Un paciente de 30 años pagaba hasta fin de año $ 1.918 por mes en una de las prepagas de medicina privada con mayor cantidad de afiliados en el país, y en enero le tocan $ 115 más, por lo que la cuota se le va a $ 2.033. Hace un año era de $1.337, o sea, $700 menos.
Cuando se trata de familias los valores se multiplican. Ahora, un matrimonio mayor pasar a pagar entre $ 6.300 y $ 9.500 mensuales. En un gran porcentaje de los casos, como no acceden al servicio directamente sino por contratos corporativos o a través de una obra social, el monto final se reduce.
Es que ya rige el 5to. aumento en las prepagas en menos de 12 meses. El último había sido del 9% y se había aplicado en octubre. Antes las cuotas habían variado 5% en julio, 15% en junio y 9% en febrero. Así, teniendo en cuenta el nuevo c ambio, hubo un incremento cada 67 días.
De modo que, desde el 01/01/2017, las cuotas quedarán un 52% más altas en relación al valor que tenían 12 meses atrás.
Los medicamentos, otro rubro clave en el presupuesto que las familias destinan a la salud, se encarecieron en paralelo a las prepagas. Según los últimos datos de la Dirección de Estadística y Censos de la Ciudad, los productos farmacéuticos acumulan 59% interanual.
La inflación pegó duro en todos los reajustes durante el último año, pero en el caso de la medicina prepaga subió bastante más que el promedio en el transporte público (50,5%), los alquileres (37%), las expensas (37,3%) y los seguros (35,6%). Los servicios telefónicos (35%) y las cuotas de los colegios (32,1%) también tuvieron variaciones menores, según el último reporte Índice de Precios de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA).
Sólo en servicios públicos como la energía eléctrica (253,3%), el gas (117,3%) y el agua y las cloacas (282,8%) las boletas tuvieron saltos interanuales mayores.
El costo per cápita del Programa Médico Obligatorio (PMO), sin considerar los gastos de administración, fue estimado en $ 656,81, que en comparación con el de julio de 2015 ($464,75) ha significado un incremento en un año calendario (julio 2015/julio 2016) del 41,32%. Se encuentra, por lo tanto, dentro del promedio de la inflación (IPC) informado por diferentes entidades consultadas.
Para la Dirección de Estadísticas y Censo de la Ciudad de Bs.As., para el mismo período fue del 47,2%. El Informe Price Stats (julio 2015 a julio 2016), elaborado por el semanario inglés The Economist) informó una inflación de 3 4,59 % o sea bastante inferior a la anterior.
Distorsión de los precios relativos
Precisamente, las empresas del sector de la salud destacan que la persistencia de alta inflación sigue generando fuertes distorsiones en los diferentes precios relativos del sector, habiendo algunos que se benefician respecto de otros que quedan más rezagados.
Sus consecuencias se reflejan en los irrelevantes valores actuales de los coseguros, con la excepción de aquellos que se determinan como porcentaje del valor del renglón y que, por lo tanto, se han actualizado con la inflación. El más importante de éstos (representa la casi totalidad del gasto de bolsillo) corresponde al copago por adquisición de medicamentos ambulatorios, en un porcentaje variable según el tipo.
En este análisis del PMO finalizado a fines de julio de 2016, cada beneficiario abona de bolsillo $45,04 por mes, de los cuales $40,48 correspon den a medicamentos ambulatorios (90% del total).
El gasto de bolsillo representa a julio de 2016, el 7% del costo del PMO.
El Programa Médico Obligatorio (PMO), que es el básico de cobertura en todo los planes, aumentó en total 41,3% pero, si se analiza el detalle, las prestaciones especiales (que explican la cuarta parte del costo) registran un alza del 72,1%.
