SUBA DE TARIFAS

Luz: Un paso adelante, pero con puntos a tener en cuenta El autor destaca la importancia del "sinceramiento de los precios" de la energía y de la búsqueda de la "recuperación de la calidad del servicio" eléctrico. Pero advierte sobre mantener la categorización de usuarios residenciales, que podría generar situaciones injustas con su correlato en la justicia. También cuestiona el intervencionismo estatal en el mercado mayorista.

El Gobierno anunció una suba de tarifas del servicio eléctrico para usuarios del Amba de entre el 60% y el 150%.

POR RICARDO MOLINA - CONSULTOR ENERGÉTICO El Ministro de Energía Juan José Aranguren ha presentado a la Sociedad una nueva etapa en el proceso de sinceramiento de los precios y las tarifas de la energía eléctrica. Este proceso denominado Revisión Tarifaria Integral (RTI) fue convalidado en la Audiencia Pública celebrada el 28/10/16, cuya característica más notable fue la escasa participación de los usuarios a pesar de su amplia difusión. Esta Revisión contempla el período 2017-2021. En esta etapa se ha conjugado una normalización de precios y tarifas que abarca los tres segmentos en que se divide la industria eléctrica: generación, transporte y distribución (exclusivamente Edenor y Edesur por estar sujetas a regulación nacional). No sólo se han corregido aspectos tarifarios sino que el paquete de normas sancionadas también incluye: inver siones obligatorias, incentivos para aumentar la eficiencia de los sistemas y nuevos procedimientos operativos, todo en línea con la indispensable recuperación de la calidad de los servicios. Según las estimaciones del Ministerio de Energía, los subsidios estatales a los gastos corrientes del sector eléctrico se irán reduciendo gradualmente en un sendero que llega hasta el 2019. Vale la pena recordar que en el 2015 estos subsidios se elevaron a más de u$s 9.700 millones, y en que en el 2016 alcanzarán una cifra superior a u$s 7.000 millones. Estos subsidios representan la parte del costo eléctrico que no pagamos como usuarios pero que sale de nuestros bolsillos en la forma de impuestos e inflación. Para tener una rápida visión del nivel de desajuste económico heredado podemos analizar qué ocurre con el costo real promedio de generar electricidad que se ubica, actualmente, en valores del orden de $1.200/1.100 por MWh. Hasta enero pagábamos como usuar ios un precio de $320 por MWh, y con estas correcciones pagaremos $ 640 por MWh en marzo de este año. Un valor todavía muy inferior al costo real. De todas maneras, el sistema prevé mantener subsidios para cubrir las necesidades de abastecimiento eléctrico de un sector de los usuarios protegidos mediante una Tarifa Social, cuyo número se ubica en los 4,1 millones de usuarios en todo el país (31% del universo de usuarios residenciales). La mayor concentración de usuarios alcanzados con este beneficio se ubica en la Provincia de Formosa (83%), mientras que en la Región Metropolitana sólo alcanza al 25%. En este esquema tarifario se han mantenido los descuentos para aquellos usuarios que reduzcan su consumo respecto al mismo período del año anterior en rangos del 10% al 20%. Lamentablemente, también se ha mantenido la categorización de usuarios residenciales según rangos de consumo, con tarifas crecientes en un es quema progresivo, que fue puesto en vigencia durante la Administración K, bajo la falsa creencia que existe una correlación entre el consumo y la situación socio-económica del usuario. Sin embargo, cuando se comparan las nuevos cuadros tarifarios de Edenor y Edesur respecto de los anteriormente vigentes, se aprecia que se han mantenido las categorías de consumidores residenciales pero los rangos de consumo se han reducido significativamente, lo que determina que en la máxima categoría los incrementos sean muy superiores a los valores promedio difundidos. Llama particularmente la atención el incremento del Cargo Fijo Mensual en la máxima categoría. Si se combina esta reducción de los rangos de consumo y los esquemas de descuentos por ahorro de consumo vigentes desde varios años atrás, podemos volver a vivir fuertes cuestionamientos de los usuarios a partir de la recepción de las facturas con las nuevas tarifas. Es probable que esta reducción de los rangos de consumo (se pueden apreciar en los cuadros siguientes) sea la antesala de un proceso de unificación de las categorías de usuarios residenciales, que sería la decisión razonable. Finalizando, resulta altamente positivo que el gobierno nacional haya decidido continuar con el proceso de sinceramiento de tarifas para reducir la sangría de los subsidios estatales -sobre todo en el marco de un año electoral particularmente importante para las aspiraciones políticas del gobierno-, y con la profundización de la actividad regulatoria para restablecer la calidad de los servicios. Lo cuestionable es que el mercado mayorista siga siendo objeto de la intervención estatal. Este mercado debe operar bajo reglas de libre competencia para comenzar a transmitir señales de precios sostenibles a los inversores. La regla del gradualismo y de la tarifa social es adecuada para los mercados minoristas: residenciales, comercios y Pymes. También la categorización de los usuarios residenciales es criticable y se impone volver a la regla original de la unificación tarifaria.