LA CURVA PREVISIONAL DE NICOLÁS DUJOVNE

Dujovne no es Laffer y su curva la impugnó su Nº2 (Galiani) La curva previsional de Nicolás Dujovne, una remaque de la que popularizara en los '70 el estadounidense Arthur Laffer pero con los impuestos, fue desacreditada hasta por un propio colaborador suyo en el Palacio de Hacienda, Sebastián Galiani, quien demostró que la baja de las cargas salariales no tiene efectos sobre el empleo, ni la inversión, y que sólo consigue trasladar su efecto a los salarios o a la rentabilidad empresaria.  El ministro de Hacienda confunde el afán de empleadores y empleados por evitar pagarle al sistema previsional el 43% de la carga salarial, lo cual lleva a realizar contrataciones precarizadas.  Los sindicalistas advierten que esas medidas lo único que hicieron fue desfinanciar a la Anses y tener que asistirla pasándole una parte del IVA.

En el Brookings Institution, de Washington DC, se exhibe una servilleta que garabateó en los ´70 el economista norteamericano Arthur Laffer durante una cena con el gabinete del presidente Gerarld Ford mientras él intentaba convencer a los asesores que si bajaban los impuestos aumentaría la recaudación fiscal. Dibujó una “U” invertida que se pasó a la posteridad como “la curva de Laffer” y recién en 1981 otra administración, la de Ronald Reagan, la adoptó, tras una profusa publicidad proveniente de las escuelas económicas más ortodoxas. Bajaron los tributos y la recaudación fiscal cayó en lugar de aumentar, pero ese año y en 1984 mientras los tipos impositivos descendieron 9 puntos básicos, la renta creció un 4%. No hubo tal “U” sino una “J” al revés. Curva hacia abajo y telón. El nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quiso matarle el punto a su antecesor despedido, Alfonso Prat-Gay, quien se adjudica la paternidad del blanqueo, y debutó con un teorema propio: bajar las cargas sociales beneficia el empleo formal, a partir de lo cual fogonea, junto al titular de Trabajo, Jorge Triaca, arrancar con un blanqueo previsional. Diagnosticó el flamante ministro que “la carga laboral es alta frente al resto del mundo y eso explica que la Argentina tenga 35% de empleo en negro”. Le llegaron varias réplicas y, sin que nadie le recordara la fallida curva de Laffer, llovieron los cuestionamientos. Víctor Beker, director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano, replicó:“Las empresas de alta productividad no tienen problema en pagar las cargas sociales. Lo tienen las empresas que basan su subsistencia en la evasión”. Sentenció: la baja de las cargas sociales no tiene efectos sobre el empleo formal. Recordó en tal sentido “un estudio de Sebastián Galiani, hoy viceministro de Hacienda, junto con Guillermo Cruces y Susana Kidyba, que analizó la experiencia en los ´90 y concluyó que ‘los cambios en las tasas impositivas sobre la nómina salarial sólo tuvieron un traslado parcial a los salarios, pero ningún efecto significativo sobre el empleo’”. Beker afirma que “el camino del desarrollo pasa por generar una transferencia de recursos de las actividades de baja productividad, basadas en el uso intensivo de trabajo informal y precario, hacia aquellas de alta productividad que caracterizan a la economía moderna, con empleo formalizado y de calidad. Pero la clave para ello radica en producir una inyección de capital que permita expandir la masa laboral empleada en el sector de alta productividad”. Sin embargo, advierte que ese “shock de inversiones por ahora no se avizora”. Según el análisis del director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universid ad de Belgrano, “hay un leve crecimiento en el empleo en blanco y se habría detenido la pérdida de puestos de trabajo en el mercado informal”. Pero admite que “la evolución en 2017 está atada a lo que suceda con el sector de la construcción, uno de los pocos que aún es mano de obra intensivo, particularmente con la obra pública”. Precariedad En las empresas y hasta en el propio Estado como empleador hacen lo indecible para evitar el desembolso de los aportes previsionales e inclusive generalizaron prácticas de precariedad laboral bajo la forma de contratos de locación de servicios con monotributistas que reemplazan la relación de dependencia, aunque las prestaciones y obligaciones sean idénticas. No es menor el costo que se ahorra: las cargas sociales, sumando los aportes personales y las contribuciones patronales, equivalen a aproximadamente el 43% del salario, según el Instituto de Desarrollo Económico y Social Argentino (IDESA) que orienta el economista Jorge Colina. Pone como ejemplo que “un salario de $12.000 paga 17% de aporte personal, 26% de contribución patronal y no es alcanzado por el impuesto a las ganancias, mientras un salario de $36.000 paga 17% de aporte personal, 26% de contribución patronal y 3% de impuesto a las ganancias y finalmente, un salario de $60.000 paga 14% de aporte personal, 26% de contribución patronal y 14% de impuesto a las ganancias”. Sostiene Colina que “las cargas sociales (aportes personales más contribuciones patronales) son más regresivas, ya que inciden con similar intensidad independientemente del nivel de las remuneraciones, y afectan de manera mucho más intensa a los salarios. Que las cargas sociales representen casi la mitad de los salarios mientras que el impuesto a las ganan cias incida de manera marginal tiene asociado impactos muy regresivos sobre la distribución del ingreso”. Por lo tanto, rebate el argumento de que las cargas sociales no sean impuestos sino salario diferido, como sostienen los sindicalistas que priorizan la caja de las obras sociales. La comparación internacional tampoco deja bien parada la posición de los gremios, que advierten sobre los riesgos que tendría