El impacto de la tecnología médica, que se da en todos los rubros de la atención de la salud, lo hace en forma mucho más marcada dentro del conjunto de prestaciones que componen el PMO en las denominadas prestaciones especiales. Este efecto se genera por las características propias de las prestaciones incorporadas: prótesis, implantes y trasplantes, radioterapia, y sobre todo el rubro de medicamentos especiales derivados de los avances de la biotecnología y la terapia génica y también por la incorporación de nuevas coberturas como la cirugà a bariátrica y la fertilización asistida.
El aumento de precios unitarios promedios determinó que las prestaciones especiales hayan pasado de ocupar un 11,3% en el valor del PMO en 2010 al 23,54% actual. Al haber poca información local, debieron hacerse inferencias estadísticas sobre datos de otros países de la región.
También hubo incrementos muy importantes en determinados rubros (sobre todo en medicamentos especiales), mayores tasas de uso en otros (ejemplo en discapacidad) y a la incorporación de nuevas prestaciones de cobertura obligatoria surgidas de Leyes Nacionales, sin asignación de partidas presupuestarias específicas para las mismas.
Los programas preventivos ajustaron 48,5%; las prestaciones ambulatorias, 47,5%, y las prestaciones con internación, 39,6%, rubro éste que fue el que más se ha retrasado este año y también el anterior respecto de los demás y de la inflación estimada. En el PMO 2016 participa en menos del 25% del total.
Año a año se observa un incremento de costos médicos que se origina en diversos factores, la inflación seguramente entre los primeros, pero también otros que no son coyunturales y que se verifican en todos los países, inducidos por la modificación de los perfiles epidemiológicos de la población, con una mayor supervivencia de las personas y una mayor prevalencia de ciertas enfermedades crónicas.
Además,y sobre todo por la incorporación continua de adelantos tecnológicos relacionados con las prestaciones diagnósticas y terapéuticas, en muchos casos de utilización masiva y no siempre incorporados bajo criterios de costo/efectividad.
El PMO comprende una canasta de prestaciones de salud que deben ser cubiertas obligatoriamente por las instituciones de la Seguridad Social, y también por los Seguros Privados a partir de la sanción de la Ley Nº26.682 de Empresas de Medicina Prepaga. También se lo considera como parámetro de cobertura de las obras sociales provinciales y referencia en el sector público, al elaborarse los diferentes programas asistenciales, aunque está lejos de asegurarse aún en los sectores más desprotegidos.
La falta de reportes oficiales qu e determinen periódicamente el valor del PMO hace que los agentes del sector salud deban cubrir obligatoriamente una canasta de prestaciones sin contar con una referencia externa de la variación de su valor.
Las cuentas las hicieron de actualización del gasto necesario para garantizar la cobertura del Programa Médico Obligatorio (Pmo), a julio de 2016, las hicieron Ernesto van der Kooy, Héctor Pezzella, Adolfo Carril, Rubén Ricardo Roldán, Pedro Luzuriaga y Martín Langsam en un artículo publicado en la edición aniversario de la revista Médicos.
El costo del PMO ha seguido una tendencia ascendente, con un incremento sustancial de su tasa de crecimiento anual desde el 2013 a la fecha. Esto significa una aceleración en el incremento de su valores en dichos años.
En nuestro país, el crecimiento del gasto en salud es constantemente mayor que el del PIB per cápita en cas i todos los países. En el caso del PMO, las nuevas tecnologías deberán necesariamente someterse a una evaluación de base científica que examine su eficiencia y efectividad y que, por lo tanto, aseguren su contribución a la mejora de la salud de la población, en términos de cantidad y calidad de vida.
Un elemento importante a observar y modificar es la muchas veces inexplicable variabilidad de la práctica clínica, evidenciada en diferentes frecuencias de uso de diferentes técnicas y procedimientos aún en poblaciones similares en cuanto a sus perfiles epidemiológicos y composición demográfica.
La creación de una Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias podría determinar el valor de las diferentes tecnologías sanitarias presentes y futuras en la mejora de la salud de la población, sobre la base del uso de la evidencia científica y considerando su costo-efectividad. Su función vinculante puede ayudar en la disminución de los costos generados por la alta litigiosidad del sistema.
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