EL 60% DEL GASTO PÚBLICO SE VA EN APORTES A EMPRESAS DEL ESTADO DEFICITARIAS Y A JUBILACIONES SIN APORTES

(Idesa).

El impresionante crecimiento del gasto público de los últimos años es la causa principal de la alta inflación y la inestabilidad cambiaria. Resulta curioso que las áreas del sector público que más contribuyen al desborde fiscal y donde más reformas se necesitan no fueron afectadas de manera directa por el cambio de gabinete.
Sin un replanteo de las decisiones de gasto público tomadas con mucha demagogia, improvisación y poco sentido de responsabilidad no hay posibilidades de detener la pérdida de reservas y recuperar el crecimiento.    

El cambio de parte del gabinete genera expectativas. Aunque en el plano de las declamaciones se hable de “profundización del modelo”, es indudable que las preocupaciones pasan por encontrar estrategias para afrontar la elevada inflación, la inestabilidad del dólar, la pérdida de reservas y la desaceleración de la actividad económica.

 

Las esperanzas de cambios radican en que junto con el desplazamiento de funcionarios –la mayoría muy cuestionados– aparecen nuevos temas de agenda como el desdoblamiento cambiario creando un “dólar turista” para desalentar la fuga de divisas por gastos en el exterior, la aceleración de la devaluación del tipo de cambio oficial y la morigeración de los aumentos salariales.

 

Sin entrar a evaluar la pertinencia del cambio de funcionarios y de políticas que ellos impulsarían, el punto más preocupante es que parecería que se sigue subestimando las implicancias del desborde fiscal.

 

En este sentido, los datos que publica el propio Ministerio de Economía señalan que entre los años 2004 y 2013, los ingresos tributarios y de seguridad social del sector público nacional se expandieron en $290.000 millones en términos reales (o sea, corregidos por inflación), mientras que el gasto público creció en $420.000 millones. Este impresionante aumento de gasto público nacional se explica por:

 

·Un 34% los subsidios económicos a empresas privadas y públicas deficitarias.

 

·Un 24% por las jubilaciones sin aportes (moratorias y pensiones no contributivas).

 

·Un 18% por el incremento del gasto asociado al empleo público.

 

Estos datos muestran que, si bien el crecimiento del gasto público es generalizado, algunos componentes tienen una incidencia decisiva en la expansión. Casi el 60% del aumento en las erogaciones se origina por subsidios para sostener empresas privadas con tarifas retrasadas y empresas públicas deficitarias y jubilaciones sin aportes. Si a esto se le agrega la incidencia del mayor gasto en empleo público se llega a explicar tres cuartas partes del aumento del gasto público nacional.

 

El exceso de gasto público, muy por encima del aumento de la recaudación, obliga a una masiva emisión monetaria que es el principal factor causante de la alta inflación.

 

El desdoblamiento cambiario, la devaluación del tipo de cambio oficial, las restricciones a las importaciones, los controles sobre precios y salarios, son estrategias que actúan sobre los síntomas pero no atacan la enfermedad. Dicho de otra manera, no hay política, por más ingeniosa y audaz que sea, que permita eludir la imperiosa y urgente necesidad de moderar el ritmo al que se viene expandiendo el gasto público.

 

Por eso, controlar las erogaciones es el principal desafío del gabinete renovado y resulta paradójico que las aéreas del sector público que más reformas necesitan –porque son las que más vienen contribuyendo a la expansión del gasto público en los últimos años– son las menos afectadas por el cambio de funcionarios. 

 

En materia previsional, la experiencia de otros países de la región demuestra que con un diseño menos rudimentario que las moratorias de Argentina se puede ampliar la cobertura de manera sustentable y mucho más equitativa. Con sentido análogo se pueden reducir drásticamente los subsidios económicos y mejorar la distribución del ingreso dejando de subsidiar a las empresas y subsidiando a las familias con esquemas de tarifas sociales para los servicios públicos.

 

En relación al empleo público hay que tomar la decisión de profesionalizar los recursos humanos partiendo de erradicar su uso para alimentar estructuras políticas y distribuir favores personales.

 

El “cepo” cambiario, el control de precios, las manipulaciones en el INdEC, los obstáculos a la exportaciones y a las importaciones, las amenazas a empresarios son improvisaciones adoptadas ante las presiones inflacionarias que genera el desborde fiscal. Desactivarlas y cambiar funcionarios va en el sentido correcto. Pero el desafío más importante y complejo es abandonar la demagogia y profesionalizar el sector público.