INFORMALIDAD EN EL EMPLEO

Informe de IDESA Instituto para el Desarrollo Social Argentino.   El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley tendiente a promover el empleo registrado. Básicamente consiste en la creación del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) y la reducción de parte de las contribuciones patronales.    La inclusión en el REPSAL implicará la imposibilidad de contratar con el Estado, de inscribirse en el régimen de monotributo y de computar los salarios de los trabajadores como gasto a los efectos del impuesto a las ganancias. La reducción de contribuciones patronales, que se aplicará sobre el 17% del salario que hoy se tributa a ANSeS y PAMI, varía según el tamaño de la empresa. La mayor reducción es para las empresas con menos de 5 trabajadores a quienes se las beneficiará bajando a la mitad de manera permanente estas imposiciones.    La principal fortaleza del proyecto es el reconocimiento de que las instituciones laborales importan. Su principal debilidad es que, como ocurrió con iniciativas similares en el pasado, tiene una concepción demasiado parcial y tibia. Hay un claro desbalance entre la severidad del problema que se pretende resolver y la debilidad de los instrumentos que se propone utilizar.   En este sentido, los datos oficiales del INDEC referidos al 3° trimestre del 2013 ponen en evidencia la magnitud de este desbalance. Según esta fuente se estima que:   > En Ciudad de Buenos el 44% de los ocupados son asalariados privados registrados.   > En la Patagonia el 36% y en la región centro el 33% de los ocupados son asalariados privados registrados.   > En el norte argentino apenas el 18% de los ocupados son asalariados privados registrados.   Esto datos muestran que lo que menos prevalece en el mercado de trabajo son los empleos registrados en el sector privado, o sea los tipos de inserción laboral que el proyecto de ley aspira a generar. En la Ciudad de Buenos Aires menos de la mitad de los ocupados revisten la categoría de asalariado registrado en el sector privado, en el sur y centro del país apenas un tercio y se llega al extremo en el norte argentino donde sólo 1 de cada 5 ocupados es un asalariado registrado en el sector privado. El resto está conformado por el empleo público, los asalariados no registrados y el cuentapropismo.   Bajar los impuestos al salario con énfasis en las pequeñas empresas como propone el proyecto oficial va en el sentido correcto. Pero se trata de incentivos demasiado débiles frente a las enormes trabas y costos que generan las instituciones laborales vigentes y la interpretación que de ella hace la justicia laboral. Por ejemplo, el nivel de impuestos que gravan el salario es tan alto que con la reducción del 50% de las contribuciones patronales con destino a ANSeS y PAMI (que es la reducción más alta que contempla el proyecto) se estaría bajando en apenas un 20% el total de las cargas sociales. Más relevante aún es que el proyecto no contempla reducir la burocracia ni los altos riesgos de litigiosidad que actualmente implica contratar a un empleado “en blanco”.   El Congreso debería sumar integralidad y creatividad a la propuesta del oficialismo a fin de no repetir nuevas frustraciones. Esquemas muy parecidos a los que contempla el proyecto se aplicaron en el pasado con pobres resultados. La razón del fracaso es que los costos y las trabas para la formalidad son tan elevados que modificaciones marginales no tienen la suficiente potencia como para generar resultados significativos.   Reconocer que las instituciones laborales importan y que no alcanza con crecimiento económico e inspección laboral es un paso adelante. Sin embargo, para no perder la oportunidad de adoptar una estrategia eficaz de promoción del empleo productivo se necesita una modernización de las instituciones laborales mucho más profunda. Entre otros temas debería considerase el establecimiento de un mínimo no imponible en las cargas sociales, como se usa con éxito en otros países, una sustancial simplificación de la registración laboral, salarios legales diferenciales por zonas geográficas y mecanismos para reducir la litigiosidad laboral.