IDESA: En Argentina 7 de cada 10 pobres viven en el interior.
La campaña electoral se caracteriza por escasos contendidos
sustanciales y mucho de exaltación de la propia imagen con alusiones o
embates de ironías que descalifiquen la figura del candidato contrario.
Se trata de un hecho paradojal y socialmente muy costoso a la luz de la
enorme cantidad de distorsiones acumuladas que condicionan el futuro del
país. La principal consecuencia es que se pierde la oportunidad que
brindan las elecciones para abordar temas verdaderamente
trascendentales, algo que en democracias maduras es motivo central de
las campañas electorales.
Aunque las elecciones son de alcance nacional, una característica
preponderante de esta campaña electoral es que la mayor parte de los
espacios de discusión y comunicación pública son monopolizados por los
candidatos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Esto
naturalmente lleva a que las visiones y los intereses de la región
metropolitana tomen preponderancia en desmedro del interior del país.
La deformación asociada con este fenómeno electoral es profunda y
queda explicitada cuando se considera, por ejemplo, la distribución
geográfica de la pobreza. Según datos oficiales del INdEC, los hogares
más pobres del país se distribuyen según la siguiente disposición
regional:
• Un 3% de los hogares más pobres vive en la Ciudad de Buenos Aires y otro 26% vive en el conurbano bonaerense.
• Un 32% vive en las capitales de provincia del interior del país y Rosario.
• 39% vive en pequeñas ciudades y pueblos del interior de las provincias.
Estos datos oficiales muestran que, del total de hogares pobres, el
71% se ubica en el interior del país, ya sea en la capital de una
provincia o en pequeñas ciudades o pueblos del interior de las
provincias. Sin embargo, el debate electoral es acaparado por políticos
de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. La principal
consecuencia de esta contradicción es que no aparecen tratados en su
justa importancia temas centrales para la calidad de vida de una gran
cantidad argentinos que viven en el interior y que enfrentan situaciones
de privaciones y vulnerabilidad mayores a los de la región
metropolitana.
Un ejemplo concreto de esta contradicción emerge con el
abordaje de la inflación. Es casi unánime, entre los candidatos de la
Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, el cuestionamiento a
la manipulación de los índices de precios y el rechazo a seguir
erosionando el poder adquisitivo de los hogares mediante la inflación.
Sin embargo, casi nada se dice sobre los orígenes de la inflación, que
es la emisión monetaria asociada a un enorme déficit fiscal causado
fundamentalmente por los subsidios económicos; subsidios que en el año
2013 van a alcanzar la suma a los $140 mil millones. Mucho menos se
cuestiona que estos subsidios sean gastados mayoritariamente en
beneficio de Buenos Aires, donde el 55% corresponde a subsidios al
consumo de energía, 28% a subsidios al transporte y 14% a los déficits
de las empresas estatizadas.
Hablar en contra de la inflación sin cuestionar los subsidios
económicos es una grosera hipocresía. Hipocresía porque se exalta
discursivamente la preocupación por la pobreza pero luego se promueve,
con la acción o la omisión, el crecimiento de estos subsidios que van
fundamentalmente a favor de los votantes de la Ciudad de Buenos Aires y
el conurbano bonaerense. Sincerar el debate sobre la inflación exige
hablar del sinceramiento de las muy bajas tarifas de servicios públicos
que pagan los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.
Caso contrario, se seguirá con el absurdo de que quienes viven en el
interior, además de pagar altos impuestos y el costo pleno de sus
servicios públicos, deben afrontar con mayor inflación el gasto en
servicios públicos de los habitantes de Ciudad de Buenos Aires y el
conurbano bonaerense.
Los ciudadanos del interior ya comenzaron a asumir el “ajuste”.
Sufren la alta inflación y reciben migajas de los beneficio de los
subsidios, que son el principal factor generador de la inflación.
Mientras no entren en debate estos temas, que demuestran la
insostenibilidad de las políticas que se vienen aplicando en los últimos
años, no hay posibilidad de imaginar un proceso de progreso social
sostenido e inclusivo de todos los habitantes del país.
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