Tarifas atrasadas: 180 días estamos como al comienzo (y es malo)

¿Había o no atraso tarifario? ¿Qué consecuencias tuvo el atraso tarifario? ¿Cómo incrementar la inversión en generación, transporte y distribución de energía si continúa el atraso tarifario? Son preguntas que siguen sin respuestas. "A pesar del contexto inflacionario en el que vivimos, y en el que seguiremos viviendo por los próximos años según las autoridades económicas, las correcciones tarifarias no contienen ningún componente de ajuste monetario, con lo que el estrés al que hemos sido sometidos en este proceso, se deberá repetir a corto plazo dado el efecto licuación que produce la inflación": tan durísima como realista apreciación del autor, Ricardo A. Molina, consultor en temas energéticos. La agenda del corto plazo está controlando la Administración Macri, y eso es malo.

Entre el desacierto político y el intríngulis judicial, 180 días después todo sigue incierto tal como al comienzo.

por RICARDO A. MOLINA La crisis energética argentina ha sido profundamente analizada desde el 2003 en seminarios, congresos, libros y artículos, y esos debates han permitido que surgieran amplias coincidencias entre los especialistas respecto a las mejores soluciones que el país necesita para superarla. La mayor evidencia de esto fue la constitución del grupo de ex Secretarios de Energía, donde confluyen profesionales de distintas orientaciones políticas. Sus consensos alcanzados fueron ampliamente difundidos en medios de comunicación. Esos consensos indican que es indispensable poner en marcha un plan integral que aborde, simultáneamente, los múltiples objetivos a alcanzar: a) restablecer los equilibrios entre los precios y tarifas energéticas con sus respectivos costos económicos y la razonable rentabilidad de las empresas; b) eliminar o reducir sensiblemente el déficit fiscal proveniente de los subsidios a la energía y destruir el círculo vicioso entre necesidades de energía y necesidades de divisas de las arcas públicas; c) atraer inversiones para aumentar la oferta energética en una magnitud anual estimada en 5/7% del PBI y recuperar los estándares de calidad de servicio. Y todo ello, en un ambiente dominado por el rol regulador del Estado, a partir de la recuperación de los marcos regulatorios y los contratos, y donde las reglas conocidas sustituyan las discrecionalidades en las decisiones políticas. Dicho de una manera sencilla, como las tarifas se congelaron en 2002, los costos económicos de producir y distribuir energía fueron cubiertos con subsidios económicos estatales; como los subsidios económicos no tenían financiamiento genuino (el gasto público superior a los ingresos) se financiaron con emisión monetaria, y la emisión monetaria fue elevando la inflación. Y así fue que el costo de la energía que consumimos no la pagamos en el Banco sino en la góndola del supermercado. Como consecuencia de este proceso perverso, las bajas tarifas incentivaron el consumo pero desalentaron las inversiones para sumar más oferta, por lo tanto, para cubrir el faltante recurrimos a las importaciones. Importaciones de petróleo, de gas, de electricidad, de combustibles líquidos, que se pagan con la sangría de las reservas del Banco Central. La escasez energética también la pagamos con los cortes de servicio. Por lo tanto, corregir el desequilibrio tarifario y fiscal era una obligación de cualquier fuerza política que asumiera el gobierno en Diciembre pasado. Mucho se ha discutido sobre cómo se tenía que hacer. Algunos planteaban que un mecanismo de shock era mejor porque se produce un intenso dolor, pero una sola vez y luego comienza más rápido la recuperación. Otros señalaban que la intensidad de la corrección hacia muy intolerable ese dolor y había que avanzar en un proceso gradual. Entre esos 2 extremos surgía el camino intermedio, había temas que debían ser resueltos rápidamente y otros que podían dilatarse en el tiempo con un costo acotado. Restablecer el equilibrio de los mercados mayoristas era imperioso en el muy corto plazo. En los mercados mayoristas confluyen los generadores eléctricos, los productores de gas, los importadores, los grandes consumidores industriales y comerciales. Allí se forman los precios,  es desde donde se transmiten las señales a los potenciales inversores y también hacia donde se canalizan los mayores subsidios económicos. En grandes números, los mercados mayoristas representan el 70% del total. En cambio, en los mercados minoristas: consumidores residenciales, comercios, pymes, estaba la oportunidad de amortiguar los efectos de la corrección tarifaria mediante subsidios a la demanda que podrían ir disminuyendo gradualmente en períodos semestrales por un lapso determinado. El costo fiscal de subsidiar a la demanda es sensiblemente inferior al de subsidiar a la oferta. En línea con esta estrategia se imponía hacer las instrumentaciones legales para regularizar los Entes Reguladores (hoy siguen intervenidos), iniciar efectivamente la renegociación de los contratos con las licenciatarias y concesionarias de energía, dictar las normas legales pertinentes. En el tiempo transcurrido del nuevo gobierno, todo esto ya podría estar solucionado. Lamentablemente, las autoridades energéticas no han tomado en cuenta aquellos consensos y recomendaciones elaboradas en ámbitos académicos y empresariales a lo largo de esta extensa crisis energética. En cambio, el gobierno actual ha exhibido un comportamiento bastante errático en este 1er. semestre. En febrero se dispuso la corrección parcial de las tarifas eléctricas y en abril la de las tarifas de gas natural que tuvieron un efecto más totalizador. En ningún caso, se hicieron correcciones estructurales en las tarifas para solucionar distorsiones acumuladas a lo largo de años y que significaban una disminución en el impacto de bolsillo de los consumidores. Tampoco han sido objeto de revisión las elevadas cargas impositivas que gravan las tarifas en todo el país. Durante este semestre las autoridades nacionales decidieron continuar con los subsidios a la oferta (gas y electricidad) y peor aún, se decidió destinar recursos públicos para la importación de gas de Chile y también se efectuó el anuncio de comprar energía eléctrica provenientes de fuentes renovables a precio fijo, por 20 años, en dólares y utilizando recursos del Estado. Todas estas compras de energía están dirigidas, inicialmente, hacia los mercados mayoristas y por lo tanto, deberían haberse canalizadas directamente hacia los grandes consumidores, liberando a las arcas públicas de este mayor esfuerzo a expensas de la inflación futura. A pesar del contexto inflacionario en el que vivimos, y en el que seguiremos viviendo por los próximos años según las autoridades económicas, las correcciones tarifarias no contienen ningún componente de ajuste monetario, con lo que el estrés al que hemos sido sometidos en este proceso, se deberá repetir a corto plazo dado el efecto licuación que produce la inflación. Otro ejemplo que se puede mencionar es la continuidad del precio sostén al petróleo nacional que explica el elevado precio de los combustibles líquidos en las bocas de expendio, conviviendo con importaciones de petróleo crudo pagadas a bajos precios internacionales sin que su efecto beneficioso haya sido trasladado a los consumidores. Hasta aquí, las autoridades nacionales parecen no haber acertado la solución técnica ni haber efectuado una correcta evaluación política de las decisiones adoptadas. Las protestas por las correcciones tarifarias se están multiplicando en la población y los potenciales inversores están recibiendo muchas señales de incertidumbre respecto al largo plazo del sector energético, con lo cual la verdadera solución se aleja cada día. Las expectativas favorables que generó el nuevo gobierno comienzan a debilitarse y el camino de la normalidad surge como más distante. Es evidente que las cuestiones de corto plazo están dominando una agenda de largo plazo. Pero la suerte no está echada, aún se está a tiempo de corregir las políticas y reencausar el país hacia la senda del desarrollo que todos deseamos y que muchos votamos.