El Gobierno limita la atribución de provincias para tomar nueva deuda
Desde el Palacio de Hacienda esperan que la reunión ampliada que tuvo lugar el jueves último en esta ciudad sea, con suerte, la anteúltima, y que en el próximo encuentro del Consejo Federal para la Responsabilidad Fiscal, que tendrá lugar en agosto, queden completamente determinados los lineamientos de la nueva ley. Las ideas principales ya fueron consensuados con las provincias, pero todavía restan debates sobre cómo quedarán redactados todos los artículos. Una de las opciones que estudia Hacienda es enviar la nueva norma al Congreso junto al Presupuesto 2018, aunque esperan que las provincias ya aprueben sus propios presupuestos provinciales bajo los lineamientos de la nueva ley que, básicamente, son: el congelamiento en términos reales del gasto público (es decir, que se actualicen sólo por la inflación del nuevo IPC nacional), límite de 15% de servicios de deuda medidos contra los recursos corrientes y la tendencia hacia el equilibrio fiscal de todas las jurisdicciones de acá a 2019.
Uno de los "beneficios" que las provincias habían demandado el año pasado y el Poder Ejecutivo otorgado era la posibilidad, para las jurisdicciones sin rojo fiscal, de poder acceder al mercado de deuda sin necesidad de pedir autorización al Palacio de Hacienda. Según explican desde esa cartera, ninguna de las pocas provincias que tiene sus cuentas fiscales ordenadas (San Juan, Santa Fe, Córdoba, entre otras pocas), hizo uso de ese derecho, acordado durante el comienzo de las negociaciones el año pasado y agregado como "adenda" por el Congreso cuando se aprobó el presupuesto de este año.
Las únicas tres jurisdicciones que actualmente se mantienen por fuera del debate por la nueva ley son San Luis y La Pampa por un lado, siempre reticentes a la discusión de este tipo de acuerdos marco (más allá de que sus cuentas públicas no son las que tienen los peores desempeños) y la Ciudad de Buenos Aires.
Una posibilidad que sí mantendrá el texto de la nueva ley será el "neteo" de ciertos gastos de la cuenta total de erogaciones. De esta manera, las provincias podrán "eliminar" del conteo de gastos aquellos que provengan de la financiación de organismo internacionales, principalmente, ya que "tienen condiciones muy ventajosas" para el deudor, consideraron desde Hacienda.
De acuerdo a fuentes nacionales, el criterio para evaluar trimestralmente el desempeño fiscal de las provincias será tomando en consideración la inflación que marque el nuevo IPC nacional, aunque para permitir la actualización de gastos por inflación se tomará como referencia "las pautas macrofiscales" oficiales. Según las pautas de este año publicada por la Nación, para 2018 la inflación prevista está a tono con la proyecada desde el Banco Central: es decir en un rango de entre 8 y 12%.
Fuente: Diario BAE
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