Para combatir al narcotráfico el gasto público asignado es deficiente
En Argentina el ente rector es la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) cuyos últimos datos disponibles se refieren al año 2008.
El Instituto para el Desarrollo Social en la Argentina (IDESA) hizo una proyección de dichos datos hacia el año pasado 2011 con las siguientes estimaciones:
- El Gasto público para la lucha contra las drogas ilícitas es de $ 3.500 millones.
- Nación invierte $ 700 millones. Solo el 20% tiene como destino desalentar la demanda y el 80% restante se emplea en perseguir al narcotráfico.
- El conjunto de las Provincias asignan $ 2.800 millones utilizados en casi su totalidad para perseguir a los narcotraficantes. El 96% financia policía, cárceles y Poder Judicial dedicado a esta actividad. El 4% restante se aplica a la prevención del consumo.
Estos números indican que la inversión para combatir la producción y el consumo de drogas representa una cifra menor a 1% de los ingresos de origen impositivo.
Esta aplicación de recursos no tiene correlación alguna con los daños que le provocan a la sociedad toda la producción y consumo de drogas ilegales. Muy superior es la cifra que se puede medir en términos de violencia, delincuencia, inversión en salud y menores niveles de productividad.
No se debe dejar de lado la clandestinidad en cuanto a poder económico en sí que basándose en la violencia trafica influencias en instituciones que hacen al funcionamiento del Estado.
El consumo de drogas ilícitas está en franca expansión. Eenirxiste demanda y la producción y la comercialización de estupefacientes es un negocio próspero y de altísima rentabilidad.
¿Debe intervenir el Estado regulando la oferta de drogas ilícitas concentrando sus esfuerzos en desalentar el consumo y procurar bajar la adicción? El debate está abierto pero debe comenzar. Otros países como por caso Uruguay, están en proceso de legalizar consumos como el de la marihuana desalentando a su vez la demanda de la misma.
Los recursos públicos deben aplicarse en forma preventiva. Prevenir adicciones y desalentar el consumo es una forma válida de asignarlos eficientemente.
El Instituto para el Desarrollo Social en la Argentina (IDESA) hizo una proyección de dichos datos hacia el año pasado 2011 con las siguientes estimaciones:
- El Gasto público para la lucha contra las drogas ilícitas es de $ 3.500 millones.
- Nación invierte $ 700 millones. Solo el 20% tiene como destino desalentar la demanda y el 80% restante se emplea en perseguir al narcotráfico.
- El conjunto de las Provincias asignan $ 2.800 millones utilizados en casi su totalidad para perseguir a los narcotraficantes. El 96% financia policía, cárceles y Poder Judicial dedicado a esta actividad. El 4% restante se aplica a la prevención del consumo.
Estos números indican que la inversión para combatir la producción y el consumo de drogas representa una cifra menor a 1% de los ingresos de origen impositivo.
Esta aplicación de recursos no tiene correlación alguna con los daños que le provocan a la sociedad toda la producción y consumo de drogas ilegales. Muy superior es la cifra que se puede medir en términos de violencia, delincuencia, inversión en salud y menores niveles de productividad.
No se debe dejar de lado la clandestinidad en cuanto a poder económico en sí que basándose en la violencia trafica influencias en instituciones que hacen al funcionamiento del Estado.
El consumo de drogas ilícitas está en franca expansión. Eenirxiste demanda y la producción y la comercialización de estupefacientes es un negocio próspero y de altísima rentabilidad.
¿Debe intervenir el Estado regulando la oferta de drogas ilícitas concentrando sus esfuerzos en desalentar el consumo y procurar bajar la adicción? El debate está abierto pero debe comenzar. Otros países como por caso Uruguay, están en proceso de legalizar consumos como el de la marihuana desalentando a su vez la demanda de la misma.
Los recursos públicos deben aplicarse en forma preventiva. Prevenir adicciones y desalentar el consumo es una forma válida de asignarlos eficientemente.
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