LA CAJA SINDICAL Y LA SALUD PÚBLICA
El Fondo Solidario de Redistribución (FSR) de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) ha venido recibiendo el tratamiento de una caja sindical antes que el de un regulador que vele por la equidad del sistema de salud argentino. Al menos hasta hoy (25/09), cuando el Gobierno y la CGT iniciaron la negociación por el destino de los $ 30 mil millones recaudados desde 2002 hasta el año pasado, en el marco de la implementación de la denominada Cobertura Universal de la Salud (CUS), sancionada por decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por Mauricio Macri en agosto de 2016.}
En este caso, unos $ 8000 millones retenidos a las obras sociales sindicales del FSR, que se financia con el aporte obligatorio que se les retiene mensualmente a los trabajadores de sus salarios, se aplicarán a la apertura de la atención en el sistema público o en las obras sociales sindicales a unas 15 millones de personas que carecen actualmente de servicio médico.
Los fondos irán a un fideicomiso a ser administrado por una Unidad Ejecutora, de la que participan 2 representantes del Ministerio de Salud de Jorge Lemus, 2 de la SSS, hoy a cargo de Sandro Taricco, y 2 de la CGT.
Pasando en limpio la redistribución de la caja que acumuló casi 30.000 millones y el kirchnerismo utilizó como un circuito de reparto discrecional que, de paso, le sirvió como herramienta para disciplinar a los gremios:
>$8.000 millones van al fideicomiso destinado a quienes están fuera de la seguridad social.
>$2704 se pagaron en efectivo a los gremios por deudas retrasadas;
>$ 14.267 millones del remanente irán a los sindicatos pero en bonos del Tesoro 2020, con intereses de pago trimestral, aunque quedan a nombre de la Superintendencia de Seguridad Social.
>$ 4500 millones permanecen aún congelados para un fondo de emergencia ante una catástrofe natural o epidemia.
A partir del replanteo de recursos, viene la parte engorrosa, que es el rediseño de la medicina pública, la social y la privada, con la inclusión de los 15 millones de habitantes que están afuera del circuito.
La Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (CADIME) y el Centro de Investigación de la Fundación Desarrollo Productivo y Tecnológico (DPT) trazaron el año pasado un cuadro de situación, según el cual:
>un 62,8% de la población está cubierta por obras sociales nacionales, obras sociales provinciales (OSP) y PAMI;
>un 32% de los habitantes no cuenta con seguros organizados y depende de los servicios públicos;
>un 13,2% posee seguros privados por prepagas o mutuales, que se superpone con el 8% de la población que proviene de la obra social y posee doble cobertura.
Las obras sociales son la bisagra de la salud, entre la pública y la privada. Si bien los aumentos salariales en las paritarias les incrementaron un 32,9% sus recursos en 2016 y la recaudación de ese año fue de $108.666 millones, frente a los $81.753 millones de 2015, de acuerdo con lo detallado por CADIM, el gran dilema actual es que se le volvió en contra el descuido de las prestaciones que les hizo delegar la cobertura de 5 millones de afiliados a las empresas de medicina prepaga, ya que hasta el 80% de ese padrón compartido son los más jóvenes y con mejores salarios.
No pocas obras sociales hicieron convenios para derivarles directamente sus afiliados a prepagas, como la del Automóvil Club (ACA) con Galeno; Personal de los Organismos de Control Externo (Ospoce), con Swiss Medical, o varios gremios marítimos con OSDE.
La Izquierda Diario lo dice con todas las letras: las empresas recaudadoras pasan años recibiendo aportes del 3 % del salario de trabajadores (alrededor de un 6 % más lo aporta el empleador) que apenas utilizan la obra social generalmente jóvenes de entre 18 y 25 años que, en promedio, a lo sumo usan el servicio dos veces al año.
Agrega que son muchos los trabajadores que se quejan por el mal servicio de salud que le brindan sus obras sociales sindicales y a veces intentan cambiarse, pero a pesar de que la ley 23.660/62 les permitiría optar por una cobertura a elección, son hostigados y amenazados por los delegados con respuestas tales como: “si te pasas de obra social no te vamos a brindar protección sindical”.
Denuncia, finalmente, que brilla por su ausencia la Superintendencia de Salud, organismo estatal que debería velar por el derecho de los trabajadores a recibir el Plan Médico Obligatorio por cualquier obra social, sea sindical o privada.
Brechas tecnológica y federal
José Pedro Bustos y Oscar Cochlar llaman la atención en un artículo publicado en la revista Médicos con la firma de ambos sobre la existencia de una brecha en la aplicación del Programa Médico Obligatorio, que data de 2005; o sea que, hace 12 años, por un lado, hay provincias que carecen de la actualización de equipamiento en salud y otras en sus recursos humanos y, por otro, que la temporalidad de las normas y de la tecnología aumentan la desigualdad.
