BANCOS: Grandes Ganadores en la Última Década

INFORME DE ECOLATINA

Una primera mirada al sistema financiero local muestra a las claras que fue uno de los de mayor dinamismo, no sólo de la última década sino también en los años recientes, erigiéndose como uno de los grandes ganadores a la hora de realizar comparaciones entre los distintos sectores de la economía argentina.

 

En este contexto se enmarcan los proyectos del gobierno y de parte de la oposición de gravar la renta financiera, así como las medidas recientemente aplicadas por el BCRA para limitar las comisiones cobradas por los bancos, la exigencia de otorgamiento de crédito a tasas reales negativas y la ya aprobada reforma al Mercado de Capitales.

 

Cabe aclarar que la mayoría de estas medidas en esencia no sólo son justificables sino también deseables. Sin embargo, ni el sistema financiero doméstico es tan sólido cuando se lo analiza en detalle, ni el diseño de las medidas y/o proyectos traerían aparejados todos los beneficios que en un principio se supondría, en un contexto de elevada inflación y ausencia de un plan de reforma tributaria integral.

 

Al hacer un balance del sector financiero -y bancario en particular- en los últimos diez años se observaron claros y oscuros. Dentro de las virtudes destacan una creciente participación sobre el PBI, un aumento en el grado de bancarización de la población y una mejor performance de los indicadores de rentabilidad, sustentados en una baja irregularidad de cartera, una considerable liquidez y una significativa reducción del descalce de monedas.

 

Por el lado de los defectos, el plazo de los depósitos del sector privado continúa en descenso, el crédito se centra crecientemente en la financiación del consumo (en contraposición a la inversión), y el stock todavía  es acotado respecto de otros países de la región. Además, tanto el crecimiento del sector como sus indicadores de rentabilidad no son tan favorables como a primera vista muestran las cifras oficiales.

 

Como ejemplo ilustrativo de la performance del sector, basta observar que en 2012 la Intermediación Financiera llegó a representar el 60% del crecimiento del PBI (tomando las cifras del INDEC), con una expansión de casi 20% anual frente a la expansión de 1,9% de la economía en su conjunto.

 

Debido a sus altas tasas de crecimiento, en diez años pasó de representar un 4,5% del VABP (Valor Agregado Bruto de Producción) a un 7,5%, erigiéndose como el segundo sector de mayor crecimiento relativo de la economía (antecedido por Transporte & Comunicaciones).

 

Sin embargo, dicho proceso se concentró entre 2007-2012 , coincidiendo con el período en el que las estadísticas del INDEC comenzaron a ser cuestionadas. En este sentido, considerando que el cálculo del crecimiento real de la Intermediación Financiera se mide a parir de la facturación, para luego deflactarlo y llevarlo a volúmenes, la subestimación de precios habría “inflado” su performance frente a otros sectores, que son medidos directamente en cantidades. 

 

Pero aún así, dejando de lado las salvedades metodológicas del caso, es indudable que el sector muestra una fuerte dinámica, con depósitos en plazo fijo en moneda local creciendo a tasas mayores al 40% i.a., llegando a superar incluso el 50% i.a. a principios de año (bien por encima de la tasa de inflación). Sin embargo, buena parte de esta aceleración fue motorizada en el último año y medio por la incapacidad de acceder al mercado de cambios formal, generando una masa de pesos para la que escasean alternativas de inversión.

 

Además, se observa un progresivo acortamiento de los plazos: mientras que en 2007 los plazos fijos privados en pesos hasta 60 días representaban un 50% del total, actualmente superan el 60%. Equivalentemente, los plazos fijos a más de un año, que una década atrás representaban un 5% del total, hoy suman tan sólo un 1% del total.

 

Finalmente, cepo cambiario mediante, el desarme de los depósitos en moneda extranjera significó un duro golpe para el sector, así como también para la hoja de balance del BCRA y sus reservas internacionales.

