IDESA: EL FRACASO DEL SALARIO MÍNIMO

La semana pasada, datos del Indec revelaron que la mitad de la población argentina ocupada vive con menos de $10.000 por mes. El ingreso medio se ubica en $9.509. En esa línea, el último trabajo del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) completa el panorama y afirma que 1 de cada 4 trabajadores gana menos del salario mínimo. Además, la gran mayoría, 9 de cada 10, son personas que trabajan en la informalidad, sea porque su empresa no las registró o porque son cuentapropistas que no cumplen con sus obligaciones tributarias y previsionales. Así las cosas, fijar un salario mínimo pierde relevancia.

URGENTE24

El nivel de cumplimiento del salario mínimo legal según Idesa

Según el Indec, la mitad de la población argentina gana menos de $10.000 por mes. Además, la desigualdad social casi no se redujo: de acuerdo al índice de Gini, la distribución de la riqueza en el país casi no cambió con respecto al año pasado. Seis de cada diez habitantes con trabajo no alcanzaban a superar con sus ingresos individuales el costo de la canasta básica total, condición que también enfrentaban el 40% de los hogares, indicó el Instituto de Estadísticas. En ese contexto, el último trabajo del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) completa el panorama y afirma que 1 de cada 4 trabajadores gana menos del salario mínimo, pero advierte que “la discusión en torno a la actualización del salario mínimo legal no llegó a un acuerdo. El problema no es la falta de capacidad de consenso sino que, ante los muy bajos niveles de productividad vigentes, el salario mínimo no es una herramienta eficaz para sacar a la gente de la pobreza. En lugar de seguir embarcado en controversias estériles, el Consejo del Salario Mínimo debería abordar la modernización de las instituciones laborales y educativas”.    Siguiendo con la última reunión fallida del Consejo del Salario, Idesa recuerda que el Gobierno decidió fijarlo el sueldo mínimo aplicando un incremento del 24%, llevando gradualmente el valor del salario mínimo legal desde $8.060 a $10.000 mensuales en julio del 2018, monto que es rechazado por la CGT por considerarlo insuficiente. “A modo de referencia, con el aumento, el salario mínimo legal apenas cubriría hoy el 68% de la canasta básica (que el INDEC estima en $14.666 por mes para una familia tipo) y la cobertura será bastante más baja en julio del año que viene”, ejemplifica el Institutoque l uego se pregunta: “¿Ayudaría un monto mayor del salario mínimo a cumplir con el objetivo de reducir la pobreza? Para responder a este interrogante resulta pertinente apelar a los datos de la encuesta de hogares del INDEC. Según esta fuente se observa que: El 23% de los trabajadores privados tiene ingresos inferiores al salario mínimo legal. De éstos, el 11% son asalariados privados registrados. El 89% restante se distribuye en proporciones similares entre asalariados privados no registrados y cuentapropistas. El informe de Idesa prosigue así: Estos datos muestran que, aun con un monto de salario mínimo legal muy inferior a la línea de pobreza, muchos trabajadores no llegan a generar remuneraciones equivalentes o superiores. Prácticamente 1 de ca da 4 trabajadores privados gana por debajo del salario mínimo legal. Pero la evidencia mas sugerente es que la gran mayoría, 9 de cada 10, son personas que trabajan en la informalidad, sea porque su empresa no las registró o porque son cuentapropistas que no cumplen con sus obligaciones tributarias y previsionales. Este cuadro de situación demuestra que el problema no se origina en la falta de capacidad para consensuar un monto del salario mínimo legal adecuado sino que, con los actuales niveles de productividad, el salario mínimo no sirve para alcanzar los objetivos que se persiguen con él. Peor aún, una suba más agresiva probablemente induzca aumentos en la informalidad laboral que potenciarán su incapacidad para reducir la pobreza.  Estas debilidades del salario mínimo se originan en la conformación productiva y laboral preval eciente desde hace décadas en la Argentina. Los bajos ingresos de muchos trabajadores están asociados a muy reducidos niveles de productividad. En la mayoría de los casos se trata de pequeñas empresas o emprendimientos unipersonales que subsisten gracias a la informalidad, es decir, al incumplimiento de las normas (incluida la que fija el salario mínimo legal). Esta realidad no se va a revertir aumentando el salario mínimo o fortaleciendo los controles para forzar a que se cumpla sino con un cambio de enfoque en las estrategias de políticas publicas. Planteado el problema de esta manera, la función del Consejo del Salario Mínimo migra desde su rol actual –discutir de manera inconducente montos del piso de la remuneración asalariada– a abordar la frondosa agenda de políticas que dé sustento a un proceso de aumento sostenido de la productividad. Esto incluye acciones para multiplicar las inversiones, aumentar la cobertura de l a educación y mejorar su calidad y pertinencia con el mundo del trabajo y, fundamentalmente, simplificar la legislación laboral y reducir la litigiosidad laboral y el peso de las cargas sociales en los bajos salarios. Cualquier consenso en estos temas garantiza un avance hacia la meta de estimular el empleo de calidad. Esta es la manera de darle oportunidades a la gente para que no solo salga de la pobreza sino que en base a su esfuerzo pueda ser artífice de su propio progreso.