JUBILACIONES HIPOTECADAS

REPARACIÓN HISTÓRICA VS. REFORMA PREVISIONAL

Importante: Jubilaciones hipotecadas, de Badaro a la UVA

No está claro que cambiar la movilidad jubilatoria por un ajuste por inflación tipo la Unidad de Valor Adquisitivo que rige para las hipotecas represente un ahorro fiscal de hasta $100 mil millones, tal como se calcula en las planillas Excel del coordinador económico, Mario Quintana. Pero sí que dará cabida a una rebaja de los aportes patronales equivalente a la proyectada. Seguramente será uno de los ejes del debate que se abrirá en las próximas semanas cuando sea convocada la comisión legislativa, tal como se prevé en la ley de Reparación Histórica, para diseñar un nuevo esquema a regir en los próximos 3 años. Experta en el tema, la pregunta que formuló la diputada massista del Frente Renovador, Mirta Tundis, es clave: "Si el 76% de los jubilados tienen los haberes por debajo de l os $15 mil, ¿cuánto le va a mover un aumento del 3% trimestral a un jubilado?". En cambio, la proyectada reducción de los aportes patronales al sistema previsional sí se hará sentir positivamente en los balances de las empresas y, a la vez, significará una entrada menor a las arcas estatales. Lo mismo que sucederá con el impuesto a las Ganancias de las empresas que bajará del 35% al 25%, transferencia de recursos a los empresarios para ver si se deciden a invertir.

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Los colores en el gráfico indican claramente el tema que plantea el ajuste del gasto público.

