Apuntes de FIEL

La Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas -prestigioso centro de estudios del que fueron, en diferentes etapas, economistas en jefe Enrique Szewach, Guillermo Nielsen, Ricardo López Murphy, Juan Luis Bour y Daniel Artana- fue muy cuestionado por los Kirchner. No puede olvidarse que las entrevistas telefónicas de Marcelo Longobardi a Artana por Radio 10 fueron disparadores del enojo de Cristina Fernández de Kirchner y, entonces, el despido del superstar de Radio Mitre hoy día.

Pero FIEL intenta no ser condescendiente con nadie. Ni siquiera con la Administración Macri, que ha reemplazado a la Dinastía K.

Dice el trabajo que lleva la firma del economista Claudio Scaletta, coordinador del área Economía y Desarrollo Regional del instituto, que en aquel momento (2015) “una consultora ultra neoliberal en cuyas filas no existen simpatizantes de los subsidios”, como señala el documento, que una “abrupta devaluación y el ajuste de ´shock´ impuesto por el gobierno de Cambiemos, sobre todo en el precio de los combustibles y las tarifas de gas y electricidad, podía tener consecuencias contrarias a las buscadas: la devaluación y la fuerte inflación podían provocar una contracción de la economía agravando la situación fiscal que se buscaba solucionar y obligando a nuevas rondas de ajustes del gasto. La recomendación política caía por su propio peso: manejar con muchísimo cuidado la corrección de precios relativos muy sensibles para el funcionamiento de los agregados económicos”.

En la misma dirección, el economista jefe de FIEL, Daniel Artana, recomendaba durante un diálogo con periodistas especializados acerca de la eliminación de los subsidios: “No debería ser que vaya todo a la tarifa contra la gente. Hay espacio para que el gobierno nacional afronte sus problemas, como por ejemplo poner una tarifa social y eventualmente ayudar a las provincias a que también la apliquen para los pobres, pero no para solucionarles el problema de Luz y Fuerza cordobés y santafesino”.

Precisó que “al actual nivel de déficit, el endeudamiento es casi inevitable si se quiere bajar la inflación. Debería hacerse un programa económico consistente, las marchas y contramarchas con tarifas, devaluación, etc, y que vuelva todo a precios, implicaría repetir lo ya hecho. Con las tarifas, el gobierno subió por zona, barrios, en vez de mirar el poder adquisitivo, lo mismo que la devaluación de 2013 que se comió en seis meses, porque en seguida subieron gastos, salarios y demás”. 

Scaletta refresca aquellas advertencias hechas por colegas que están en las antípodas ideológicas suyas, pero están próximas al pensamiento macrista: “Si aumentan las tarifas, aumentan los costos y los precios. Como los combustibles son también insumos de la generación eléctrica y una parte son importados, la devaluación impacta también en los costos de la generación disparando una nueva ronda de aumentos. Y lo que es peor, licuan los efectos presupuestarios positivos de las subas eléctricas, lo que lleva a prever la continuidad de los ajustes de las tarifas de electricidad”, según describe y reproduce la página web VCF.

Un primer camino de análisis ensayado por el economista K puede ser que las subas tarifarias, desde la propia lógica del oficialismo, hubieran sido consideradas uno de los objetivos, compartido incluso por una parte de la actual oposición, ya que los valores tarifarios habían quedado por detrás de la inflación y requerían ser corregidas, pero asimismo, especialmente, para reducir el déficit presupuestario. En otras palabras, que los consumidores paguen lo que antes aportaba el Estado, una acción no exenta de riesgos.

Consejos desoídos

Pero prefiere empezar por lo que podrían considerarse los alertas provenientes “del palo” sobre el impacto que puede causar en la población la decisión de devaluación y "shock tarifario" que aplicó el gobierno de Macri.

Evoca el trabajo sobre el impacto de la quita de subsidios que realizó en 2015 la consultora FIEL, que cuenta entre sus filas con reconocidos especialistas en materia tarifaría, en el que advertía sobre dos problemas centrales que hoy son un hecho:

1) el fuerte impacto inflacionario de la suba de tarifas, y

2) el impacto fiscal negativo que resultaría de combinar el ajuste de tarifas con una fuerte devaluación de la moneda.

Apela a la cita de FIEL para poner en primer plano la cuestión estrictamente técnica sobre problemas graves que ya suceden y que fueron advertidos por economistas que no están precisamente en la vereda de enfrente de la actual administración. Pero no los escucharon. “Muy por el contrario, el oficialismo optó por correcciones violentas sin tener en cuenta los efectos interrelacionados de sus decisiones. La devaluación de la moneda del 40% con la excusa de salir del esquema de las restricciones cambiarias y mejorar la competitividad de la economía fue seguida casi inmediatamente por las correcciones tarifarias hasta puntos que superaron todas las previsiones anteriores al cambio de gobierno”, rememora.