una eventual baja en las cargas sociales en cuanto a un posible desfinanciamiento de la seguridad social y que se generaría una suerte de discriminación, con "empleados clase A y otros clase B". Datos de la OECD dan cuenta que un trabajador soltero que gana el salario medio en los países desarrollados tributa de impuesto a las ganancias un promedio de 18% del salario. En paralelo, es acotada la aplicación de cargas sociales donde el promedio de tasa de aportes y contribuciones es de 25% del salario. El caso extremo se da en Dinamarca donde impuesto a las ganancias implica en promedio el 28% del salario y las cargas sociales apenas el 9%. En Argentina se habla del 43%. Héctor Daer, uno de los integrantes del triunvirato de mando de la CGT y diputado nacional del Frente Renovador, que encabeza Sergio Massa, lo rebate:"No se puede llamar ridículo al financiamiento de la seguridad social. Es salario diferido. Financia la salud de los trabajadores y el PAMI.No esquivamos el debate, pero no puede haber diferenciación entre trabajadores", argumentó. También Andrés Rodríguez, jefe de los estatales de UPCN e integrante de la mesa chica de la CGT, refutó que la baja de las cargas sociales sea el camino para combatir la informalidad laboral. Recordó que el menemismo y el kirchnerismo impulsaron beneficios similares para las pymes, y que así y todo no se logró reducir el empleo en negro. "Por ahora, lo que dijo Dujovne es tan abstracto que no se sabe de qué se trata. Se intentó en los ´90 y con el kirchnerismo, y no funcionó. Habría que revisar la policía laboral y sumar más inspectores en las provincias", aconsejó Rodríguez como receta para combatir la informalidad. En los próximos meses, el Gobierno podría anudar un convenio con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para reforzar la inspección. La productividad en la mira Los empresarios, en cambio, aplauden a Dujovne: José Urtubey, director de Celulosa y vocal de la Unión Industrial Argentina (UIA) se manifestó de acuerdo con que “a menor presión tributaria se va a ampliar la base de contribuyentes. Ésa es la mejor forma de combatir la informalidad", agregó. Y afirmó que sería preciso eliminar el impuesto al cheque, premiar las nuevas inversiones y ajustar los balances de las empresas por inflación. Otros empresarios reclaman además un trabajo sobre los ingresos brutos, que el Gobierno debe coordinar con los gobernadores, y la eliminación de impuestos internos. Daniel Novegil, CEO de Ternium, presentó ante el ministro de Producción, Francisco Cabrera, un documento según el cual el costo laboral medido en dólares por hora-hombre mejoró entre 2015 a 2016 gracias a la devaluación de comienzos de año. Sin embargo, ese número es de US$ 16,4 en el país, cuando en Brasil es de US$ 11,5 y en México, de US$ 7,1, siendo Brasil y México países industriales como la Argentina. "Una de las grandes preocupaciones es el tipo de cambio, donde hay una apreciación y el costo laboral", afirmó entonces Novegil, quien sumó un dato sobre el costo argentino que tanto preocupa a los empresarios, en este caso sobre la logística: "Traer piedra caliza de San Juan a Buenos Aires sale US$ 30 la tonelada. Desde Canadá cuesta US$ 13". Dujovne, precisamente, es un crítico de los costos internos del transporte. Es decir, de la logística. Por eso, Pablo Moyano, Nº2 del gremio de los camioneros, ya le salió al cruce. "Si dijo que hay que bajar los costos laborales del transporte, eso no es más que manifestar que la variable de ajuste son los trabajadores", evaluó el hijo de Hugo Moyano. El tributarista César Litvin estimó que "las bajas de impuestos laborales se compensarían parcialmente con la mayor base de imposición que generan los activos que entraron al blanqueo, que pagarán Bienes Personales y Ganancias sobre las rentas". Y dijo que podría alentar inversiones. El flamante titular del Palacio de Hacienda se basó en los datos de una investigación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicada en 2016 para proponer a sindicatos y legisladores una reducción de “la sobretasa de impuestos sobre los salarios vigente que atenta contra la formalidad del empleo”. El documento muestra a la Argentina como el país latinoamericano con las mayores cargas sobre los salarios. El promedio regional es de 21,7% y en el país asciende hasta el 34,6%. Dujovne no se percató antes de presentar como uno de los pilares de la inminente reforma tributaria la efectividad que tiene la reducción de las contribuc iones patronales para combatir la informalidad laboral, que había sido refutada por el flamante secretario de Política Económica, Sebastián Galiani, en un trabajo publicado en 2010 junto con Guillermo Cruces y Susana Kydiba, desarrollado entre 1995 y 2001. Concluyeron que la baja en esos impuestos no tendría impactos significativos sobre el empleo, aunque encontraron incremento menores en los salarios de los trabajadores formales. Durante ese período la informalidad trepó 15 puntos porcentuales para alcanzar al 40%. Desde 1980 sucesivas reducciones de las contribuciones a cargo de los empleadores fueron implementadas con la promesa de que estimularían la inversión y crearían empleo. Sin embargo, estas políticas sólo produjeron un fuerte deterioro financiero del sistema previsional, aducen los detractores de la curva de Dujovne. “Entre 1993 y 2000, el total de cargas socia les a cargo del empleador disminuyó alrededor del 45%. Como resultado de las continuas reducciones de los costos laborales, en un contexto de flexibilización del mercado de trabajo y apertura comercial, generaron crecientes tasas de desempleo y de informalidad. El desfinanciamiento del sistema previsional fue sostenido con recursos tributarios como el IVA”, indicaron.