"Revisión Integral del Sistema Jubilatorio" es el nombre que le pusieron al recorte de $100.000 millones que impactará, de modo directo, en alrededor de 15 millones de jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), y es el núcleo de la reforma fiscal propuesta por el gobierno tras la reciente victoria electoral. Aunque sin mencionarla, apela a la indexación, tal como también ocurrirá en las negociaciones salariales en ciernes y ya se estableció con la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), a fin de mantener actualizado el valor de la moneda en el repago de largo plazo. El golpe fiscal al sistema previsional pergeñado en la mesa chica que coordina Mari o Quintana no parece contemplar aún al jubilado, su vulnerabilidad y pobreza en la mayoría de los casos, sino que aplica el foco en la necesidad de atacar el desequilibrio de la administradora ANSeS, que frente a ingresos totales por 6,5% del PBI, sumando Contribuciones Patronales (3,9%) y Aportes Personales (2,6%), afrontó erogaciones por 9,1%, lo cual generó un déficit de 2,6% del PBI y en ascenso, según uno de los últimos reportes de la consultora Economía & Regiones. La madre del borrego radica en que más de la mitad (54% ) del gasto público primario que suma $2,4 billones depende de la fórmula de la movilidad jubilatoria que ajusta automáticamente 2 veces al año (marzo y setiembre) y cuya característica, fijada por la Corte Suprema de Justicia en 2009 para intentar regular la catarata de juicios que entran anualmente a los tribunales para aplicar la famosa cláusula Badaro en los aumentos, es que pondera un 'mix' de variables, tal como la evolución de los salarios de los trabajadores y el aumento de la recaudación de los recursos tributarios que, en parte, se destinan a la ANSeS para el pago de las jubilaciones (es dinero del IVA, Ganancias y otros tributos, que se complementa con el proveniente de aportes y contribuciones). En los 8 años que lleva de aplicación, la denominada movilidad jubilatoria deparó 1.050% de incremento en los haberes mínimos mientras, en igual lapso, el índice de inflación del Congreso subió 870%. Es decir que hubo 180 puntos de diferencia real a favor de la cláusula alternativa al trampolín judicial que fue el 'fallo Badaro'. O sea que los jubilados del monto mínimo cobraron 20% más que si hubieran ajustado por inflación, tal como propone ahora el gobierno. Pero como este sistema de ajuste de haberes constituye uno de los obstáculos para una "gradual" reducción del tamaño del gasto público en relación al PBI -promesa de los ex CEOs avenidos a tecnócratas de la Jefatura de Gabinete-, esa fórmula basada en la historia que determina el porcentaje de ajuste de las prestaciones como alternativa a medidas más conflictivas como el estiramiento de la edad jubilatoria (tampoco descartado), fue situado en el ojo de la tormenta. Las planillas Excel en las que se volcó la evolución de los haberes mostraron que cuando la inflación sube las jubilaciones pierden, tal como ocurrió en 2014 y 2016, y a la inversa, cuando la inflación se desacelera, como meses atrás, las jubilaciones se ponen por encima de los precios. Chocolate por la noticia: fue el efecto estadístico del comportamiento salarial producto de las paritarias que se observó entre las PASO de agosto y las elecciones de medio término del 22/10. A partir de 2018, la prevista alza de 3 puntos en el PBI contribuye a reforzar la base de cálculo y, si se toma como ejemplo el reciente ajuste de 13,32% fijado para septiembre, queda claro que se enganchó con los aumentos de salarios del 1er. semestre de 2017. En la determinación de la tasa de movilidad de marzo, el crecimiento de la economía agregará su incidencia en las variaciones de salarios e ingresos del 2do semestre en marcha y de cambiarle la fórmula por un mero ajuste por inflación dependerá que a los administradores de las haciendas públicas le cierren las metas fiscales previstas en el Presupuesto 2018 ya ingresado en el Congreso. Aportes patronales Por de pronto, la modificación de la contribuciones patronales afectará de lleno la ecuación, ya que restará ingresos al imponer un mínimo no imponible de $ 12.000 que se traduce en que por todos aquellos trabajadores que tengan sueldos inferiores a dicho monto no se deberá pagar contribuciones (de aprox. el 23%). Y por todos aquellos que tengan sueldos superiores a $ 12.000, se pagará por la diferencia. La idea sería que el efecto empuje a un blanqueo que se nutra del alto grado de informalidad que presenta el mercado laboral y la AFIP no ha logrado “meter en el radar”. Pero, en lo concreto, el beneficio proyectado por el Ejecutivo que contempla la reducción de las contribuciones en materia previsional alcanzará a todas las empresas y será ascendente, aunque sin afectar las cargas por obras sociales, seguro de ART y PAMI, que insumen 59% del gasto primario. Para el caso de los empleadores cuya actividad principal sea la locación y prestación de servicios, las alícuotas correspondientes a las contribuciones irán de 21% (desde 2018), 20,50% (2019), 20% (2020) y 19,5% (desde 2021), en tanto que par a el resto serán de 17% (2018), 17,5% (2019), 18% (2020) y 18,5% (2021). Desde 2022 en adelante la alícuota será de 19%, 2 puntos menos que la actual. La inquietud política que produjo la iniciativa de afectar las jubilaciones motivó una reunión informativa entre el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el coordinador Mario Quintana, y un grupo de legisladores del oficialismo, que no terminan de digerir una propuesta que, en el fondo, significa sacarles a los jubilados para darles a los empresarios. El ex titular de la ANSeS y diputado del Bloque Justicialista, Diego Bossio, le marcó la cancha al oficialismo sobre lo que hará la oposición, por ahora fragmentada, ante una eventual “modificación de la ley de movilidad jubilatoria” que pueda “afectar negativamente a millones de argentinos”, si bien no descartó que se haga un análisis serio de la propuesta de reforma previsional que impulsa el Gobierno. “El tema de la movilidad jubilatoria es para verlo con mucho detenimiento; recordemos que esa ley nace por un reclamo de la Corte Suprema para incorporar movilidad a las jubilaciones, en marzo 2009 se aplica por primera vez y solo en dos ocasiones estuvo por debajo de la inflación”, rememoró. Señaló que “ha sido una buena herramienta, que ha funcionado, que ha sido transparente y, excepto dos veces -una en 2014 y otra 2016- siempre ha sido beneficiosa para los jubilados”. Consultado por radio Continental sobre el proyecto de ajustar las jubilaciones cada 3 meses según la inflación, Bossio recordó que se trata de “un índice que ha ganado credibilidad, que la sociedad lo conoce, que refleja los aumentos de crecimiento, con lo cual hay que ser muy cuidadosos y muy criteriosos en este tipo de cosas porque entendemos que puede afectar a millones de argentinos”, aseguró e insistió: “Yo no voy a permitir que haya una modificación de esa ley que afecte a los jubilados”. ANSeS abarca mucho más que jubilaciones La seguridad social se “lleva” cada vez “más”, ya que las erogaciones de la ANSeS son las mayores del Estado Nacional. En el Proyecto Presupuesto 2018 representan un aumento de 12 p.p. contra 2016 (47%) y el gasto social llegó al récord del 75% de acuerdo con lo dicho por Peña. Pero ANSeS no sólo paga jubilaciones. A su cuenta se cargan el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que en 2016 gastó $+158.085 millones financiando el PRO.CRE.AR, préstamos a beneficiarios del SIPA, préstamos a Provincias y déficit fiscal, lo cual equivale casi al 30% de las jubilaciones ($572.659 millones) y es un +47% superior al pago de Asignaciones familiares y AUH ($107.628 millones). Alertaba la consultora Economía & Regiones que “en este marco, el déficit fiscal y la presión tributaria difícilmente bajen “en serio” y en forma creíble y sostenible todo lo que nuestra economía necesita si no se aborda la problemática (primero y principal) de la seguridad social y (en menor medida) del empleo público”. En otros términos, que sin cambios de fondo en el gasto previsional y salarial del Estado, “lo más prudente sería no esperar ni una significativa reducción del déficit fiscal, ni de los impuestos, tampoco elevadas tasas de crecimiento. En consecuencia, lo más oportuno sería encarar planes de negocios conservadores con niveles de inversión moderados, lo cual retroalimenta el círculo de bajo crecimiento (empleo)”. La jubilación estatal tiene 4 problemas: i) está expuesto a las presiones políticas (caja política); ii) es una estafa intergeneracional; iii) es un fraude a los aportantes y beneficiarios; y iv) atenta contra la inversión, productividad, crecimiento, creación de empleo y el poder adquisitivo del salario. El sistema jubilatorio de reparto debería desaparecer. La jubilación estatal de reparto nació como una estafa de la corporación política. En Prusia, Otto von Bismarck (1889), creó el sistema, fijando la edad de jubilación en 70 años cuando la esperanza de vida era de 35 (hombres) y 38 (mujeres) años, lo cual brindó una “cuantiosa” caja a la “política” alemana. En Argentina, las cajas jubilatorias financiaron cualquier “cosa” menos jubilaciones. De hecho, en 2016 el FGS del ANSeS gastó $158.085 millones financiando PRO.CRE.AR, préstamos a beneficiarios del SIPA, préstamos a Provincias y déficit fiscal, lo cual equivale casi al 30% de las jubilaciones ($572.659 millones) y es un +47% superior al pago de Asignaciones familiares y AUH ($107.628 MM).