ECONOMÍA ARGENTINA EN ESCENARIO CRÍTICO PARA 2019

La economía argentina se encuentra en un escenario crítico y difícilmente mejore en 2019. Un resultado no esperable a fin de 2017, pero resultado de la crisis cambiaria de este año. Fruto de una progresiva pérdida de credibilidad incubada ya antes de la conferencia de prensa del 28 de diciembre del año pasado, en que el Jefe de Gabinete destrató en público al titular del BCRA.

 

Para la economía el 2018 empezó allí, y tuvo tres etapas bien diferenciadas. La primera, de cuatro meses con conflictos salariales y desconfianza de inversores, caída de reservas internacionales y una sequía de profundidad e impacto macro subestimado por las autoridades. 

 

La segunda, a partir de la aplicación del impuesto a las Ganancias a la renta de las Letras del Banco Central (Lebac) que inició una crisis cambiaria por otros 5 meses. Y finalmente el trimestre actual, con tasas de interés astronómicas para frenar la demanda de dólares. Resultado final: caída de actividad, destrucción de empleo, y el mayor empobrecimiento de la población observado desde la crisis de 2001-2002. Y para el futuro, el problema de generar divisas para cancelar una nueva deuda, con el FMI, por más de US$ 56.000 millones.

 

Ningún economista pudo predecir el timing ni la magnitud de la crisis cambiaria. Tal vez por el nivel récord de reservas internacionales brutas del BCRA. Al 11 de enero ya estaban en el récord histórico de US$ 63.906 millones. Pero desde entonces, el BCRA perdió US$ 3.111 millon es hasta el 24 de abril. Luego de la corrida inicial del 25 de abril, perdió otros US$ 12.317 millones hasta el 21 de junio. 

 

El 22 de ese mes el FMI giró US$ 14.916 millones, pero desde el 23 de junio y hasta el 28 de septiembre el BCRA perdió otros US$ 14.271 millones. En menos de 9 meses, el BCRA perdió en términos netos, US$ 14.783 millones, pero inversores y ahorristas “le sacaron” al BCRA US$ 29.699 millones. Cifra equivalente al 46,5% del stock de reservas del 11 de enero. 

 

Fueron cinco meses con intervenciones del BCRA erráticas, el pedido de un rescate al FMI con un programa de dudosa coherencia, la caída de parte del directorio del BCRA, y una incipiente huida de pesos dentro del país, y de deuda pública en dólares en el exterior. Las vacilantes decisiones en la crisis y las dudas sobre el acuerdo con el FMI agudizaron la pérdida de credibilida d del sector privado. 

 

En el exterior comenzó una minicorrida contra deuda argentina, y fronteras adentro una caída en la demanda de deuda del Tesoro y del BCRA. En este escenario el BCRA siguió cancelando LEBAC pero a costa de una emisión de dinero que no pudo absorber rápidamente. Hasta fin de septiembre la disparada hacia el dólar llevó el tipo de cambio a $42, y a una pérdida de reservas internacionales casi equivalente al desembolso del FMI. 

 

El organismo en septiembre aceptó un adelanto en el tiempo los desembolsos pactados. El objetivo es que el gobierno argentino no incurra en un default de la deuda ni emita deuda hasta fin del año próximo. El núcleo del programa acordado hasta marzo de 2020 es el déficit primario cero, en base a recortes de transferencias a provincias, al gasto en inversión pública y el aumento de la presión fiscal. 

 

Se ap lica ahora el cobro de retenciones a las exportaciones de todo tipo de bien y también de servicios, y en casi, sobre el cierre de diciembre, se reglamentó la extensión del Impuesto a las Ganancias a toda renta financiera, incluida la proveniente de alquiler de cosas muebles e inmuebles, y los intereses de depósitos bancarios. 

 

Por el lado monetario-cambiario, se abandonó el régimen de metas de inflación y adoptó una banda cambiaria predeterminada, un compromiso de crecimiento cero (sin estacionalidad) de la base monetaria, y una suba de encajes bancarios que flexibilizó mínimamente en los últimos días, junto una elevación de las tasas de interés a niveles propios de regímenes de alta inflación. 

 

A fin diciembre, las tasas anuales promedio de préstamos personales supera el 62%, cuando a fin de 2017 era de 36%. A su vez, para los adelantos en cuenta corriente en pesos hasta 7 días por $10 millones o mà ¡s, la tasa anual promedio supera el 64%, a fin de 2017 era de 30,3%, y no pocos dirigentes empresariales, entendían ya entonces que eran excesivamente altas. 

 

Un saldo positivo, igualmente, es la caída a la mitad de la deuda remunerada del BCRA (Lebac, Leliq y Nocom). Sin embargo, la sustitución de las Lebac a 30 o más días por Leliq a 7 días torna difícil bajar las tasas de interés rápidamente sin arriesgarse a nuevas corridas cambiarias. La inflación empezó a descender, pero mínimamente, y a costa de una aguda recesión. 