 

Asimismo, al analizar la dinámica del crédito, también se conjugan una serie de virtudes y defectos: mientras que los préstamos al sector privado hace diez años alcanzaban a 8% del PIB, actualmente representan 17,4% del Producto. Sin embargo, los destinados al Consumo (Personales y Tarjetas) fueron los más dinámicos de la década, pasando de representar un 17% del crédito total hasta el actual 40%, en claro detrimento de los préstamos de Garantía Real (Prendarios e Hipotecarios) que recorrieron el camino inverso en igual proporción (del 40% al 17% del crédito total).

 

Esta estructura del crédito fue beneficiosa en los años post-convertibilidad, cuando el consumo se hallaba fuertemente resentido, imprimiéndole dinamismo a la economía (recordemos que por entonces la elevada capacidad ociosa no hacía tan necesario el crédito productivo, dado que el primer paso era reutilizar la capacidad instalada). 

 

Pero con la capacidad operativa cerca de sus límites, el hecho de que se haya mantenido una composición del crédito sesgada hacia el consumo y no hacia la inversión, afectó claramente el potencial de crecimiento económico. 

 

Adicionalmente, según cifras del Banco Mundial, cuando se compara el crédito doméstico provisto por el sector bancario en proporción del PBI, en Chile el ratio duplica al de Argentina, mientras que el de Brasil lo triplica.

 

En lo que respecta al resultado financiero del sector bancario, luego del colapso post-convertibilidad, cuando alcanzó su peor registro (exhibiendo un déficit de $ 15.800 M en 2002), el rojo se fue reduciendo y a partir de 2005 se volvió positivo. Desde entonces las ganancias fueron en aumento, hasta alcanzar un crecimiento del 35% en 2012, aunque dicha expansión se reduce a 8% anual cuando se le descuenta la inflación minorista alternativa.

 

En este sentido, la reducida irregularidad de cartera (2% frente al 30% de una década atrás), niveles de liquidez favorables y diferenciales de tasas (activas menos pasivas) superiores al 10% fueron factores que contribuyeron al crecimiento del sector bancario, aunque sus resultados se moderan cuando se quita del cálculo el efecto de los precios.

 

En los indicadores de rentabilidad se ve reflejada parte de dicha performance: el ROE (Resultado sobre Patrimonio Neto) pasó de -8,1% en 2004 a 22,9% en mayo de 2013 (esto puede interpretarse como el margen de ganancia de los bancos medido como el beneficio relativo a sus recursos económicos). Por otro lado, el ROA (Retorno sobre Activos), si bien pasó de cifras negativas en 2004 (-1,0%) al actual 2,9%, deja en evidencia que la rentabilidad no ha mejorado tanto como sugiere el primer indicador.

 

El beneficio de las medidas se diluye en ausencia de una reforma integral  

 

Enmarcado en la discusión más general del Impuesto a las Ganancias, comenzó a tomar fuerza en las últimas semanas la posibilidad de gravar la renta financiera. Considerando que dicho impuesto alcanza a los ingresos provenientes de la cuarta categoría (asalariados y otros), la razonabilidad de eliminar la exención a la renta financiera luce evidente (además, los proyectos en general contemplan elevar el mínimo no imponible de esta categoría).

 

El proyecto del oficialismo apunta a tributar los depósitos que generan rendimientos de más de $ 100 mil anuales (este es el monto que trascendió que tomaría el gobierno como referencia, mientras que otros proyectos contemplan montos considerablemente superiores).

 

De esta manera, teniendo en cuenta la actual tasa de interés para los depósitos, la medida aplicaría a los plazos fijos de personas físicas por montos superiores a los $ 625 mil (las rentas financieras de las sociedades y empresas ya están gravadas). Pero dado que menos del 15% del total de los depósitos a plazo (de personas físicas residentes en el país) están constituidos por montos superiores a este límite, la medida tendría un alcance limitado.  

 

Tomando en cuenta los cálculos del Presupuesto Nacional 2013, la exención de este tributo significa que el fisco deja de percibir este año $ 2.819 millones en concepto de “Intereses de depósitos en entidades financieras y de Obligaciones Negociables percibidos por personas físicas”. 