En los últimos 20 años, explican, se ha generado en consecuencia una integración entre el sistema de la seguridad social nacional (obras sociales nacionales) y el sector de la medicina privada (empresas de medicina prepaga), a través de lo que se ha conocido públicamente como la “desregulación”.
Y, más allá de las valoraciones jurídicas y morales que existan sobre ese fenómeno, en nuestra sociedad ya está “instalado” y más de 4 millones de usuarios de la seguridad social se encuentran cubiertos por el sector privado.
Se cuentan más de 70 prepagas en Buenos Aires (Capital y conurbano), y totalizan unas 3,15 millones de personas las asociadas a 6 compañías de medicina privada que lideran la oferta: OSDE, Swiss Medical, Galeno, Omint y Medicus, que reúnen más del 70%:
>Quienes tienen un empleo remunerado -en blanco- se hallan dentro de la seguridad social nacional o provinciales.
>Quienes tienen recursos para pagar una cobertura privada de salud lo pueden hacer o integrar sus aportes y contribuciones con los servicios de las empresas de medicina prepaga.
“Si podemos distribuir los usuarios en cada uno de esos regímenes, concluimos en que aproximadamente 15 millones de argentinos acceden únicamente a los sistemas públicos, con todo lo que ello implica no sólo desde el punto de vista del servicio, sino también desde la accesibilidad y mecanismos de atención”, sostienen.
De ahí la aparición de la cobertura universal destinada a generar mecanismos de protección de la salud para las poblaciones que, hasta el momento, no tienen una cobertura previamente pactada.
El ex ministro de Salud kirchnerista, Daniel Gollan, opina que "en la Argentina, desde Ramón Carrillo en adelante, tenemos cobertura universal en salud. Esto quiere decir que todos los ciudadanos tienen acceso al sistema de salud, ya sea a través del hospital público o el primer nivel de atención público, a través de las obras sociales sindicales y provinciales, o, en último término, a través del sistema de prepago. Es decir, toda la población cuenta con la universalidad, lo cual no quiere decir que haya equidad en el sistema".
Una de las características que menciona en torno del Fondo Solidario de Redistribución es que se sustenta con el 15% de los aportes para obras sociales de los casi 12 millones de trabajadores registrados del país. Sin embargo, el Gobierno quiere que, de ahora en más, los que tienen obra social o prepaga paguen la atención en el hospital público.
A los sindicatos, les prometió un conducto directo para cobrar los reintegros por dar prestaciones de alta complejidad, que el Estado debe afrontar.
A los 15 millones que no tienen un servicio de salud les darán una credencial, les elaborarán una ficha médica e historia clínica única y recibirán descuentos en medicamentos.
El subinterventor de la ANMAT cree que, detrás del CUS, hay varios engaños. "Esto se ha instrumentado en varios países y lo que genera es que toda la población pasa a tener un límite en la cantidad de prestaciones que va a recibir dentro del hospital", alertó el especialista.
"Quiere decir que van a haber cosas que hoy no pagamos, que están cubiertas por el Programa Médico Obligatorio o que el hospital público no le pone un tope, se comenzarán a pagar", subrayó.
"Se establece una canasta de prestaciones que están cubiertas por un seguro que es muy básico, arriba de lo cual hay que pagar. Un ejemplo: usted va a un hospital y se hace dos radiografías, la canasta básica le cubre 2 por año, luego de la 2da deberá comenzar a pagar", detalló Gollan.
Pero el extitular de la cartera de Salud tiene más motivos para preocuparse: los gastos adicionales. "Es algo que ya están produciendo, es un aumento astronómico del gasto de bolsillo que tienen que sacar los ciudadanos para pagarse el servicio de salud, que antes le cubría la prepaga o que antes le cubría el hospital público. Esto está sucediendo, si uno se dirige a alguna prepaga lo va a notar", manifestó en la entrevista radial.
Para Gollan con la CUS se afecta el "acceso real" a los servicios médicos. "Este sistema de aseguramiento hace que aumente tremendamente la inequidad en el acceso a la salud, porque uno termina accediendo según su capacidad de pago", subrayó, y dio como ejemplo lo que hoy sucede en Colombia, un país donde Cambiemos se referencia para tomar medidas.
"En Colombia tienen un sistema universal de salud, pero es el 2do país del mundo en donde más gente muere por no poder acceder a algo tan delicado como los medicamentos. El 60% de los costos de los tratamientos se hace a través de una medida judicial", remarcó.
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