 

En 2018 se espera que cierre en torno de 47%-48%, el PIB con una caída de aproximadamente 3% y el desempleo aproximándose al 11% de la población económica activa. Los salarios reales, en promedio, cayeron un 15%, y el ingreso real de los jubilados 20%. En este contexto, el Gobierno dispuso el otorgamiento “bonos” de fin de año y subsidios a sectores representado s por organizaciones sociales, pero no a los jubilados. Práctica habitual y no sólo de este año: dejar relegados a quienes no están en condiciones organizarse y expresar sus reclamos de manera contundente. Lo que no se evita son sus consecuencias: un aumento la población en condiciones de pobreza, que podría aproximarse a 15 millones de personas en el próximo año.

 

La inflación, y su correlato directo, el empobrecimiento de los sectores de ingresos medios y bajos, continuarán sin grandes cambios en el próximo año, aun sin esperar perturbaciones cambiarias o financieras de magnitud. Con altas tasas de interés y apretón monetario, la actividad económica y el consumo seguirán deprimidos. Difícilmente la inflación en 2019 sea inferior al 30% y aun con una cosecha récord, el PIB caería entre 1,6% y 1,8%. Resultado: más pobreza e indigencia, y postergación de decisiones de inversión al menos hasta e l año 2020.

 

El gobierno y el FMI confían en una cosecha gruesa récord que marque en el segundo trimestre del año un rebote significativo de la actividad. También en que el torniquete monetario en curso asegure una baja de la inflación a 25% o menos. Pero esto último es casi imposible, dados los propios anuncios oficiales de subas promedio del 40% en el transporte de pasajeros hasta marzo próximo, 55% para energía eléctrica (concentrada en febrero y marzo), 35% para gas natural hacia marzo y 44% para los servicios de agua corriente. 

 

El sector externo difícilmente juegue a favor, debido a varios frentes complicados: 

 

a) La combinación de tasas de interés en suba en los países desarrollados, con desaceleración del crecimiento en China y Europa, podría tener impacto negativo en el precio y las exportaciones de bienes agrícolas.

 

b) La política de Bolsonaro en Brasil es una incógnita: se espera que Brasil crezca no menos de 2% y la actividad industrial 3%, pero no se sabe qué ocurrirá con el Mercosur, el Arancel Externo Común, ni con la posibilidad de mantener preferencias arancelarias respecto de competidores extra Mercosur.

 

c) La combinación de mayores tasas de interés en EE.UU., y menor atractivo de mercados emergentes  para inversores globales, tendría impacto negativo en la demanda de los bonos de mayor riesgo de default, como es el caso de Argentina. Esto último ya se percibe en los mercados y es uno de los factores subyacentes a la escalada del riesgo país a 830 puntos básicos, según el índice EMBI de JP Morgan.

 

El año se completa, además, con un calendario electoral que se activa en los meses previos a las PASO de agosto. Su resultado será determinante para los comicios de octubre, y el eventual ballotage de noviembre. Habitualmen te los resultados de las PASO tienden a reflejarse con pocos cambios en la elección presidencial, con efectos inevitables sobre los pronósticos e interrogantes a futuro.

 

Si triunfa Cambiemos, las expectativas se focalizarán sobre si habrá un programa de reformas estructurales a partir de 2020. Pero si el kirchnerismo es el que obtiene más votos, emergerán los interrogantes sobre si repudiará o no parte de la deuda pública. En ese caso, una corrida contra deuda y una fuerte suba del riesgo país podrían encender alertas tanto para los tenedores de deuda como de los titulares de depósitos bancarios. 

 

Algo que tampoco es de descartar antes de las PASO, dadas las persistentes dudas sobre la coherencia y factibilidad de cumplimiento de las exigencias del FMI, y la eventual conflictividad asociada a la negociación de las paritarias salariales. Ciertamente, la polà ­tica influye en la economía, pero estas elecciones y su resultado dependen de la evolución de las variables económicas. 

 

El oficialismo necesita que la economía mejore para recuperar credibilidad e intención de voto, mientras la oposición apuesta a que empeore la situación económica para sumar votos y derrotar al oficialismo.

 

Lo que sí está claro, es que al menos hasta fin de 2019, el Gobierno tratará de mantener las políticas en curso sin cambios. Será otro año de estanflación, que cerrará una década perdida por errores de política económica propios, más bien que por shocks adversos desde el exterior. 

 

Es de esperar que la próxima administración entienda y aplique un programa orientado hacia la estabilidad y el crecimiento. Ignorar la complejidad de la econo mía argentina, en aras de consignas de marketing electoral es cómodo y tentador. Los resultados están a la vista. Si de algo sirve la experiencia de estos años, es para no olvidar errores de diagnóstico y de política económica que no deberían repetirse nunca más.