ECONOMÍA & REGIONES: ENDEUDAMIENTO Y GASTO PÚBLICO

GRAVE DÉFICIT DE LA ADMINISTRACIÓN MACRI Endeudarse no es solución y hay que bajar el gasto público La Administración Macri prometió resolver el gravísimo problema fiscal heredado de Cristina Fernández de Kirchner pero ni siquiera ha conseguido un acuerdo interno acerca de cómo afrontarlo. La sociedad argentina eligió hace tiempo no castigar el exceso de gasto público aunque luego se queja tanto por los impuestos elevados como por la inflación. El escenario resulta incongruente pero los de Mauricio Macri no han encarado un debate en profundidad y lo pretendía maquillar con la subejecución de obra pública y el recorte del subsidio a las tarifas públicas (algo bastante discutible porque en muchos lugares del mundo se subsidia a los usuarios). El problema crece en vez de acotarse, mientras el jefe de Gabinete de Ministros (Marcos Peña) sigue afirmando que cumplirán la promesa de bajar el déficit fisca l a 4,8% del PBI (no es fácil), y la consultora Economía & Regiones envió una grave advertencia al respecto:

Potencial impacto negativo de mayor déficit 2017 sobre inversión y crecimiento. (Economía & Regiones)

El 1° de marzo  pasado, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el presidente Mauricio Macri hizo un diagnóstico certero del problema macroeconómico de Argentina: su origen es estrictamente fiscal.  El exceso creciente de gasto público produjo un sostenido y exponencial aumento del déficit fiscal que, a ser financiado mayoritariamente con emisión monetaria, destruyó el balance de la autoridad monetaria (aumento de la deuda del Tesoro con el BCRA) generando un sostenido incremento del nivel general de precios y aceleración inflacionaria con contrapartida de depreciación cambiaria Justamente, los problemas fiscales que enfrenta Argentina son los causantes de la escasez de inversión, la falta de generación de empleo y el estancamiento económico con elevada inflación; es decir la estanflación.   Por un lado, la inflación, al atentar contra el cálculo de precios relativos, retornos y rentabilidades, impacta  negativamente contra la inversión y el crecimiento. Paralelamente, los problemas cambiarios también impiden el cálculo de rentabilidades y retornos,  y en consecuencia también deprimen la inversión y el crecimiento.  La estanflación, que cumplirá 5 años en 2016, tiene origen estrictamente fiscal. A medida que  aumenta el déficit y se acumulan resultados fiscales negativos  financiados con emisión monetaria, la inflación gana fuerza y el crecimiento económico se diluye hasta desaparecer. En este marco y pensando en el impacto negativo de la inflación sobre la inversión y el crecimiento, el gobierno de Cambiemos ha decidido sustituir (en parte) financiamiento vía emisión monetaria con financiamiento vía endeudamiento.   Sin embargo, financiar déficit con deuda (no con emisión) no soluciona los problemas de fondo, sino que tan sólo consiste en un “parche” circunstancial que puede tener resultados parcialmente positivos sobre el crecimiento sólo en el coro plazo. A la larga, no bajar el déficit fiscal y financiarlo con deuda termina castigando indefectiblemente la inversión y el crecimiento en el  mediano y largo plazo porque aumenta el riesgo país encareciendo el costo de capital.   Y si el costo de capital aumenta, ya sea por incremento de riesgo país o por suba de tasa libre de Riesgo, no bajar el déficit fiscal implica que el financiamiento vía emisión del BCRA puede  volver al centro de la escena, obstaculizando (alimentando) el descenso (aumento) de la inflación.  En este marco, no hay que esperar un rebrote ni de la inversión, ni del crecimiento económico. En pocas palabras, hay que bajar el déficit fiscal en forma creíble y sustentable si se pretende bajar la inflación hacia los estándares regionales impulsando la inversión privada, la generación  de empleo y el crecimiento económico.  Por el contrario, sin bajar “en serio” el déficit fiscal sólo habrá  un rebote circunstancial de corto plazo en el nivel de actividad liderado por el consumo, no por la inversión. Es decir, sin bajar el  déficit fiscal el PBI crecería en torno a +2.5%/3.0% en 2017 de la mano de la apreciación cambiaria, el aumento del poder adquisitivo en dólares y el consumo.  Pero sólo sería un rebote de corto plazo que, al no estar impulsado por la inversión, no generaría puestos de trabajo, ni aumentos de productividad; pilares del crecimiento sustentable de largo plazo. En este marco, el nivel de actividad probablemente continuaría atado al ciclo político con años impares de crecimiento moderado, que sirve para obtener resultados electorales, y años pares con la macroeconomía ajustando. 2 alertas fiscales   De acuerdo con nuestro análisis y según hemos explicado en numerosas oportunidades, reducir el peso del gasto público en relación al PBI y bajar el déficit fiscal no es contractivo sino todo  lo  contrario;  es expansivo.  Un sector público más pequeño y un déficit fiscal más bajo implican  menos impuestos, costo de capital más bajo y menor inflación, contribuyendo positivamente a un  proceso  de  crecimiento  liderado por la oferta agregada y apuntalado sobre la inversión. La expansión de la oferta expande el nivel de ingreso y contribuye a bajar la inflación y, al generar  empleo, expande el consumo, la inversión y la demanda agregada.   Sin embargo, el gobierno prefirió el gradualismo a las reformas fiscales de fondo. Para peor, el gradualismo puesto en práctica no sólo fue un fracaso en términos fiscales, sino que terminó  generando la sensación de un mega‐ajuste (que no fue tal) en la ciudadanía.   En este contexto, el ajuste fiscal gradual de los primeros cuatro meses del año fue dejado de lado; y en su lugar apareció una política fiscal expansiva netamente keynesiana financiada con  deuda, a través de la cual se procura estimular el consumo y la demanda agregada.  La reparación histórica a los jubilados y la obra pública pasaron a ser el centro neurálgico de la política económica  reactivadora del  gobierno, que tiene como principal objetivo obtener un buen  resultado electoral en 2017.  En este marco y de acuerdo con nuestro análisis, la meta de déficit fiscal primario de 2016 (-4,8% del PBI) no es de sencillo cumplimiento y es probable que se recurra a alguna ingeniería contable para poder cumplirla.  Consecuentemente, la meta de déficit fiscal primario para 2017 probablemente sería subida de ‐3.3% a ‐4.0%/‐4.5% del PBI en el Proyecto de Presupuesto 2017.     Para peor, al escenario de falta de ajuste fiscal de los primeros 7 meses del año, ahora hay que sumarle el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que detiene la suba de tarifas de gas residencial, incrementado el gasto en subsidios económicos.   El costo fiscal de este fallo de la CSJN se estima en entre $10.000 y $20.000 millones, cifra que no cambiaría la factibilidad de cumplimiento de la meta fiscal de déficit fiscal primario de ‐4,8%  para  2016.  Además, hay que tener en cuenta que el gobierno recibirá ingresos extraordinarios provenientes del blanqueo y tiene la capacidad de administrar discrecionalmente parte de la obra pública y las resoluciones del plan de Reparación Histórica a los jubilados.  Más allá de la potencial  discrecionalidad que puede tener el gobierno para devengar y pagar gastos, el resultado fiscal de  julio prende luces de alerta sobre las cuentas públicas.