EL FUTURO DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA

El pasado 22 de noviembre de 1949, el decreto 29.337/49 del entonces presidente, el General Juan Perón, suspendió el cobro de los aranceles universitarios con carácter retroactivo al 20 de junio de ese año.

En la propia fundamentación del Decreto ‘‘el engrandecimiento y el auténtico progreso de un pueblo estriba en gran parte en el grado de cultura que alcance cada uno de los miembros que lo componen’’. Allí, sencillamente, desmitificaba, con dichos y hechos, una de las grandes acusaciones históricas al peronismo: que quiere ignorantes para poder manejarlos a su antojo.

Y no hizo falta más que eso: el General Perón, siempre sencillo, y con breves palabras, dejó en claro que quería un pueblo formado y para ello, en la siguiente hoja del escueto decreto, legisló que ya nadie más debía pagar para acceder a la educación superior.

Eso llevó a que la Universidad se llene de hijos de trabajadores, y que hoy, a 70 años de semejante hito de la educación, la política pública y el concepto de soberanía nacional que instauró su Gobierno, seguimos con tasas, en las Universidades del Conurbano específicamente, de entre 70% y 85% de estudiantes que son primera generación de estudiantes y graduados universitarios de sus familias. El que aquí escribe es un enorgullecido miembro de ese porcentaje.

Como resultado de la sanción de la gratuidad, la matrícula estudiantil universitaria aumentó exponencialmente: mientras en 1945 había 47 mil estudiantes, para 1950 ya eran 80.445 y para 1955 eran 138.317. Hasta ahí llego el amor del liberalismo, que no soportó más que los pobres podamos ser, por ejemplo, ingenieros, y terminó con el Gobierno Constitucional vigente. Pasaron 70 años pero esta política pública que apostó, una vez más, a ser un país con gloria o un granero colonial, nos deja en el 2019 con datos abrumadores: En instituciones como la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), el 94,2% de los estudiantes tiene padres sin estudios universitarios finalizados; en la UNM la cifra  es de un 91%, en la UNTreF, del 74% y en la UNAJ, del 83%.

Pero esto no basta: el Decreto no debe entenderse como un claustro cerrado, sino como un legado. Un legado que la comunidad, y todos los que nos hemos beneficiado de poder estudiar una carrera universitaria sin pagar arancel, debemos levantar como bandera. Es imprescindible extender y complementar el concepto de Gratuidad que inventó Perón, y que fue sin duda, la gran deuda de la Reforma de 1918, que nos dejó una Universidad cogobernada, sin clero y con libertad de cátedra, entre otros principios.

Y reforzar la Gratuidad es ir por más, y no por menos como plantea, aun hoy en día, el liberalismo: el Estado debe solventar el impacto fiscal de las políticas públicas que debe implementar para rodear al Decreto y engrandecerlo gravando la renta financiera y las explotaciones con obscenos márgenes de rentabilidad y destinar ese dinero a becas, transporte gratuito real, actualizado y eficaz, bibliografía gratuita y cualquier otra medida que ayude a que lo que logró Perón, que es que podamos entrar, tenga sentido y podamos quedarnos. Quedarnos para siempre.

Deudas y desafíos

Se cumplen 70 años de vida de la Gratuidad de la Enseñanza Universitaria, y el desafío es eliminar la deserción, con cifras brutales en los primeros meses y años de cursada, y aumentar sideralmente la tasa de graduación sin bajar la excelencia académica exigida. Debemos, también, dirigir la mayor cantidad de recursos a las carreras estratégicas para el proyecto nacional que definamos, fomentar la formación de nuevas carreras para los nuevos empleos que ya llegaron, desincentivar las carreras tradicionales con mercados laborales agotados que nos generan futuros profesionales desempleados en detrimento de la macroeconomía, e impulsar el desarrollo de nuevas currículas y mejores sistemas de inscripción para seducir a nuestros jóvenes a que se formen en carreras estratégicas para contribuir al glorioso futuro de esta Nación.

Debemos repensar el futuro de la Universidad Pública como tal, siempre respetando su autonomía, debemos convertirlas en verdaderas usinas de pensamiento y productoras de graduados con excelencia académica y un fuerte compromiso social con su comunidad, el debate está en el aire y la evaluación de las problemáticas también: no queremos islas, queremos educación superior con gratuidad absoluta que garantice que quienes la adquieran, es decir, todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, reciban su título e inmediatamente sean parte de la economía formal y también de la comunidad organizada, esa en la que colaboramos todos, no desde la caridad, sino desde la empatía y la conciencia de que el otro es uno mismo en otro cuerpo.