Detalla: “Los números muestran que, a partir del cambio de los precios mayoristas de la electricidad y la mejora en la retribución a la distribución, las tarifas eléctricas se incrementaron violentamente. En la región las subas fueron de entre 160% y 180%”.

Si bien los sectores productivos elevaron algunas quejas, el verdadero problema llegaría con las facturas de gas. El último día de marzo el Ministerio de Energía y Minería, conducido bajo la nueva administración por un hombre del riñón privado sectorial, el ex CEO de la importadora y refinadora Shell, Juan José Aranguren, dispuso el aumento de los precios del gas en boca de pozo y la paralela modificación de los marcos tarifarios de las distribuidoras, dice Scaletta, que pasa revista a lo sucedido en la Patagonia, donde también se eliminó el subsidio zonal, con lo cual el promedio inicialmente saltó al 540%, del que la peor parte la llevaron los comercios e industrias. Para la mayoría de las regiones del país, el promedio de incremento de la factura de gas natural en el segmento residencial había sido del 200%.

Yendo al caso específico, compara que mientras el impacto promedio fue del 700% para el conjunto del país, en la Patagonia alcanzó al 1.250%. “Los patagónicos no necesitan que les expliquen cuál es el peso de la demanda de gas en sus vidas cotidianas”, enfatiza.

Aun cuando identifica la estrategia de shock como una de las características centrales de la política económica del nuevo gobierno, lo cual materializó primero con la devaluación de la moneda, luego con la suba de las tasas de interés y finalmente con la suba indiscriminada de las tarifas de los servicios públicos, con extremo en el gas patagónico, remarca que “contra su propio discurso, las razones de los aumentos del gas no fueron las necesidades presupuestarias, sino que, fiel al credo que representa el nuevo ministro, se priorizó la recomposición de las ganancias petroleras”.

Señala como el camino principal “la más que duplicación del precio del gas en boca de pozo, una medida que necesita contextualizarse: la política energética de la pasada década presentó distintas etapas, pero entre el control estatal de tiempos de la vieja YPF y el mercado desregulado que tuvo como hito la venta de la empresa estatal al capital español, puede definírsela como un ´modelo mixto´”.

Explicaciones

Con el justificativo de incentivar la inversión, el modelo significó básicamente separar los precios internos de los internacionales con el triple objetivo para los subsidios:

> redistribuir la renta petrolera en tiempos de precios muy elevados (con el barril de crudo que llegó a superar holgadamente los US$ 100 y con un pico de burbuja de 146 para el WTI en 2008),

> mejorar la competitividad interna del conjunto de la actividad económica vía menores costos de los insumos energéticos a través de las tarifas comerciales e industriales y

> complementar el ingreso real de los asalariados vía tarifas residenciales.

Interpreta que existieron motivaciones políticas e ideológicas explícitas para que el Poder Ejecutivo nacional aplicara el shock. La primera razón que encuentra se basa en la preferencia por aplicar las medidas más antipáticas rápido para cosechar los presuntos beneficios cuando llegue el momento de volver a votar en 2017. La segunda invocada sería la creencia de que cuanto antes “se corrijan los precios relativos”, también antes llegará la reactivación, siempre presunta.

Los efectos económicos en materia de inflación e imposibilidad tácita de corrección del déficit plantean la duda de si no existía la posibilidad de hacer las cosas de otra manera.

Explica ya desde un punto de vista kirhnerista que en su momento los subsidios a las tarifas de los servicios públicos y a los combustibles habían sido aplicados para cumplir funciones múltiples: “La primera fue establecer un mecanismo de redistribución de la renta petrolera, la segunda mejorar la competitividad de las empresas de todos los tamaños en tanto los servicios y el combustible son parte de su estructura de costos, y la tercera aportar un ingreso extra salarial para liberar recursos hacia el consumo”.

Y destaca que la perspectiva que considera a estas transferencias como un problema estrictamente fiscal y no de política económica opta por dejar de lado su efecto multiplicador sobre el consumo y los costos y, por lo tanto, sobre el nivel de la actividad económica.

“Algunos sectores, como el agropecuario, descubrieron tardíamente cómo los nuevos costos emergentes de la eliminación de los subsidios restaron buena parte de las transferencias recibidas por otras ventanillas, como las mejoras arancelarias y cambiarias. Sin embargo, este no fue el caso del conjunto de la población, que no recibió transferencias a favor, pero sí los incrementos tarifarios desmedidos”, pone de relieve Scaletta.