RECONSTRUYENDO LA ARGENTINA Orden no es Ajuste: Ni costos de provincias ni subsidios raro

 

RECONSTRUYENDO LA ARGENTINA Orden no es Ajuste: Ni costos de provincias ni subsidios raros El Estado Nacional destina 2,8% del PBI a financiar subsidios y 2,5% a pagar lo que es de Provincias. Eliminar eso es Orden Fiscal (y superávit).

Provincias y Nación en desorden: las monedas ya no sirven ni existen..

En un Estado federal, Nación no asume costos de Provincias ni Municipios, con la excepción de emergencias, o sea por un tiempo definido. Y los subsidios no pueden resultar eternos, debe saberse quién los paga y tener un fundamento de equidad. Por ejemplo, subsidios a los habitantes del GBA, priorizándolos respecto de los otros usuarios / consumidores de la República, no tiene goyete. Asumir costos de provincias y municipios tampoco es una medida permanente porque es una agresión al concepto de federalismo, que se encuentra en el origen de la Argentina. A esto se le llama Orden Fiscal. Imposible de realizar durante una campaña electoral pero imprescindible para reorganizar la República. Es muy interesante el esfuerzo del centro de es tudios Idesa para instalar el concepto. Por supuesto que es parte de una batalla cultural que debe modificar la estructura del gasto público y que debería concluir con un Presupuesto Base 0. Es difícil anticipar si alguna podrá obtenerse una nueva Ley de Coparticipación Federal pero, de todos modos, la Nación tiene herramientas para Ordenar sus números y alcanzar el superávit fiscal. Esto debe ser un objetivo permanente. La única forma de reducir el bimonetarismo creciente de la decadencia argentina es devolverle valor a la moneda propia, y el primer paso al respecto es obtener un superávit fiscal permanente. La consecuencia de esto será, además, bajar la inflación. Es imposible imaginar una sociedad sustentable sin un superávit fiscal que surgirá de un Orden Fiscal, que los defensores del Desorden y la Prebenda lo llaman Ajuste. Hay una simplificación espantosa en las ideas que provoca que al Blanco se le llame Negro. Aclarado esto, vamos al nuevo texto de Idesa sobre el tema del Orden Fiscal: Una Nación no puede organizarse en base al abuso permanente y la extorsión de la Nación. El federalismo no es esto. Inflación y Ajuste Ante la aceleración inflacionaria producto del descalabro fiscal aparece como inevitable, aunque muy resistido, un fuerte ajuste fiscal. El camino alternativo para equilibrar de manera sustentable las cuentas públicas, y simultáneamente mejorar la gestión pública, es abordar un ordenamiento integral del Estado. La crisis económica se profundiza. Muy alta inflación con caída en la producción, junto con el Banco Central vendiendo dólares que no son propios, saldo de exportaciones menos importaciones negativo en USD 1.700 millones mensuales, masiva emisión de pesos, récord de Leliq y cepo cambiario en niveles extremos. Más allá de todas las aristas que debe contemplar un plan para estabilizar la economía, se sabe que lo central es eliminar el déficit fiscal. Esto lleva recurrentemente a plantear como inevitable el "ajuste" fiscal. No hacer nada lleva inexorablemente a que la inflación haga el "ajuste". Es decir, que un fuerte aumento de precios licue gastos y deudas. También cabe la posibilidad de tomar medidas explícitas, por ejemplo, manipular la movilidad previsional, congelar salarios e inversiones, aumentar (o no reducir) impuestos. Ambas estrategias permiten bajar transitoriamente el d éficit financiero, a costa de aumentar los déficits de gestión pública y el sesgo anti-productivo. El camino alternativo es abordar un ordenamiento integral del Estado que permita el equilibrio fiscal con un clima favorable para expandir la producción y mejorar la situación social. Para ilustrar la diferencia entre Ajuste y Ordenamiento sirve observar la composición del gasto público nacional. En el año 2022 el gasto primario de la Nación ascendió a 20,3% del PBI y se distribuyó de la siguiente manera: En funciones estrictamente nacionales (seguridad social, universidades, obra pública interprovincial y de funcionamiento) se gastó el 15% del PBI. En subsidios económicos (energía, transporte y otros) se gastó 2,8% del PBI. En funciones provinciales (salud, educación, vivienda, urbanismo y asistencia social) se gastó 2,5% del PBI. Estos datos muestran que, si el Estado nacional se concentrara solamente en las funciones que le corresponden, aparece un amplio espacio fiscal (5,3% del PBI) para reducir el gasto público nacional. Cabe tener en cuenta que los subsidios económicos deben tender a desaparecer junto con el fortalecimiento de las tarifas sociales, que, como el resto de la política social (salud, educación, vivienda, urbanismo) son responsabilidad de las provincias -y sus municipios- por imperio del régimen federal adoptado por la Constitución. Este ordenamiento funcional del Estado tiene que ir acompañado del ordenamiento tributario. Tender a que el financiamiento de las provincias se centre en el IVA (que absorba Ingresos Brutos y tasas municipales) y un impuesto al patrimonio (que surja de unificar Bienes Personales, inmobiliario y automotor). Mientras que la Nación se financie con un impuesto a los ingresos personales (aportes a la seguridad social y ganancias de las personas humanas), ganancias de las empresas, aduana y contribuciones patronales. Cada provincia debe hacerse cargo de sus gastos y cada municipio también. Cada usuario debe asumir sus costos. Esto permite un Orden. Luego, con la estructura impositiva se reasignará los flujos de riqueza. Este esquema permite derogar la Ley de Coparticipación ya que la regla general pasa a ser que cada jurisdicción se sostiene con sus propios impuestos. Para contemplar la situación de las provincias más pobres del norte es necesario asignar solidariamente recursos a un Fondo de Convergencia que les garantice el actual nivel de financiamiento pero condicionado a un plan que active su desarrollo. Este plan debería priorizar inversiones estratégicas en lugar de financiar la expansión del empleo público improductivo y los gastos clientelares, como hoy incentiva la coparticipación. Si el próximo gobierno prioriza estabilizar la economía en base a un plan de "ajuste" fiscal las probabilidades de fracaso son altas. La razón es que el "ajuste" fiscal, al pasar por alto que el Estado padece de severas deficiencias organizativas, mantiene (en algunos casos aumenta) las barreras al desarrollo. Entre las más importantes, la compleja e irracional conformación del sistema tributario, los incentivos perversos que genera la coparticipación y las ineficiencias que generan los solapamientos entre los tres niveles de gobierno. El "ajuste" puede reducir el déficit, pero no remueve las trabas al desarrollo. Un planteo más sensato e s revisar integralmente la organización del Estado. El objetivo es lograr equilibrio fiscal (paso imprescindible para eliminar la inflación) con un entorno más favorable para la inversión, la generación de empleos de calidad y el mejoramiento en la gestión de los servicios sociales a cargo del Estado.