desempleo. 

 

El incremento de salarios y jubilaciones iría bien por detrás del aumento de la inflación, lo cual afectaría negativamente el poder adquisitivo y el consumo, retroalimentando el círculo vicioso. 

 

En este escenario, el incremento de la recaudación también sería menor a la inflación. 

 

La devaluación sin ajuste fiscal genera procesos inflacionarios que licuan el exceso de gasto público, que es el verdadero origen de la corrida contra las reservas y los problemas cambiarios que en la actualidad enfrenta nuestro país.

 

Pero el ajuste vía precios para licuar las necesidades financieras y la dominancia fiscal del sector público es muy inequitativo, porque afecta negativamente a los asalariados y a los jubilados que ven sus ingresos significativamente deteriorados contra la inflación. 

 

El deterioro del poder adquisitivo del salario y las jubilaciones es la contracara del menor consumo y la caída del nivel de actividad global.

 

En pocas palabras, devaluar sin eliminar los subsidios y subir las tarifas no sólo agravará la actual crisis cambiaria que enfrenta nuestro país sino que afectará regresivamente a la población. 

 

El universo total de trabajadores terminará subsidiando, con la pérdida del poder adquisitivo de su salario y sus jubilaciones, a un pequeño universo de residentes de Ciudad de Buenos Aires, y en menor medida de GBA, que presentan el mayor ingreso per cápita del país.

 

Es más, otra forma de apreciar la regresividad e inequidad de un programa de devaluación sin ajuste de subsidios y sin alza de tarifa es preguntarse: ¿qué ajuste debería hacer el SPN para mantener las mismas necesidades financieras y la misma dominancia fiscal de 2013?

 

Devaluando y sin ajuste fiscal es necesario reducir las partidas de gasto en las cuales se encuentran concentrados los subsidios sociales en términos reales (contra la inflación) entre un 20% y 26% según sea la envergadura de la devaluación. 

 

En definitiva, la caída del nivel de actividad y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios muestra que devaluar sin eliminar los subsidios y subir las tarifas conduce a un ajuste por “las malas” que es nocivo tanto para la población como para la economía.

 

En definitiva, no es agradable pero es imprescindible hacer un ajuste fiscal que reduzca el déficit y las necesidades financieras del sector público nacional. 

 

Un ajuste fiscal del gobierno será más benigno que un ajuste “por las malas” del sistema económico. Sus costos son menores tanto en términos de inflación, como de licuación del salario y reducción del nivel de actividad. 

 

El mejor escenario posible se dará sólo si el Ministerio de Economía elimina los subsidios económicos y comienza a acompañar al BCRA en el programa que la autoridad monetaria ya ha iniciado.