Tarifas: "Un parche que no resuelve los problemas sino agrega más incertidumbre" Reflexión del consultor en temas de energía, Ricardo Molina: "La pregunta es por qué el MINEN (Ministerio de Energía y Minería) decidió ignorar durante 8 meses estas normas dejando abierto el camino para estos reclamos judiciales. Este tema fue una cuestión muy analizada hasta el año anterior por los mejores estudios de abogados del país, y tiene un antecedente interesante: en el 2004 Lavagna intentó lo mismo y la justicia lo frenó. Tal vez, en ambos casos fue el resultado buscado".

"Claramente un “parche” que no resuelve los problemas sino que agrega más factores de incertidumbre."

por RICARDO A. MOLINA Uno de los principales méritos de los ex Secretarios de Energía ha sido el de instalar en la  conciencia colectiva la profunda crisis energética en la que el país ha sido sumido por culpa de las pésimas políticas aplicadas durante el anterior gobierno. También existe el convencimiento, al menos en la mayoría de los consumidores, que una corrección tarifaria importante se imponía para comenzar a recorrer el camino de la superación de la crisis generada. En estos días se han multiplicado las voces de personas muy respetadas que enfatizan la necesidad de esas corregir los atrasos tarifarios aun violando las normas regulatorias. Con la llegada de las primeras facturas del servicio de gas que incluían los elevados consumos  de este frío otoño, se hicieron evidentes para todos los usuarios que los criterios técnico-económicos que el Ministerio de Energía había aplicado en el diseño de las correcciones de las tarifas de gas natural, excedían, en mucho, las expectativas más negativas de los consumidores. Esos criterios y sus consecuentes efectos ya habían sido objeto de variadas críticas por parte de expertos en distintos artículos periodísticos y publicaciones especializadas que, evidentemente, nunca fueron tomados en cuenta por las autoridades. El ajuste de las tarifas exigía una serie de correcciones en sus estructuras que habían sido deformadas por 14 años de distorsiones acumuladas. Una de esas distorsiones fue mantener vigente el esquema progresista de los cuadros tarifarios. Para entender esta cuestión, primero hay que señalar que desde la privatización de Gas del Estado y hasta el 2004 la tarifa Residencial era única, independiente del nivel de consumo. A mediados del 2004 se comenzó a segmentar los consumos residenciales creándose distintas categorías y subcategorías que conformaron la estructura del cuadro tarifario actual. En esta estructura a medida que suben los consumos, principalmente por razones estacionales, suben las tarifas unitarias, potenciando el gasto total (confundiendo algún criterio distributivo con el consumo). Queda claro que este fenómeno era difícil de advertir en el contexto de tarifas fuertemente atrasadas, pero a partir de sus correcciones las desproporciones de sus efectos han quedado duramente expuestas. Un ejemplo extremo para un consumidor residencial de Metrogas en la capital federal: Si el consumo pasara de 501 m3 a 1.001 m3 de un bimestre a otro, o sea 100% de aumento, la tarifa unitaria aumenta un 73%. Combinando ambos efectos (incluyendo el cargo fijo) se obtiene un aumento total del 239%. Cuando comparamos este mismo ejemplo extremo utilizando el cuadro tarifario anterior (el de las tarifas atrasadas con el mismo consumo) el consumidor hubiese pagado $ 205,34 sin impuestos, y ahora $ 4.071,22 también sin impuestos, ello significa un incremento del 1.900%. Las actuales autoridades nacionales anunciaron desde el inicio de su gestión la puesta en marcha de una tarifa social para proteger a los consumidores de bajos ingresos. En un intento por desarrollar un criterio muy ajustado, el MINEN planteó un cruce entre bases de datos muy diversas (jubilaciones y pensiones, registro de la propiedad inmueble, afip, otros servicios) para determinar sus beneficiarios. La realidad es que la gestión de la tarifa social se tornó casi de imposible obtención y eso agravó la consideración de la sociedad frente a las correcciones tarifarias. Finalmente, la ausencia de ámbitos previos de análisis y discusión de las tarifas han impedido a los consumidores asumir con la debida anticipación sus efectos. Al momento de escribir estas líneas, el gobierno anuncia un límite del 400% para la nueva facturación calculado por sobre el monto de la factura del mismo bimestre del año anterior. Claramente un “parche” que no resuelve los problemas sino que agrega más factores de incertidumbre. Siguiendo con el ejemplo anterior, la nueva factura tendría un límite de $ 821,37. ¿El resto será financiado con subsidios aumentando el déficit fiscal? En este contexto de malestar se producen los fallos dictados por las distintas instancias judiciales que han actuado hasta ahora y que se han concentrado en las deficiencias legales incurridas por el MINEN. Las normas establecidas en el marco regulatorio del gas, Ley N°24.076, y en la ley de emergencia económica, N°25.561, exigen la renegociación de los contratos con las licenciatarias de transporte y distribución de gas, contemplando la revisión integral de las tarifas y de los planes de inversión para mejorar la calidad de los servicios. Esos acuerdos debían alcanzarse y hacerse públicos para la consideración de los consumidores en audiencias públicas (no vinculantes). La pregunta es por qué el MINEN decidió ignorar durante 8 meses estas normas dejando abierto el camino para estos reclamos judiciales. Este tema fue una cuestión muy analizada hasta el año anterior por los mejores estudios de abogados del país, y tiene un antecedente interesante: en el 2004 Lavagna intentó lo mismo y la justicia lo frenó. Tal vez, en ambos casos fue el resultado buscado. Estas violaciones normativas son el punto central de los cuestionamientos legales. Ahora el gobierno presiona para que la Corte Suprema haga caso omiso a las claras disposiciones legales y desoiga a los tribunales de todo el país. Si la Corte se hiciera eco del deseo gubernamental convalidando este desaguisado tarifario, es probable que se ponga en tela de juicio todo el marco regulatorio del gas, debilitándolo como instrumento para atraer inversiones y dejando una puerta abierta para una eventual estatización de la industria del gas. Si por el contrario, la Corte decidiese no asumir la apelación gubernamental o fallase en contra de los deseos manifestados por el gobierno, surgiría la oportunidad de revisar todo lo actuado por el MINEN y hacerlo nuevamente de forma adecuada, incluyendo cuestiones que hasta ahora no han sido debatidas pero son fundamentales para el futuro energético del país. En síntesis, las tarifas de gas tienen que ofrecer la oportunidad de recuperar todos los costos económicos y una razonable utilidad para todas las empresas del sector: productores, transportistas y distribuidores. También tienen que transmitir señales que incentiven las cuantiosas inversiones que el país necesita y deberían dejar de impactar en el déficit de las cuentas fiscales. Todo ello es posible hacerse respetando todo el marco normativo y con un impacto más reducido en el bolsillo de los consumidores y en la persistente inflación que sufrimos. ---------------- (*) Consultor en temas energéticos.