 

Sin embargo, este monto considera gravable a todo el universo de personas físicas. Si se tiene en cuenta que los depósitos inferiores a los $ 625 mil continuarían exentos (85% del total depositado por personas físicas), la recaudación adicional bajo este concepto se reduciría a tan sólo $ 500 millones para los próximos 12 meses.

 

Adicionalmente, si consideramos que los proyectos de quita de exención a la renta financiera incluirían también los intereses devengados de Títulos Públicos (bajo dicho concepto el Presupuesto estima en 2013 un monto no percibido del orden de los $ 2.450 millones), el fisco obtendría en total $ 2.950 millones.

 

 Este monto representa 0,4% de la recaudación total presupuestada y 1,8% del Impuesto a las Ganancias, una suma que a primeras no resulta significativo (sin tener en cuenta el efecto contrapuesto de la elevación del mínimo no imponible a los trabajadores de la cuarta categoría). Pero aún así, ya sea con un mayor o menor impacto sobre la capacidad recaudatoria, en términos de equidad tributaria la medida resulta razonable.

 

Sin embargo, fijar un impuesto a partir de un monto nominal fijo de renta en un contexto inflacionario genera que progresivamente más agentes sean alcanzados por el tributo, perdiendo la intención de mantener exentos a los ahorristas más pequeños. De esta manera, la medida pecaría de los mismos defectos del actual diseño del gravamen de ganancias, con escalas que van quedando permanentemente desactualizadas.

 

Más aún, la medida supone que el depositante cargue con un tributo adicional sobre una renta que en términos reales ya es negativa, dado que la tasa de inflación supera el rendimiento de los depósitos.

 

El otro riesgo es que el beneficio fiscal y/o distributivo se vea opacado por un traslado a las tasas de interés, dado que un eventual desarme de los depósitos como consecuencia del tributo podría generar una baja de la liquidez que presionaría las tasas hacia arriba.

 

En esta misma línea, recientemente se publicó una normativa que le impone topes a las comisiones y a las tasas que se cobran por las tarjetas de crédito, así como la eliminación de ciertos cargos y comisiones por servicios bancarios a fin de reducir el Costo Financiero Total (CFT) del crédito.

 

Esta medida podría fundamentarse en que las ganancias netas de las comisiones de entidades financieras exhibieron un incremento anual promedio de 25,5% en el último lustro, representando un 16% del total de los ingresos del sistema. Así, los ingresos por comisiones cubren un 20% de los egresos totales y un 62% de los gastos salariales del sector. 

 

Restará ver si la nueva normativa no termina generando una suba en las tasas activas para compensar los menores ingresos por servicios bancarios. A este fin apunta la reciente normativa del BCRA que contempla computar el dinero en los cajeros automáticos como parte de los encajes, quitando presión sobre la liquidez bancaria de manera de evitar una suba en las tasas.

 

Por otra parte, estas medidas se plantean en un contexto en el que las expectativas de una suba del Dólar informal presionan al alza sobre las tasas pasivas como mecanismo de arbitraje, pero en el que, simultáneamente, el gobierno busca evitar un salto de una magnitud tal que se transfiera a las tasas activas, afectando el crédito (y por ende la actividad) en un contexto pre-eleccionario.

 

Por esta misma razón, el Poder Ejecutivo exige a los bancos otorgar créditos para la inversión a tasas “subsidiadas”, poniendo más presión sobre los resultados del sistema. Por caso, a mediados del año pasado se lanzó la línea de Créditos para la Inversión Productiva (las entidades financieras deben destinar 5% de sus depósitos a préstamos a tres años, a tasas de 15,25%). 

 

Esto incidió en los diferenciales de tasas: el spread bancario cayó 200 pbs en lo transcurrido de 2013, exclusivamente por la suba en las tasas pasivas (las activas se mantuvieron estables), aunque aún se mantiene en torno del 10%. 

 

Pero más allá de las especificidades técnicas de los proyectos en cuestión, su incidencia (en términos fiscales y de equidad) será exigua en la medida en que se siga dilatando tanto una reforma integral de la estructura tributaria como la solución de los actuales desequilibrios macroeconómicos.