IDESA Reformular el régimen federal de coparticipación

 

GOBERNADORES MATAN FEDERALISMO Idesa coincide con Javier Milei: Reformular régimen federal ¿Por qué los gobernadores no quieren revisar el régimen federal? Interesante el abordaje del centro de estudios iDESA, que coincide con Javier Milei.

IDESA propone lo que los gobernadores parecen rechazar.

Urgente24 ya ha señalado que el régimen federal vigente distorsiona el federalismo pero también provoca déficit fiscal porque la Nación se hace cargo de pagar obligaciones de las provincias que, a su vez, por ejemplo defienden el cobro de retenciones sobre las exportaciones, con costo político para Nación, y lo mismo sucede con otras obligaciones tributarias. A cambio, le permite a Nación mantener los subsidios a las tarifas de servicios públicos y transporte en AMBA (GBA + CABA), llave de todo triunfo electoral. Los gobernadores se han encolumnado detrás de Sergio Massa. Favor va, se trata de impedir lo que Javier Milei mencionó, varios mandatarios se aferraron al régimen vigente. Por ese motivo es tan interesante el texto del centro de estudios Idesa: El gráfico promete entender en qué consiste el régimen federal a revisar. El candidato a presidente Javier Milei planteó la necesidad de revisar la coparticipación. Aunque fue en términos genéricos y sin especificaciones, inmediatamente suscitó un enérgico rechazo entre algunos gobernadores de las provincias del norte. La manifestación más extrema fue la amenaza de renuncia por parte del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, si es que el candidato Javier Milei sale electo presidente. La teoría económic a identifica a la correspondencia fiscal como el factor que contribuye a la buena administración pública. Esto es, que el nivel de gobierno que ejecuta un gasto sea también el que se encargue de cobrar los impuestos que se necesitan para financiar ese gasto. De esta forma, hay más presión para que se ponga atención en el buen uso de lo recaudado a través de los impuestos. Si la correspondencia fiscal se diluye, también se diluyen los incentivos a moderar el gasto y administrar bien los fondos públicos. ¿Cuánta correspondencia fiscal hay en la Argentina? Para responder la pregunta sirve estimar cuantos impuestos nacionales pagan los habitantes de cada provincia y cuantos recursos vuelven a cada provincia a través de transferencias automáticas (coparticipación) y gasto y transferencias discrecionales de la Nación a las provincias. Según el estudio de García y Vera, en el 2022 se observa que: La Rioja aportó US$ 780 millones y recibió aproximadamente unos US$ 2.024 millones. Catamarca aportó US$ 838 millones y recibió US$ 2.194 millones. Formosa aportó US$ 850 millones y recibió US$ 2.647 millones. Estos datos muestran que algunas provincias reciben mucho más del doble de los recursos que aportan sus ciudadanos pagando impuestos nacionales, lo que implica un muy bajo nivel de correspondencia fiscal. Estas provincias disponen de muchos recursos que no provienen del esfuerzo de sus habitantes. La consecuencia -como lo predice la teoría económica- es que no hay incentivos a las buenas prácticas de gestión pública. Son provincias donde históricamente prevalece el exceso de empleo público y el clientelismo. De la mala organización del régimen federal se deriva una estructura de incentivos muy perversa. La Nación extrae recursos de las provincias más prósperas, empobreciéndolas. El caso extrem o es la Provincia de Buenos Aires. Parte de estos recursos son transferidos desde el nivel central hacia las provincias más atrasadas para profundizar su empobrecimiento. Paradójicamente, el ser beneficiado en la distribución de recursos nacionales termina contribuyendo a mantener su subdesarrollo. No es exagerado afirmar que la coparticipación y las transferencias discrecionales de la Nación constituyen uno de los principales factores que explican y sostienen la decadencia argentina. La construcción de correspondencia fiscal requiere de una reforma integral del sistema impositivo y asignación de roles. El camino es por la vía de unificar los tributos nacionales, provinciales y municipales, eliminar la coparticipación para que cada provincia se financie con los impuestos que genera en su territorio (colocando así un incentivo al desarrollo provincial) y contemplar, para las provincias más atrasadas, un Fondo de Convergencia que promueva su desarrollo. El punt o clave es que se ponga más énfasis en la generación de infraestructura y capital humano, en lugar del "cheque en blanco" que se usa para gastos clientelares. Con la misma orientación, las transferencias discrecionales de la Nación a las provincias deben desaparecer. La viabilidad política de este cambio es una operación compleja, pero no imposible. No es imprescindible el consentimiento unánime de todas las provincias. Alcanza con un acuerdo de coordinación tributaria y funcional firmado por la mayoría de las provincias. El acuerdo, junto con la derogación de la actual ley de coparticipación, requiere una ley simple del Congreso de la Nación, la adhesión de las provincias a dicha ley y regular el tratamiento especial que se aplicará a las provincias que no adhieran.